Ser periodista en México resulta peligroso y es que en lo que va del 2022 van al menos siete periodistas asesinados en nuestro país hasta inicios del presente mes, y es que de parte del Gobierno Federal no se ha visto realmente que haya una reacción sobre estos hechos, al contrario han sido más sonados los casos en los que el propio gobierno ha entrado en franca discusión por algunos señalamientos hechos por algunos periodistas renombrados en México, la actitud que ha tomado incluso el gabinete no abona para que este gremio le crea y haya una relación más cordial con el propio gobierno.
Y es que, decir la verdad es peligroso en esta carrera y sufren las consecuencias cuando es una noticia escandalosa y aunque se hagan denuncias sobre las amenazas que sufren, la figura de la protección ya ha sido rebasada, aunado a esta, no hay recursos suficientes y quienes evalúan el riesgo que corren los reporteros no tienen la capacitación adecuada por eso se ven obligados a refugiarse lejos de sus residencias y a dejar de hacer su labor Además, lo que tarda para que la protección se haga efectiva son de tres o cuatro meses, según la organización Artículo 19 (organización fundada en 1987 de ámbito internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información). En México hay más o menos 700 periodistas bajo la figura de protección, que pueden obtener de las autoridades estatales o de las federales. Pero, por otro lado, sólo en la Baja California se presentan unas 33 agresiones de promedio al año.
Desde 2012 comenzó a operar el mecanismo de protección federal, que tiene una junta de Gobierno en la que participan la Secretaría de Exteriores, la de Gobernación, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entre periodistas y defensores de derechos humanos, dan protección a unas 1.300 personas. Se desconocen las cifras exactas de las personas que están bajo la tutela de los estados. “No solo se necesita dinero, o refugios, chalecos antibalas o carros blindados. Lo que se precisa es que se investigue y se detenga a los agresores, porque de lo contrario lo único que se consigue es que se desplace a los periodistas y se silencie su trabajo, que es lo que persiguen los criminales”, dice la coordinadora de Prevención de Artículo 19, Itzia Miravete.
A decir de los expertos el problema de lo que un periodista publica, es de dónde o cómo obtiene la información para darla conocer. Porque los agresores son en su mayoría funcionarios públicos. En 2020, siempre según los datos recabados por Artículo 19, de 692 agresores documentados, 343 eran funcionarios públicos y de ellos, en 188 casos se trataba de presidentes municipales, regidores, diputados o personal de comunicación social; 144 eran policías de cualquier nivel y 11 militares de los distintos cuerpos. Y si a esto le agregamos como ocurre como cualquier programa de protección, los periodistas y reporteros no se atreven a denunciar porque corren el riesgo de ser asesinados incluida su familia; por ellos una tercera parte de reporteros y periodistas según datos de la organización arriba mencionada abandonan el país y no se atreven a regresar porque, aunque cambie un gobierno el peligro existe porque los agresores siguen libres.
Por ello es importante señalar no sólo la postura del Gobierno Federal que por cierto deja mucho que desear con sus desaguisados con algunos periodistas, recalcando su frase “están con nosotros o contra nosotros” creyendo que su gobierno es infalible, que todo lo que ha hecho es bueno para los demás, sino que hace unos meses, suprimió los fideicomisos, una figura económica que proporcionaba recursos para varias materias, entre ellas la protección de los periodistas en riesgo. En su política de “abrazos y no balazos” y “fue una aportación” condena no sólo al exilio a los comunicadores sino también a su extinción, porque comunicadores que no se venden existen pocos. Debemos tener presente que la libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo en su caso, de articular sus opiniones e ideas sin temor de represalias, censura o sanción posterior, siempre y cuando digan la verdad.
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