El 22 de junio de 2024, el Congreso del Estado aprobó mediante decreto la creación del municipio número 59 de San Luis Potosí, Villa de Pozos, el cual empezó a ser gobernado por un concejo municipal a partir de este 1 de octubre. El municipio cuenta con más de 260 mil habitantes y está ubicado al sureste de la zona metropolitana.
De junio a octubre han pasado cuatro meses, y sus habitantes han sufrido un agravamiento en la falta de servicios públicos, como el suministro de agua potable y la recolección de basura, entre otros.
Muchos podrían opinar que esta falta es algo “natural” por la transición y el poco tiempo de vida del nuevo municipio. Sin embargo, lo preocupante es que se trata de un empeoramiento de los ya deficientes servicios que se prestaban cuando estas colonias y fraccionamientos pertenecían a la capital potosina.
Pese a las expectativas de mejora, las autoridades no han ofrecido soluciones a la demanda de servicios básicos en el nuevo municipio.
La pregunta obligada es: si ya se creó este nuevo municipio, ¿no debería contar con los recursos e infraestructura necesarios para atender los servicios públicos?
Todo parece indicar que ni el Ayuntamiento de San Luis Potosí, que debe transferir la infraestructura y medios para el buen funcionamiento de los servicios, ni el Congreso del estado, que aprobó la municipalidad, están interesados en lo que ocurre en Villa de Pozos.
Los medios de comunicación locales han informado que los habitantes de Villa de Pozos carecen de servicios básicos, lo que ha provocado manifestaciones.
“Vecinos de la colonia Cecilia Ocelli se manifestaron en contra del retiro del servicio de abastecimiento de agua a través de pipas por parte de Interapas.
Los colonos señalaron que, al ser un nuevo municipio, no les corresponde brindar el servicio en la demarcación” (El Heraldo de San Luis Potosí, 10 octubre de 2024).
Y este problema no es exclusivo de una colonia: “Villa de Pozos, nuevo municipio, sufre crisis de agua y basura. Aproximadamente siete fraccionamientos en el municipio continúan luchando contra el problema de suministro” (Pulso de San Luis, 6 de octubre de 2024).
Los habitantes del nuevo municipio confiaron en que la creación de la nueva municipalidad mejoraría su calidad de vida, pero las autoridades estatales, el Congreso y el recién electo concejo municipal no han dado respuesta a sus demandas, especialmente en lo relacionado con el suministro de agua potable.
El decreto es claro al señalar que “una vez instalado el Consejo Municipal, será responsable de prestar los servicios públicos en la demarcación territorial de la nueva municipalidad, a través de los bienes muebles e inmuebles, infraestructura de cualquier tipo, entre los que se encuentran la red hidráulica y eléctrica, vehículos, máquinas, herramientas y demás insumos del municipio de San Luis Potosí”. Sin embargo, todo parece quedar en letra muerta, pues en los hechos, esto no sucede.
Sin querer ser “ave de mal agüero”, la realidad demuestra que a quienes gobiernan en el estado y en el país no les interesa que la población viva mejor ni que eleve su nivel de vida; sólo les importa conservar y repartirse el poder para obtener beneficios económicos.
Crear un nuevo municipio, sea por demanda de la población, razones sociohistóricas o por una mejor gobernabilidad, debería tener como objetivo último mejorar la calidad de vida de sus habitantes y potenciar su desarrollo.
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