Al filo de la 18:10 horas del 9 de mayo, luego de regresar de una reunión en la comunidad de Ixtaxochitla, un grupo de indígenas, integrantes del movimiento de resistencia contra el cacicazgo de la familia Celestino, denominado Unidad por Coyomeapan, fue emboscado, golpeado y acribillado por elementos de la policía estatal, en el paraje de Cobatscalco, en los límites entre Zoquitlán y Coyomeapan.
Los uniformados hicieron uso de la fuerza y abrieron fuego contra los vecinos, ataque que dejó como saldo el asesinato de Teófilo Barrera Arellano y Marcelo Carrera Reyes, así como Omar Herrera, de 15 años; y cuando menos otros cuatro heridos, dos que hasta la fecha se debaten entre la vida y la muerte, entre ellos Lauro Gil Argüelles, presidente del comité de la Unidad por Coyomeapan.
Ante este terrible suceso, se conoció una primera versión de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de un comunicado del 9 de mayo publicado a las 19:37, en el que dice: “De forma preliminar se informa: en el municipio de Zoquitlán un grupo de personas con armas de fuego agredieron a policías estatales, que repelieron el ataque, resultando 7 agresores lesionados”.
La diputada federal por Tehuacán, Araceli Celestino Rosas, afirmó, en rueda de prensa, sin comprobar nada y solo para justificar este crimen de la policía estatal, que los indígenas agredidos pertenecen a un grupo delictivo. “Las personas que hoy cayeron, tienen antecedentes penales, acaban de salir del reclusorio no hace más de unos meses, por lo tanto, yo les puedo asegurar que no se trata de unas buenas personas”. También afirmó, sin aportar ninguna prueba, que la policía estatal fue agredida por los indígenas con armas de fuego y que esta solo repelió la agresión, incluso sostuvo que había policías estatales lesionados. Señaló a la diputada federal por Ajalpan, Inés Parra Juárez, como la cabeza de dicho grupo, según ella, de delincuentes.
El secretario de seguridad pública en el estado, Daniel Iván Cruz Luna, sostuvo que, durante lo que calificó como enfrentamiento originado por los habitantes de Coyomeapan, quienes, según su versión (que coincide con la de Araceli Celestino), iniciaron la agresión a los uniformados, no hubo muertos sino solo personas heridas.
Ahí mismo, el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, reconoció que hay ingobernabilidad en Coyomeapan y que la obligación de su gobierno era hacer prevalecer el estado de derecho.
Inés Parra Juárez, diputada federal por Morena, sostuvo: “La 4T está manchada de sangre, va a pasar a la historia con una mancha de sangre que se pudo haber prevenido. La policía estatal emboscó a ciudadanos por indicaciones del gobierno del estado; Barbosa Huerta es el responsable porque él manda a la Policía Estatal”.
Los caciques Celestino Rosas han tenido la presidencia de Coyomeapan por 11 años, con la protección de gobernadores, aliados caciquiles y diferentes partidos políticos. El resultado de este cacicazgo en el gobierno se puede demostrar con lo siguiente: De acuerdo con datos del “Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2020”, en el municipio de Coyomeapan, de 14,916 habitantes el 93.9 por ciento de la población vive en situación de pobreza; el 50.3 por ciento en pobreza extrema; personas con carencia de servicios básicos en su vivienda 11 mil 995; sin acceso a la seguridad social, 12 mil 807, en rezago educativo 6 mil 262. Los pobladores señalan que se han enriquecido a partir de los puestos públicos. Otra de las preocupaciones de los lugareños es que los recursos naturales sean expropiados en beneficio de esa familia caciquil.
Los hermanos Celestino han sido señalados como inventores de delitos contra sus oponentes, y como protectores de criminales, poseedores de un grupo de sicarios que han amedrentado a la población para sus fines políticos y familiares, como expertos en el arte de ganar elecciones mediante la compra de votos, engaños, amenazas e intimidaciones.
Por eso, los habitantes de Coyomeapan, en su gran mayoría, están hartos de este cacicazgo, por lo que, desde el 6 de junio de 2021, se levantaron para organizar el movimiento de resistencia para pedir al Gobierno estatal y federal la repetición de las elecciones, aunque también se ha manejado el establecimiento de un concejo municipal representativo de todos los sectores del municipio.
Pero lo que han ganado los indígenas ha sido la indiferencia del Gobierno federal y represión del estatal, trayendo como consecuencia 31 órdenes de aprehensión contra inocentes, cuatro presos políticos (Basilisa Montaño Gutiérrez, Anastasio Sanginez, Gonzalo Martínez Herrera y Eruviel Aguilar Gómez), 3 muertos y varios heridos; un municipio con vacío de poder por culpa de la alianza de los caciques con el gobierno del estado.
El Movimiento Antorchista no ha dirigido ni dirige el movimiento de resistencia, como malévolamente han sostenido tanto el gobernador, como Araceli Celestino. El movimiento es dirigido y organizado por la Unidad por Coyomeapan, que integra a la inmensa mayoría del pueblo; no obstante, me uno a la exigencia de miles de poblanos: castigo ejemplar a los autores materiales e intelectuales de los asesinatos y agresiones a pobladores de Coyomeapan. Pago de indemnizaciones a familiares de los asesinados y pago de gastos médicos a los heridos. Liberación de los cuatro presos políticos y anulación de todas las órdenes de aprehensión basadas sobre falsedades, con motivo del movimiento de resistencia anti caciquil.
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