La mayoría de mexicanos coincide en que gran parte de la popularidad de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el éxito electoral de Morena se explican por los programas de transferencias monetarias directas (TMD), que en este sexenio reciben los nombres de becas o pensiones del bienestar. Pero, mientras los adeptos a la 4T las conciben como prueba irrefutable de que la consigna “primero los pobres” se convirtió en hechos, los opositores argumentan que, por su diseño e implementación opacos y discrecionales, las TMD de AMLO son el núcleo de un sistema de control político-electoral que supera con creces el desarrollado hasta entonces por el PRI y el PAN. Independientemente de esto, un elemento clave a tener en cuenta es que, muy pronto, el gobierno de AMLO llegó al final del callejón de posibilidades que ofrecen las transferencias monetarias para aliviar la pobreza; es decir, alcanzaron su límite superior y, por lo tanto, en estas condiciones, son incapaces de aumentar el nivel de vida de los mexicanos, y los beneficiarios de estos programas deben entender porqué.
En primer lugar, es importante entender la lógica de las TMD. En abstracto y apegándonos estrictamente a las definiciones estándar de pobreza, las TMD sí pueden sacar a gente de la pobreza extrema y pobreza por ingresos. Para ilustrar esto, tomemos a una familia mexicana hipotética de cuatro miembros que vive en una zona urbana, perteneciente al tercer decil más pobre por ingreso de la población, con un ingreso mensual de $7,000. Asumamos que este es el ingreso sin contar las transferencias monetarias del gobierno. De acuerdo con el Coneval, la línea de pobreza extrema mensual por persona es de $2,011.99, lo que implica que esta familia de cuatro miembros necesitaría un ingreso mensual de $8,047.96 para poder comprar en su totalidad la canasta alimentaria (suponiendo que no gastan en nada más). Si este hogar se vuelve beneficiario de las becas y pensiones del Bienestar, suponiendo -generosamente- una beca de $2,000 mensuales, su ingreso ahora sería de $9,000 y, por lo tanto, dejaría de estar en pobreza extrema: las estadísticas oficiales lo notarían y el gobierno podría presumirlo en sus informes (por eso estas medidas son tan populares entre los gobiernos de muy variados signos ideológicos).
Ahora bien, esta familia está, por definición, mejor con la transferencia de $2,000 que sin ella. Pero, ¿qué tanto? ¿Puede sentirse satisfecha con su nueva situación? Para aproximarnos a esta respuesta, pasemos ahora a la pobreza por ingresos que, a diferencia de la pobreza extrema, considera si el hogar puede comprar otros bienes y servicios además de los alimentos. Estar por encima de este umbral implicaría que, con sus ingresos, la familia puede adquirir una canasta básica completa y, por lo tanto, que tiene un nivel de vida relativamente aceptable. El mes pasado, el umbral mensual por persona era de $4,065, lo que implica que el ingreso de esta familia debería ser superior a $16,260 para dejar de ser pobres por ingresos. En ese caso, la transferencia monetaria del Gobierno federal debería ser de $9,260.00; es decir $7,260 superior a la actual. Cuando esta diferencia se multiplica por el número de familias en situación similar, peor o mejor, se llega a la conclusión de que la cantidad de dinero necesaria para mejorar, en serio, solo por medio de becas y pensiones, el nivel de vida de los mexicanos, está fuera del alcance del Gobierno actual.
Pero la siguiente pregunta es: ¿puede el gobierno conseguir esos recursos de alguna forma? Sí, pero esto necesitaría, o bien mayor crecimiento económico, que traería como resultado una mayor recaudación de impuestos, o una reforma fiscal encaminada al mismo objetivo, que tendría como condición, casi necesaria, cobrar más a las grandes fortunas del país. Con respecto a lo primero, México ha estado en estancamiento o recesión desde iniciado el gobierno actual, por su política económica errática, el entorno internacional desfavorable, y su continuidad neoliberal. La política fiscal ha estado descartada desde el inicio por AMLO, anulando, de paso, todo el potencial redistributivo de las TMD.
Así, el principal problema con la política social de transferencias monetarias no es que sea totalmente inútil para mejorar el nivel de vida de las masas, sino que es absolutamente insuficiente y que, en las condiciones actuales, ha agotado todas sus posibilidades de seguir contribuyendo al primer objetivo. La pregunta a las masas populares de México no es si quieren o no los programas del bienestar, sino si están satisfechos con su situación actual, dado que la misma, de no hacerse las cosas diferentes, no puede mejorar. Si la respuesta es negativa, entonces el camino se vuelve más claro: el pueblo debe organizarse y luchar por cambiar el modelo económico por uno que genere crecimiento y distribuya sus frutos entre todos los mexicanos.
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