Estamos de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en que se debe incluir en el Presupuesto Federal de Egresos 2023 (PEF) un mayor gasto social en infraestructura hídrica y subsidios para la vivienda, según da cuenta la edición del día 10 de septiembre de 2022 del diario sonorense Expreso, y creemos que debe ser, sobre todo, destinado a las clases trabajadoras más vulneradas con esquemas de pago viables. De esta comunión de objetivos se desprende la posibilidad de unir esfuerzos en un frente común para lograrlos, frente común de todas las fuerzas sociales que buscan el desarrollo de México, que siempre hemos y seguiremos pregonando.
Pero, con todo respeto sea dicho, nos parece muy poco la cantidad que sugieren: 6 mil millones de pesos (mdp), al menos es la que reporta el diario. Ya en nuestra anterior colaboración hablamos de que, tan sólo para Sonora, se requiere una cantidad de 62 mil 500 mdp para enfrentar el problema del déficit de vivienda (considerando 250 mil pesos cada una, 100 mil pesos menos que la base del cálculo que Canadevi hace en la nota aludida) y que tan solo para este año de 2022 el Gobierno federal redujo en más de 3.2 mil millones de pesos (mdp) —una tercera parte— el de por sí raquítico presupuesto de los esquemas de Sedatu destinados a ofrecer soluciones de vivienda. La exigencia al Gobierno federal no puede tan anémica como su ofrecimiento, no caigamos en su juego.
Esto significa que no sólo los trabajadores quedan afectados con los recortes impuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su 4T, sino que también los empresarios constructores, realmente productivos, son directamente dañados. De donde se desprende una razón más, no sólo declarativa sino material, para que ambos sectores conjunten esfuerzos en aras del objetivo común que, según lo entendemos nosotros, debe consistir en la construcción acelerada y no militarizada de decenas de miles de casas en periodos relativamente cortos que reduzcan prontamente los déficits habitacionales.
Y esa es nuestra propuesta y demanda a la vez: urge en Sonora un plan estatal de vivienda que destine ingentes recursos a la construcción de millares de conjuntos habitaciones que dé solución real a nuestras carencias de vivienda. Ello requiere de modificaciones presupuestales generosas y una oportunidad sería el PEF 2023, pero la 4T y López Obrador no quieren.
Los recortes lo muestran, los hechos de los morenistas hablan más claro que su demagogia, más bien están en contra de solucionar este mal social. Todo indica que la petición de Canadevi será despreciada. Aunque la respuesta quizá quede disimulada con algún mejoral, Obrador seguirá destinando recursos a sus programas electoreros y, si algo presupuesta para vivienda, preferirá hacerlo a través de militares que le sumen prestigio gubernamental para la siguiente elección, no a través de la iniciativa privada que diluya el resultado político capitalizable para la 4T; el dictador no da paso sin huarache.
Un programa estatal de vivienda en cada entidad federativa que verdaderamente se proponga resolver de raíz el déficit y dotar de casas y departamentos dignos a la población, así como el mejoramiento de la actual infraestructura habitacional, requiere de una distribución más justa de la riqueza producida por la fuerza laboral del país.
El Movimiento Antorchista propone que esos recursos se generen, como uno de sus mecanismos principales, como resultado de una reforma fiscal progresiva que imponga más impuestos a quienes más ganan o tienen más riqueza acumulada. Esta medida no debe espantar a nadie, pues, incluso organismos internacionales como el FMI o la OXFAM la proponen para el mundo entero, incluido México. Nos parece que está suficientemente argumentado por esos organismos y por investigadores serios y humanistas, que la riqueza acumulada en pocas manos es tan inmensa, que un porcentaje pequeño como contribución a las arcas públicas no representa grave peligro para su afortunada existencia e integridad social. Con el actual esquema de ingresos de la hacienda nacional eso no se logrará, ni tampoco, por supuesto, con radicalismos chavianos.
La distribución más justa de la riqueza que nosotros proclamamos no es unilateral, ello es imposible por sí mismo: tiene que ser racional, posible y múltiple. Para materializarse, requiere de la participación de muchos sectores sociales que deberán verse beneficiados ellos mismos por esta reforma fiscal. El avance de las ciencias administrativas y financieras permitirá al país encontrar mecanismos fiscales justos y viables que posibiliten emprender una febril actividad constructiva estatal y nacional que, consecuentemente, contribuya a reactivar nuestra economía, beneficiándonos todos, incluidos los grandes contribuyentes, pues la clase trabajadora que vive en condiciones dignas siempre representará la estabilidad que requiere el desarrollo social armónico. Con una reforma fiscal progresiva inteligente y justa, todos ganan.
Pero mientras sean peras o sean perones, lo cierto es que la clase trabajadora no se puede quedar cruzada de brazos, esperando que entren en razón los empresarios y gobernantes; por su parte, los partidos que hasta hoy han gobernado y los que están constituidos por políticos reciclados, le han demostrado al país que no quieren hacer tal cambio. Por ello, pues, tenemos que actuar independientemente, ya; nuestra situación de pobreza nos obliga a tomar cartas en el asunto si no queremos heredar esta vida indigna a nuestros descendientes y destinarlos a que habiten pocilgas. Organizarse, luchar y tomar el poder es prioridad para la clase trabajadora.
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