Trascendió en días pasados que existe una fuerte disputa pública entre el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto.Dicho diferendo no es nuevo: desde inicios de este año sucedió el primer encontronazo y está claro que el problema no se dirimirá con amor y paz, como dice el presidente de manera por demás ridícula.El problema se reduce a lo siguiente: Santiago Nieto se queja de que él documenta delitos financieros ya sea por corrupción pública, empresarial o crimen organizado y luego la Fiscalía General de la República (FGR), no procesa esas denuncias ni inicia las carpetas de investigación.Por su parte Gertz Manero se queja de que las denuncias de la UIF están mal integradas y no presentan los elementos suficientes para abrir una investigación judicial.Este último también acusa a la UIF de no respetar la presunción de inocencia que, recordando al amable lector, consiste en que la ley considera al acusado inocente hasta que no se demuestre lo contrario.El 27 de mayo el encontronazo se dio por la Universidad Autónoma de Hidalgo y sus 157 mdd que la FGR no pudo asegurar a pesar de las denuncias de "lavado de dinero" y el congelamiento de cuentas que ordenó la UIF.Ante la queja de que la FGR nunca procedió al aseguramiento, la respuesta fue contundente: "Que no mientan, el caso lo tiró por unanimidad un Tribunal Federal por las mentiras de la UIF, chequen la sentencia".Y apenas la semana pasada el fiscal acusó a Santiago Nieto de realizar funciones que no están en su competencia ni facultad para llevar a cabo funciones de autoridad como congelar cuentas bancarias y de estar más preocupado por dar show mediático que por dar resultados.
En esta disputa y salvo su mejor opinión paciente lector, creo que la FGR se ajusta a la legalidad constitucional y la UIF, en cambio, está haciendo las funciones de brazo represor "jurídico" del gobierno de la 4T.En enero del 2019, los antorchistas fuimos acusados por la UIF de huachicoleros sin prueba alguna y solo mediáticamente, nunca en tribunales.También hemos sido acusados por el mismísimo presidente, desde los primeros eventos de su administración, de habernos quedado con "moches" de los apoyos asistencialista que recibió la población en las administraciones pasadas.La UIF no ha podido documentar, hasta la fecha, y como bien lo dice Gertz Manero, de manera satisfactoria una denuncia en forma para que proceda a investigarse de manera judicial, ha quedado en puro ataque mediático.
Pues bien, la semana pasada, nos enteramos que tres compañeros poblanos (entre ellos la dirigente Rosario Sánchez Hernández) habían sido acusados de robo agravado y probablemente de otros más que por el momento ignoramos y que, sin respetar la presunción de inocencia, se habían girado órdenes de aprehensión en contra de ellos.El incidente que provocó esta nueva violación del Derecho consistió en lo siguiente: es de todo mundo conocido el manejo clientelar y discriminatorio de los programas de gobierno, pues sucedió que en alguna de las colonias del norte de la capital tuvo lugar uno de los repartos provocadores, ocasionando que la gente se aglomerara en torno al camión repartidor en demanda de que el reparto "fuera parejo".La compañera Rosario llegó poco después al ser llamada por algunos antorchistas que se encontraban entre los inconformes y, al tiempo que ponía orden, encaró con decisión a los repartidores exigiéndoles que dieran despensa a todos hasta agotar existencias.Ella nunca puso la mano sobre ninguna despensa, ni se introdujo en el vehículo repartidor para usurpar las funciones de los empleados de Barbosa.Por lo cual, cualquiera puede concluir que el delito de robo no se configura, puesto que no hay materia.No hubo cuerpo del delito.
En fin, al gobernador de Puebla le debería de dar vergüenza acusar a un ciudadano humilde del delito de robar por hambre, que es a la situación que ha conducido el mal manejo de la pandemia por parte del gobierno de López Obrador.Su prepotencia le impide ver que la injusta persecución de una luchadora social, solo puede traer como consecuencia incrementar aún más la inconformidad y el odio de los más pobres ante la injusticia.Decía Marco Tulio Cicerón: cuando las sociedades permiten, por alguna razón, que gobiernen los hombres y no las leyes, estamos expuestos a que un gobierno si se halla decidido a difamar, destruir y asesinar a un héroe, lo pueda hacer con toda impunidad.En nuestro caso, esa razón fue el engaño mayúsculo de la 4T al no cumplir con nada de lo que le prometió al pueblo de México.Pero lo antorchistas impediremos que se nos difame impunemente.
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