Para los que no somos expertos en economía, sino simples ciudadanos de a pie, sin tanto esfuerzo, hemos entendido que el imparable incremento de los precios, sobre todo de los productos que forman parte de la canasta básica, es un problema mundial y que los gobiernos pueden hacer muy poco o nada para tratar de detener la inflación.
De igual manera, entendemos que los gobiernos no pueden cambiar el precio del petróleo, no pueden cambiar repentinamente el precio del trigo y otras materias primas; sin embargo, la cuestión es diferente cuando se trata de si el gobierno implementa medidas efectivas, de corto y mediano plazo, para mitigar las consecuencias de una mayor inflación. Ahí, hay cosas que un gobierno puede hacer.
Por ejemplo, el gobierno puede fijarse en las prestaciones que se pagan para intentar ayudar a la gente por el aumento de los precios provocados por la demanda de bienes, por lo que, aunque se irriten los morenistas, para el caso de nuestro país es nuestra obligación revisar qué acciones está emprendiendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para que los mexicanos afrontemos las consecuencias de la inflación en otras circunstancias, fenómeno que, como podemos ver, obedece a leyes del mercado como la demanda y la oferta y, obviamente, no se puede resolver con explicaciones o mendingando favores a los que precisamente están aprovechando la oportunidad para incrementar sus ganancias gracias al hambre y las enfermedades que sufren millones y millones de seres humanos.
Muchos medios de comunicación dieron a conocer que, ante el alarmante incremento del precio de la tortilla, López Obrador, en una de sus mañaneras en Palacio Nacional, reveló que Juan González Moreno, presidente de Maseca, se reunirá con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para justificar el alza en el precio de la harina de maíz.
Asimismo, señaló que Minsa y Maseca tienen el 90 por ciento en el control del mercado de la harina de maíz. Con respecto a esta acción que puede considerase de inmediato, comentó que no hace falta adivinar los resultados de la reunión del Gobierno federal con el empresario, pues todos sabemos que los dueños del dinero no dan un paso sin huarache.
En cuanto a alguna medida de mediano plazo; a pesar de la alta inflación, que elevó las tasas de interés en el mundo, la SHCP garantizará en el Paquete Económico 2023 el presupuesto para los programas sociales y los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de un mayor apoyo a Pemex. Se seguirán viendo recursos asignados a los programas prioritarios de inversión del sexenio, como la refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía, que, si bien ya fueron inaugurados, van a seguir recibiendo aportaciones para su terminación. Asimismo, se seguirán destinando flujos de dinero para el Tren Maya que sigue en construcción.
A las obras emblemáticas del gobierno se les va a destinar 236,130 millones de pesos, la mayor parte será para el Tren Maya, con lo que registraría un incremento de 116 por ciento anual. En contraste, queda sin alza la producción agropecuaria.
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) afirmó que el presupuesto 2023 entregará recursos a programas mal evaluados, como los precios de garantía y el de fertilizantes, por no tener una repercusión en el incremento de producción. Tampoco prevé la administración de riesgos como coberturas para cosechas o seguros y aunque subieron los subsidios a unidades de producción, es insuficiente para retos como la alta inflación, la pobreza rural y la vulnerabilidad ante el cambio climático.
Con ello es más evidente la farsa de la austeridad franciscana, ya que en el próximo año la mayor parte de los impuestos que pagan todos los mexicanos, el gobierno de la 4T los va a invertir en elefantes blancos que en nada benefician a los mexicanos, en lugar de destinarlos para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo de México, en salud, educación y servicios elementales.
Especial interés me despierta saber ¿cómo va la inflación en Guadalajara? Revisando la prensa local, encontré que en Guadalajara los precios de los productos de la canasta básica aumentan de 15.5 por ciento a 16.1 por ciento, suben hasta 105 por ciento los alimentos básicos en la ciudad. El alza de precios está imparable y en agosto la inflación anual en Guadalajara llegó a 8.07 por ciento, la tasa más alta en 21 años y ocho meses, desde diciembre del 2000, cuando llegó a 8.69 por ciento, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), del Inegi. Es una inflación alta, que no se veía hace mucho tiempo, y lo peor es que resalta, sobre todo, en rubros que son muy sensibles para la población, como la comida, lo que la hace peor.
Ahora bien, como mencioné líneas arriba, el Gobierno federal puede implementar acciones para mitigar las consecuencias del alza desenfrenada de los precios de los alimentos que azota al pueblo jalisciense regresándole una parte de los recursos del erario público, sobre todo si se toma en cuenta que Jalisco es el gigante agroalimentario del país y participa con más del 12 por ciento en el PIB agropecuario nacional.
Los trabajadores ya sean formales o informales y los abiertamente desempleados de la entidad jalisciense deben unir fuerzas con sus hermanos de clase del resto de las entidades para darse cuenta para darse cuenta de que este gobierno está al servicio de los acaudalados. El gigantesco gasto en inversión destinado a construir elefantes blancos con nulo impacto en desarrollo económico y social solo es redituable para los corporativos que reciben contratos sin licitación alguna; contrasta con el miserable gasto público en favor de los sectores de bajos ingresos.
Una vez desenmascarada la farsa de la 4T y liberado al pueblo del monumental engaño, los trabajadores organizados y educados deben tomar el poder y gobernar al país y desde allí impulsar medidas que beneficien a todos los miembros de la sociedad. Esta es la verdadera alternativa.
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