* Las multas pueden ir de los 32 mil 571 pesos a los cinco millones 428 mil 500 pesos
En la Ciudad de México, la cantidad de pisos construidos ilegalmente es elevada. De acuerdo con los registros de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), encargada de recibir y atender las denuncias ambientales y de desarrollo urbano, entre ellas las de construcciones irregulares, se informó que, de 2013 a 2023, los capitalinos y las empresas construyeron mil 39 pisos que no contaron con los permisos para su construcción o que violaron algún programa parcial de desarrollo de las alcaldías.
En 2013, la PAOT comprobó la ilegalidad de cuatro niveles; al año siguiente, fueron 29 pisos; en 2015, fueron 62, y en 2016, registraron 94.
A partir de 2017, el número de investigaciones por pisos que excedían la norma se disparó y fue el año con más pisos ilegales (187).
En 2018, la PAOT reportó 84 niveles irregulares y, en 2019, tuvo 179. En 2020, reportaron 47 y, para 2021, fueron 23, aunque en estos años la PAOT frenó la investigación y recepción de denuncias debido a la contingencia sanitaria por covid-19.
En 2022, se contabilizaron 186 pisos ilegales, siendo el segundo año con más casos.
En 2023, se comprobaron 144 niveles irregulares. De todas las denuncias que recibió ese año, la PAOT tiene un listado de 43 que continúan en proceso de investigación, la mayoría de ellas por la construcción de entre uno y tres pisos de más.
Estas investigaciones de la PAOT ante las denuncias por pisos excedentes tienen como consecuencia la demolición de los mismos cuando se comprueba su ilegalidad.
Las multas para quienes violen la Ley de Responsabilidad Ambiental de la Ciudad de México pueden ir de los 32 mil 571 a cinco millones 428 mil 500 pesos cuando la responsable sea una persona física, y de 108 mil 570 a 65 millones 142 mil pesos si es una empresa.
La dirigente del antorchismo en la Ciudad de México, Gloria Brito Nájera, señaló que muchos de estos casos de construcciones de pisos adicionales de forma ilegal ocurren por falta de vivienda popular, por lo que pensar en sanciones para estos casos sería penalizar doblemente la pobreza.
Ante esto, manifestó que debería considerarse implementar una política de apoyo, fondos financieros, asistencia técnica y normativa que asegure a las familias mejores condiciones para alojar a nuevos miembros en infraestructuras familiares, ya que uno de los problemas que la ciudad presenta es precisamente la incapacidad del mercado para cubrir las necesidades de vivienda y, sobre todo, el sobrecosto del suelo en la ciudad.
Por esta razón, se orilla a las familias a buscar alternativas para construir y poder aliviar un poco el hacinamiento que en muchas familias se presenta con viviendas en donde viven hasta diez personas.
Cabe señalar que, según datos del Consejo de Evaluación de Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa), el 49.2 % de la población capitalina vive hacinada, es decir, alrededor de 4 millones 278 mil habitantes, con las llamadas familias extendidas.
Lo anterior representa un grave problema de convivencia que puede detonar en violencia hacia las mujeres y niños, así como abandono de adultos mayores.
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