La política neoliberal aplicada al campo inició en los años noventa y consistió en dejar a su suerte a los campesinos mexicanos, afianzar la penetración del capital para acelerar el acaparamiento de las mejores tierras y el desplazamiento de la población rural a los centros urbanos.
Depender de Estados Unidos para satisfacer las necesidades alimentarias de los mexicanos nos coloca en una situación muy peligrosa.
Pero la industrialización no creció al ritmo deseado, las ciudades se llenaron de desocupados que engrosaron las filas del trabajo informal y cientos de miles de mexicanos se vieron forzados a cruzar la frontera norte para buscar el trabajo que su patria no les pudo brindar.
En el número 1 mil 169 de la revista Buzos de la Noticia, se dice textualmente: “Desde los años noventa, se empieza una desarticulación de la estructura pública agrícola. Se eliminaron los seguros, los préstamos y créditos al campo; se canceló la compra de productos agrícolas que se distribuían en las tiendas de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (más conocida como Conasupo).
Luego, en el año 2000, vino el cierre de la Productora Nacional de Semillas, la paraestatal encargada de concentrar y resguardar las semillas originales, entre ellas las de maíz y frijol”.
Además, desapareció el crédito rural, los proyectos para adquirir maquinaria e implementos agrícolas, así como el seguro agrícola y los apoyos para compra de semillas y fertilizantes.
Muchos productores hoy son presas de la delincuencia, que los obliga a pagar una cuota por la comercialización de sus productos, sin que las autoridades de todos los niveles les tiendan la mano, lo que ha ocasionado el abandono de sus tierras.
Pero la política neoliberal de desmantelar las instituciones de apoyo al campo continuó con el gobierno de AMLO. El pasado 25 de abril de 2023, la Cámara de Diputados, con la mayoría de Morena, aprobó la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, sepultando con ello la única institución que financiaba a los agricultores.
Sin embargo, los neoliberales de Morena, acostumbrados a mentir, lanzan su nueva consigna: “garantizar la soberanía alimentaria”, que ha sido un rotundo fracaso. Sus recortes al presupuesto agropecuario y la desaparición de programas para elevar la producción de granos básicos han tenido el efecto contrario: una mayor dependencia de Estados Unidos.
“Somos dependientes del maíz amarillo estadounidense que consume el ganado. En Estados Unidos existen subsidios, venden más barato, contra lo que productores nacionales no pueden competir. Hay un desinterés en el gobierno por la producción”.
En 2024, México importó de Estados Unidos una cifra récord de maíz amarillo. Los datos hasta noviembre sumaron 21.8 millones de toneladas. En 2023 se importaron 19.6 millones de toneladas, un incremento del 11.22 %.
Depender de Estados Unidos para satisfacer las necesidades alimentarias de los mexicanos nos coloca en una situación muy peligrosa. Simplemente con detener el suministro de maíz amarillo estadounidense, las consecuencias serían peores que una invasión armada.
En el libro Historia general de México, del Colegio de México, se dice sobre el origen del cultivo del maíz en el México antiguo (en el periodo conocido como Horizonte Protoneolítico, del año 7 mil a 4 mil 500 antes de nuestra era):
“El tránsito de la recolección al cultivo… fue un acontecimiento único. Aprender a producir lo que se va a comer ha sido llamado la Revolución Neolítica y marca uno de los momentos fundamentales de la historia humana”.
En México existen 64 razas de maíz; de estas, 59 son nativas y se dividen en siete grupos porque sus procesos evolutivos se han dado en zonas ecológicas y climáticas distintas. En América Latina se han identificado 220 variedades de maíz.
La historia del cultivo de esta planta inició en México y, después de miles de años de cultivarla para la alimentación de muchas generaciones, hoy, con las políticas erradas de los gobiernos anteriores y morenistas, no somos capaces de producir este producto básico que nos daría una verdadera soberanía alimentaria y, por lo tanto, una verdadera soberanía nacional.
En Durango, desde el pasado noviembre, Segalmex, institución federal que prometió a los campesinos un pago justo por sus cosechas, tiene un adeudo de más de 190 millones de pesos con más de 1 mil 100 productores de frijol y maíz. Este retraso en el pago, que lleva más de 85 días, ha generado una crisis en el sector agrícola, ya que los campesinos, además de enfrentar problemas climáticos, han adquirido créditos que ahora acumulan intereses debido a la falta de este pago.
Gerardo Noriega Altamirano, investigador del Departamento de Agronomía de la Universidad Autónoma Chapingo, dijo a la revista Buzos:
“Es urgente hacer algo por el sector social de los campesinos marginados. Pero ahora es momento de reflexionar y repensar una política agrícola integral, porque no podemos seguir dependiendo del exterior para alimentar a la población mexicana. El problema de la alimentación debe ser un asunto de seguridad nacional”.
Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus amenazas contra nuestro país, nos encontramos en una posición muy vulnerable.
¿Lo entenderá el gobierno del segundo piso de la cuarta transformación?
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