La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) reprimieron por segunda ocasión a un grupo de migrantes en el estado de Chiapas, exhibiendo con hechos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no sólo no cumplió con sus promesas de campaña de abordar el fenómeno migratorio con respeto a los derechos humanos y dando opciones de trabajo a los que se ven obligados a abandonar sus pueblos, sino todo lo contrario.
En esta ocasión, cerca de 70 migrantes fueron detenidos la mañana del miércoles por agentes, quienes realizaron un operativo en la entrada de la cabecera municipal de Mapastepec, en la costa del estado.
Cientos de niños, hombres y mujeres de Haití, Venezuela, Cuba, Honduras y otros países, pese a estar cansados, enfermos y con ampollas en los pies, fueron víctimas de las agresiones que realizaron los elementos de la Guardia Nacional y el instituto.
Aunado a lo anterior, el viernes pasado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) admitió que uno de sus principales objetivos en la frontera sur es “detener toda la migración”.
Agencias de la ONU como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); exigieron este martes a las autoridades mexicanas “respetar los derechos humanos de los migrantes” tras el violento operativo para disolver las caravanas.
“El incremento de elementos de Migración y la Guardia Nacional a lo largo de la frontera sur de México con el objetivo de realizar tareas de verificación y control migratorio debe respetar los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo”, apuntaron en un comunicado.
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