El 24 de mayo de 2022 fue el segundo día más violento de México en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues asesinaron a 118 mexicanos. El más violento fue el 1 de diciembre de 2019 con 127, de acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Así, de diciembre de 2018 a abril de 2022 suman 118 mil 732 asesinatos en el país, esto indica, dicen especialistas, que puede ser un sexenio más violento que el de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón Hinojosa, artífice de la guerra contra el narcotráfico.
La tendencia al alza del número de delitos que se cometen en el país muestran el fracaso de la “política” de seguridad que implementó el gobierno autodenominado de la “Cuarta Transformación” (4T). Esta política se resume, como el mismo presidente lo ha hecho, en la frase: “abrazos no balazos”, que consiste en renunciar a la tarea de combatir al crimen organizado y a los delincuentes de manera frontal y combatir las causas de la violencia; es decir, atacar las causas sociales más profundas: la pobreza y la falta de oportunidades para que los mexicanos se desempeñen en la legalidad. Así ha justificado, por ejemplo, el uso del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, como un mecanismo para pacificar el país, pero los datos apuntan a que, contrario a lo que esperaba, el crimen y la violencia siguen creciendo.
El enfoque gubernamental sobre el problema incurre en el error de absolutizar el combate de las causas, dejando de lado el control de la política de seguridad de combate a la criminalidad de manera frontal. Esto significa que ha retirado el uso de la violencia policiaca directa (que en este sexenio ha recaído en la Guardia Nacional haciendo funciones de policía, contra los criminales). Esta forma de proceder ya ha dejado ejemplos palpables de que los criminales se han envalentonado al grado de correr a la Guardia Nacional de sus zonas de acción, como en Michoacán. Mientras eso sucede, también se ha evidenciado que los programas sociales no han servido para brindar oportunidades a los mexicanos que permitan bajar los índices de desigualdad, lo que posiblemente traerá consigo la pacificación del país.
Militarizar al país no ha servido para combatir la violencia en México. Organismos de derechos humanos han advertido que los militares deben de volver a los cuarteles y dejar de ser partícipes de la seguridad ciudadana; es decir, que esta función debe de volver a manos de civiles. Contrario a ello, al ejército se le ha puesto en un punto estratégico del país que lo inmiscuyen en áreas la construcción de las obras emblemáticas, la administración de puertos marítimos, en programas forestales, etcétera. Esto significa que el poder y el control que están teniendo trasciende a las labores de seguridad, y si a todo ello se le suma la opacidad del sistema para rendir cuentas, se puede observar que se configura una política poco eficiente. Hay que considerar que ese cuerpo no está diseñado para brindar seguridad, sino para otro objetivo completamente diferente.
Deben atacarse las causas sociales del problema de la inseguridad en México, pero también es imperioso manifestar al Gobierno la necesidad de profesionalizar las labores de seguridad del país y que los funcionarios hagan el trabajo comprometidos con dar resultados positivos. Por ejemplo, pensemos en el exsecretario de Seguridad Pública, evaluando sus resultados. Parece que estaba más preocupado por construir su carrera política que en atender los graves problemas de seguridad. Y si se mira a la actual secretaria, se puede afirmar que falta un perfil experimentado para desempeñar esa tarea. Tal vez estos factores expliquen que una decena de asaltantes cometa sus delitos en plena autopista México-Querétaro a más de 300 automovilistas, las masacres de gran magnitud o que desaparezcan 10 mujeres diariamente sin que existan repercusiones para los perpetradores del crimen.
En estas circunstancias, ¿de qué democracia hablamos si la mayoría se siente inseguro en su propia casa? ¿De qué libertad, de qué transformación? Este no es sólo un problema de inseguridad, es de impunidad, de falta de estrategia para hacer frente a los problemas de seguridad del país, de falta de una visión profesional del problema para afrontarlo con eficacia.
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