La desatención del problema del agua en Querétaro, crece día con día, y el número de queretanos serranos sin agua es cada vez mayor sin que los gobiernos municipal, estatal y federal hagan algo por resolverlo y sí mucho por agravarlo, convirtiéndolo en un verdadero problema público que ha obligado a las comunidades a escalar la denuncia públicamente plantándose en las afueras del Palacio de Gobierno estatal. Agregar pandemia.
El artículo 4 de la Constitución Política mexicana, que a la letra dice: “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”. Pero en Querétaro ocurre totalmente lo contrario, son las comunidades las que garantizan su abasto en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible forzándolas a quedar sin ella.
Hace 15 años se les arrebató a las comunidades el agua de sus manantiales para surtir a la zona metropolita de la capital del estado a través de túnel Acueducto II y desde entonces se les niega este derecho humano a más de 4 mil queretanos. Hace 15 años que su ojo de agua con el que podían mantenerse vivos, regar sus cultivos, tomar agua, bañarse, lavarse las manos, asear el hogar, lavar los alimentos y dar de beber a los animales, les fue entubada con la falsa promesa de que no sólo se dotaría de agua a la capital, sino que ellos seguirían contando con ella, pero ya no tendrían que acarrearla, les llegaría hasta sus hogares a través de una tubería naciente del Acueducto II. La buena idea en eso quedó, y hoy sólo ven pasar su agua por el túnel que atraviesa seis municipios (San Joaquín, Cadereyta de Montes, Colón, El Marqués y Querétaro). Hace 15 años el riesgo de morir por enfermedades derivadas de la escasa higiene crece y mata de inanición lenta a estas más de cuatro mil familias que tienen que guardar su agua en botellas de refresco galones, garrafones y acarrearla a través de caminos de terracería, agrestes y sin pavimentar, en burros, en hombros o en carretilla, por los caminos de la inhóspita sierra y debajo del inclemente sol. Todos los días la sierra presencia un desfile de campesinos acarreando el agua que antes tenía al alcance de su mano.
El problema parecía reducirse a nueve comunidades de Cadereyta de Montes, Querétaro y a unas cuantas de San Joaquín que conforman la delegación municipal de Maconí, pero hoy ya se han unido más de 800 familias de 30 comunidades afectadas y juntas han comenzado a derribar las barreras del miedo que impone enfrentarse a un enemigo poderoso como es el Estado para protestar y defenderse de las agresiones de las propias autoridades encargadas de garantizarles este derecho humano, pues los tres niveles de Gobierno y la Comisión estatal de Aguas (CEA) no han hecho otra que negárselas y adoptado la política anticonstitucional del presidente Andrés López Obrador no tratar con organizaciones ni agrupaciones civiles y prometer trato atención individual, diluyendo cualquier posibilidad de presión y defensa colectiva.
El actual presidente de Cadereyta de Montes, de extracción panista, Miguel Martínez Peñaloza, prometió desde el día uno de su campaña rumbo a la alcaldía: “Habrá agua potable, las 24 horas, los 7 días de la semana”. Ya es 2022 y sólo ha convocado a otros damnificados del agua no organizados, prometió resolver el problema en beneficio de todos, pero ni a ellos ni a nadie le ha resuelto. Mientras tanto, el número de comunidades con desabasto de agua siguen sumándose. Por su parte, el actual vocal de la CEA, Luis Alberto Vega, quien ha formado parte de las comisiones negociadoras desde 2017 (aun cuando no se había convertido en vocal) y presenciado la firma de los acuerdos entre la CEA y los campesinos queretanos, vuelve a desconocer las promesas rubricadas y asegura que “no existe dinero que alcance para realización de los proyectos”; es decir, la inversión estatal fue suficiente como para bajar el agua miles de kilómetros para los capitalinos, pero no tiene recursos para garantizarla a los campesinos pobres.
Al día de hoy, exactamente hace 15 años, cinco gobernadores han sido testigos de este problema, 10 presidentes municipales han ocupado el cargo (de Cadereyta y San Joaquín), se invirtieron miles de metros en la construcción del Acueducto II, aconteció una pandemia mundial que hacía imprescindible el agua, y ninguna autoridad ha hecho algo por resolverlo. Recientemente el gobernador, Mauricio Kuri, anunció que el actual vocal de la CEA autorizó la construcción del Acueducto III para seguir dotando de agua a la capital. Y se escuchan rumores de que el Congreso local ya cocina una reforma a la Ley de Aguas estatales que pretende privatizar este servicio en detrimento de todos los queretanos, pero, principalmente, en detrimento de los más pobres y vulnerables del estado. A violentados queretanos de su derecho humano más elemental, no les queda de otra que seguir organizándose y protestar hasta que su demanda sea resuelta, o seguir unidos, para que en las próximas elecciones alguien de ellos se proponga para gobernar para todos en pro de Cadereyta y San Joaquín y entre todos impidan que Miguel Martínez Peñaloza vuelva a reelegirse y él y los panistas sigan privatizando Querétaro y matando de sed a los queretanos más pobres refundidos en la sierra.
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