Los foros parlamentarios abiertos, en donde se discute la propuesta de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, corren el riesgo de asfixiarse en una diatriba de consignas generales. Por un lado, los defensores de la reforma responden a toda crítica con reivindicaciones al papel del Estado en la economía, la defensa de los recursos nacionales y la lucha contra la corrupción; la oposición, con apologías al libre mercado, la empresa privada y las energías limpias. Como resumiera Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, al finalizar el primer foro en San Lázaro, la cuestión es “si más mercado libre con empresas privadas o intervención del Estado que regule y modere”.
Que parte del debate gire en torno a la disyuntiva entre mercado y Estado es responsabilidad del propio presidente. Al dirigirse a las distintas fracciones parlamentarias ha dicho: “cada quien tiene que asumir su postura y es momento de una definición, …, si estamos porque se conserven como empresas públicas Pemex y la Comisión Federal de Electricidad o queremos desaparecerlas, como se ha intentado en todo lo que fue el periodo neoliberal, para que el mercado de las gasolinas, de la energía eléctrica, quede en manos de particulares, de empresas, sobre todo extranjeras.” Sostener el debate en este nivel blinda a la propuesta de cambios necesarios para garantizar que el sistema eléctrico nacional sea más eficiente, productivo, barato y que promueva la transición energética, pues la crítica se desvirtúa con los adjetivos “saqueadores”, “corruptos”, “antinacionalistas”, etc.
El dilema Estado o mercado tiene tiempo que ha sido superado por la práctica. Existen en el mundo empresas estatales exitosas que han sabido aprovechar las ventajas de la inversión privada y el mercado. Si bien es cierto que la propuesta no lleva al extremo la disyuntiva planteada, sí concede espacio a la inversión privada, lo cierto es que sí la daña sin provecho para el país. La oposición ha puesto sobre la mesa problemas reales que la reforma no considera o simplemente no resuelve, por ejemplo, la ausencia de un plan financiero en el que se sustente la modernización del sistema eléctrico nacional y la transición a las energías limpias a la que se compromete el gobierno federal. Sin los recursos necesarios, estos compromisos son letra muerta, compromisos adquiridos con la intención de no cumplirlos.
Los cambios en la estructura organizativa de la CFE no garantizan que ésta sea en adelante rentable y productiva. Un cambio tecnológico es necesario, e implementarlo requiere de mucha inversión, y en este reto la participación privada puede jugar un papel importante sin que el Estado por ello se debilite. Eso sí, es indispensable que las reglas sean claras.
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