Me llamó la atención una nota publicada en días recientes por la agencia EFE: México requiere construir al menos 800 mil viviendas anuales y combatir la informalidad en el sector para atender un déficit de 2.2 millones de hogares que cada año aumenta, de acuerdo con el estudio “Enfrentar el desafío de la vivienda en América Latina”, del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés) y la firma La Haus.
Según esta investigación, para resolver la brecha de vivienda en México, se necesita la construcción de 800 mil unidades nuevas al año, aumentar la inversión en construcción en uno por ciento del PIB y enfrentar el fenómeno de la vivienda informal.
Somos observados por organismos internacionales en cuanto a la medición de la pobreza, nuestro avance en la educación, y ¿qué cree?, amigo lector, estamos reprobados en estos y otros indicadores.
Analizando estas notas que dan de qué hablar, otra vez, a nivel internacional, en vivienda también estamos mal, muy mal. Las políticas actuales del gobierno van en retroceso, pues, aunque varios artículos constitucionales hablan de varias obligaciones que debe cumplir el Estado mexicano, estas no se cumplen.
Por ejemplo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca en su artículo 4, "que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa", es decir, que cuente con los espacios necesarios para las actividades de cada integrante de la familia, el estado jurídico en regla, que garantice la legalidad de su patrimonio, que cuente con los servicios principales para las necesidades de ésta y con una construcción adecuada que garantice la seguridad de sus ocupantes. En este artículo, como en muchos otros, sus preceptos no se cumplen.
En Baja California Sur ha incrementado el problema de la vivienda; por un lado, por la migración constante que se da en los estados del sur ante la falta de oportunidades de empleo y salario; por el otro lado, ante la pobreza y la falta de políticas encaminadas a garantizar seguridad a su población, se ven obligadas a buscar otras alternativas.
Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y de la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, la carencia por calidad y espacios de la vivienda, indicador de carencia por calidad y espacios de la vivienda en Baja California Sur, entre 2008 y 2018. Se observa una disminución de 0.5 puntos porcentuales en este periodo.
Sin embargo, en términos absolutos, hubo un aumento de, aproximadamente, 29,200 personas en esta situación, al pasar de casi 89,800 en 2008 a alrededor de 119,000 en 2018.
Según nota del eleconomista.com.mx: el precio de la vivienda tiene su cuarto mayor incremento de los últimos ocho años. Durante los primeros seis meses del año, el valor creció 7.9 por ciento anual a la par de la inflación que se registró en junio pasado.
En un contexto de alza de tasas de interés, menor producción de vivienda, inflación elevada e incertidumbre económica, el precio de los hogares comercializados con un crédito hipotecario aumentó 7.9 por ciento durante el primer semestre del año respecto al mismo periodo de 2021, de acuerdo con registros de Sociedad Hipotecaria Federal (SHF); 2019 con un aumento de 9.1 por ciento; 2018 con un incremento de 8.6 por ciento; 2016 con una apreciación de 8.7 por ciento; 2022 con un aumento de 7.9 por ciento
La SHF destacó que, durante el primer semestre del año, se registró un descenso de 12.3 por ciento en la cantidad de avalúos respecto al mismo periodo del 2021. Asimismo, acotó que, durante el primer semestre, el precio medio de la vivienda fue de 1 millón 502,023 pesos.
Por entidad:
Según los datos presentados por la SHF, 16 estados presentaron variaciones mayores al promedio nacional (7.9 por ciento) durante el primer semestre del año, mientras que otros 16 registraron variaciones menores. Dentro de las entidades que tuvieron un mayor aumento en los precios de la vivienda al cierre del primer semestre del año destacan Quintana Roo con un aumento de 12.9 por ciento, Baja California Sur (12.6 por ciento), Nayarit (12.5 por ciento), Michoacán (11.0 por ciento), Sinaloa (10.9 por ciento), Baja California (10.3 por ciento), Morelos (10.1 por ciento) y Guerrero (10.1 por ciento).
Es por eso, que al ser nuestro estado junto con otros del Noroeste, de los que concentran una alta migración y, que, ante la falta de programas de vivienda popular la gente se ve orillada como en el caso de Los Cabos, a habitar zonas de alto riesgo como arroyos, voladeros, bajo torres de alta tensión son donde los afectados buscan una salida a su problema poniendo en riesgo su salud, por otro lado, con la pandemia, la cuesta de enero y la creciente inflación rebasó el 8 por ciento, ocasionando graves afectaciones a la economía familiar, de personas que rentan a costos muy elevados y que no bajan de los 3000 pesos hasta los 5000 pesos para las familias.
Está plenamente justificado los llamados que los grupos de solicitantes de vivienda de La Paz y de Los Cabos, -donde juntos, haciendo uso del derecho constitucional de organización- le hacen a las diferentes instancias de gobierno para que se les atienda y resuelva lo establecido en nuestra carta magna en el artículo 4º. Queda claro que el Movimiento Antorchista Nacional desde sus origines, ha buscado el bien del pueblo trabajador.
Por eso los programas sociales, como el de vivienda y muchos otros por los que el Movimiento Antorchista lucha al lado del pueblo pobre de México, son necesarios y la lucha por conseguirlos es justa, es correcta y debemos seguir adelante. No es la solución a la miseria, no basta ni logrará jamás acabar con las grandes injusticias del país, pero es un mecanismo que cada vez más se debiera aplicar por quienes dirigen a las instituciones para hacer menos injusta la distribución de la riqueza.
Por lo pronto, en nuestra lucha contra la pobreza, mientras tanto, los programas de apoyo a la vivienda, al igual que todos los programas sociales, y la lucha por su implementación no son sino un frente más en la búsqueda por mejores condiciones de vida para el pueblo trabajador mexicano. Que no le quede duda a nadie.
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