Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios”.
Sin embargo, el acceso al agua, a este derecho humano elemental no está garantizado para la población más pobre y nuestro estado, Hidalgo, no es la excepción. Según el Informe de Pobreza y Evaluación 2020, del CONEVAL, 269 mil personas en la entidad carecen de este servicio básico en sus hogares.
Esta situación, que se venía dando desde años anteriores ahora parece agravarse, y como era de esperarse, afecta principalmente a las colonias y comunidades marginadas que se han manifestado ante las autoridades municipales, estatales y federales sin obtener una solución concreta.
Ejemplo de ello, encontramos en la capital hidalguense, Pachuca, donde hay asentamientos tan viejos como La Loma y El Huixmí que no cuentan con el servicio; así como la colonia Margarita Morán y Ampliación Jorge Obispo, donde bajo argucias, el gobierno, representado por la CAASIM, se niega a realizar los proyectos de introducción de agua potable y a las constantes comitivas de vecinos inconformes se limita a darles largas sin dar soluciones concretas a sus demandas.
En Tizayuca, decenas de colonias irregulares no cuentan con el servicio elemental, y la colonia José Humberto Gutiérrez lleva más de 6 años luchando por este sin obtener solución.
Cabe destacar el creciente desabasto de agua potable en las colonias que sí cuentan con el servicio. Las colonias de la zona norponiente de Pachuca sufren está situación; en Tizayuca son constantes las denuncias de falta de agua en el Fraccionamiento Haciendas de Tizayuca, La Antorcha, Fraccionamiento Rancho Don Antonio, Emiliano Zapata y muchas otras.
En Nopala, las comunidades de Bathá, Borbollon, Pedregales Borbollón, Cuaxhití, llevan ya 6 meses sin el vital líquido y, el presidente morenista Luis Enrique Cadena muestra una rotunda indiferencia; en reiteradas ocasiones ha dejado plantadas las comisiones de vecinos que acuden buscando solución a tales demandas.
La falta de agua potable en Hidalgo nos revela dos situaciones sobre las que debemos reflexionar y sacar las conclusiones necesarias para su solución. Me quiero referir, en primer lugar, a la alarmante sequía que sufre nuestro país y en concreto nuestro estado, fruto en gran parte del cambio climático causado por la avaricia sin medida de las grandes industrias del mundo que consumen y destruyen los recursos naturales de ecosistemas y comunidades a su paso.
La información es abrumadora; de acuerdo con el Monitor de Sequía de México elaborado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte del 30 de abril, señala que de los 84 municipios que conforman Hidalgo, 48 se encuentran en la categoría de DO (anormalmente seco); 25, D1 (sequía moderada); y 8 más con sequía severa: Alfajayucan, Chapantongo, Chilcuautla, Huichapan, Nopala, Tasquillo, Tecozautla y Tepetitlán.
En segundo lugar, la insensibilidad, arrogancia e indiferencia de las autoridades gubernamentales ante las necesidades del pueblo. Cientos, miles de manifestaciones, no reciben solución alguna pues los funcionarios y políticos que ostentan el poder no sufren estás carencias, pertenecen a otro estrato social y velan, por lo tanto, por sus propios intereses.
Sin agua, con la escasez creciente de recursos naturales y ante las nulas acciones gubernamentales; solo le queda una alternativa al pueblo hidalguense, organizarse y luchar. Solo el pueblo organizado con el poder político en sus manos logrará realizar un cambio estructural que haga posible una sociedad nueva, donde todos tengan acceso a los servicios y derechos elementales.
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