En el ámbito oficial, el construir viviendas sin todos los requisitos, permisos y pagos que exigen las autoridades burguesas, es considerado un delito que se castiga con cárcel y multas en dinero.
Sin embargo, las compañías constructoras capitalistas, las que lucran con la necesidad de las familias de tener un techo donde albergar a sus niños, realizan fácilmente todo tipo de trámites y requisitos con una mágica untada de manos a los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir las leyes y reglamentos en la materia. Y conste que en este aspecto no discrimino a ningún partido, todos son iguales, buscan el poder para enriquecerse (PRI, PAN, PRD, Verde, PT, Morena, etc).
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