Según una investigación de la revista Buzos de la Noticia, basada en datos de Mitofsky, el 53.4 % de la población considera que la inseguridad es su principal preocupación. Sin embargo, uno de cada cuatro encuestados cree que este problema empeorará en el próximo sexenio. Con estos datos poco alentadores, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a sus primeros 100 días.
El problema de la inseguridad se agravó terriblemente con López Obrador: en promedio se registraron hasta 90 homicidios al día y durante 2024 fue la principal causa de muerte de personas de entre 25 y 44 años.
El problema de la inseguridad se agravó terriblemente durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sólo por referirnos a un delito: en promedio, se registraron hasta 90 homicidios diarios, y en 2024, según el Inegi, el homicidio fue la principal causa de muerte entre las personas de 25 a 44 años.
No se trata sólo de eventos aislados. Aumentaron los asesinatos en masa y las masacres que en su momento fueron minimizadas por el expresidente López Obrador. Según la organización Causa en Común, del 1 de enero al 30 de noviembre de 2024 ocurrieron al menos 400 masacres, es decir, entre 36 y 37 cada mes, una cada 20 horas. Una verdadera locura.
Asimismo, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública del Inegi reportó que hasta el 37 % de la población en grandes ciudades ha presenciado “situaciones con disparos frecuentes con armas”, mientras que el 47 % presenció o escuchó sobre robos o asaltos en los alrededores de su vivienda.
Estos datos justifican el creciente temor entre los mexicanos a ser víctimas de un delito. Además, la inseguridad ha golpeado la economía, impidiendo la creación de más empleos y aumentando la pobreza en muchas comunidades.
Tan solo en 2021, el 24.6 % de todas las unidades económicas del país —empresas grandes, medianas y pequeñas— fueron víctimas de algún delito, lo que llevó a muchas a cerrar, detener inversiones o reducir horarios de operación. La extorsión fue el delito de mayor incidencia, afectando especialmente a medianas y pequeñas empresas con el cobro de piso.
Lo más preocupante es que no se vislumbra una solución clara en este “segundo piso” de la llamada transformación. La presidenta Sheinbaum ha dicho que los resultados no serán inmediatos, pero que “se van a notar”.
Quizá tenga razón en que un problema de esta magnitud no se resuelve de un día para otro, pero la cuestión sigue siendo cómo lograr avances reales.
La estrategia “Construyendo la paz” se basa en cuatro ejes:
1. Atención a las causas.
2. Consolidación de la Guardia Nacional.
3. Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación.
4. Coordinación entre la Federación y los gobiernos estatales.
A primera vista, parece bienintencionada, pero no difiere mucho de la estrategia del sexenio pasado, cuyos resultados fueron pobres. Un primer error es entender la “atención a las causas” solo como un combate contra la pobreza mediante programas sociales, dejando de lado aspectos clave como la generación de empleos, el fortalecimiento del sistema educativo, una política de vivienda que evite cinturones de miseria y una mayor inversión en cultura y deporte.
Los otros tres ejes refuerzan el Estado policiaco-militar del sexenio anterior, pero sin un combate efectivo a la criminalidad, ya que excluyen el papel de las fiscalías estatales y federal, debilitan los poderes judiciales al colocar jueces improvisados y no contemplan una política de reinserción social efectiva.
El aumento del poder de la Guardia Nacional y sus facultades de inteligencia pueden derivar en más abusos de autoridad o en el uso de estos instrumentos para reprimir protestas. Es probable que se cumplan los pronósticos de quienes temen que la situación empeore.
En Veracruz, la inseguridad sigue en aumento, con la entidad ocupando los primeros lugares en homicidios, feminicidios, extorsión, asaltos, secuestros, abuso sexual y narcomenudeo. Es necesario diseñar una estrategia que no se limite al reforzamiento del Estado policial ni reduzca el combate a las causas sociales a la simple entrega de tarjetas.
También es crucial que no queden impunes los funcionarios del gobierno de Veracruz involucrados en actividades delictivas.
Un ejemplo reciente es el desmantelamiento de sistemas de videovigilancia en ciudades como Coatzacoalcos, Poza Rica y Córdoba. Es evidente que operaban con la complicidad de autoridades, y sería una buena señal que se esclarezca quiénes fueron los beneficiarios y se garantice que no habrá impunidad.
Quisiera agregar una reflexión adicional. A nivel nacional y en Veracruz, la violencia tiene una fuerte relación con el crimen organizado. Esto ha llevado a algunos a considerar que Estados Unidos debería intervenir, declarando a los cárteles como organizaciones terroristas.
Sin embargo, esta es una salida falsa y peligrosa. La historia muestra que el ejército estadounidense no entra a otros países para combatir criminales, sino con fines geopolíticos. Además, en su propio país no han logrado controlar ni el consumo de drogas ni su distribución.
El combate a la inseguridad sólo está en manos de los mexicanos. Subordinarnos a las estrategias de Estados Unidos sería un error grave, pues su lucha contra el terrorismo ha sido ineficaz. Se necesita un combate real de las causas sociales del crimen, un sistema judicial eficiente y una verdadera independencia económica y política para exigirles que hagan su parte en frenar el consumo y tráfico de drogas en su territorio. Nada de esto se vislumbra en el futuro inmediato.
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