El paso del huracán John por la costa del Pacífico Sur mexicano ha dejado una estela de destrucción y tragedia en Guerrero. En el momento de escribir este artículo, tres personas han muerto oficialmente y múltiples lugares han sufrido cortes de energía, deslizamientos de tierra, inundaciones y pérdida de techos, cultivos y árboles.
Sin embargo, lo que más resalta, una vez más, es la falta de prevención por parte de los tres niveles de gobierno ante estos desastres naturales, demostrando así las consecuencias de la cancelación del FONDEN, que tenía como objetivo brindar apoyo a los estados. y entidades de la administración pública federal en tiempos de desastres naturales, cumplieron un papel vital para la población afectada brindando ayuda y asistencia, con su activación a través de declaratorias de emergencia o desastre.
Pese a su importancia, en 2020, con la justificación de obtener más recursos públicos ante la crisis derivada de la pandemia y la disminución de los ingresos del Sector Público, el Congreso de la Unión aprobó la eliminación de 109 fideicomisos, entre ellos el FONDEN, que formaba parte de la Ley General de Protección Civil. Así, sin dejar garantías sólidas para su funcionamiento, en 2021 comenzó a vaciarse este fideicomiso, que reportó un fondo de recursos de 35,140 millones de pesos al cierre de 2020.
Mientras se destinan recursos a grandes proyectos nacionales, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, los estados que sufren las peores crisis por fenómenos naturales siguen sin recibir la atención que merecen.
Es inadmisible que, a pesar de las advertencias meteorológicas y la experiencia previa con el devastador huracán Otis, las autoridades no estuvieran mejor preparadas. Se ha subestimado, nuevamente, la magnitud del impacto que John traería consigo, a pesar de que los pronósticos meteorológicos indicaban el riesgo de deslaves y afectaciones catastróficas.
Los residentes de localidades costeras como Marquelia, Copala y San Marcos han quedado incomunicados, sin acceso a electricidad ni a servicios básicos de comunicación, mientras que en las zonas montañosas como Tlacoachistlahuaca y Malinaltepec, los deslaves cobraron vidas humanas. Las comunidades más vulnerables siguen siendo, pues, las más afectadas.
La falta de infraestructura adecuada y el deterioro de los servicios públicos en Guerrero son parte de un problema mayor que las autoridades han ignorado durante años. La región de la Costa Chica y la Montaña, olvidadas en términos de inversión y desarrollo, continúan sufriendo los embates de la naturaleza sin una red de apoyo adecuada. Mientras tanto, las promesas del gobierno de mejorar la capacidad de respuesta ante desastres han quedado en simples palabras vacías.
No podemos olvidar que el huracán Otis, apenas a casi un año, devastó Acapulco, sumiendo la ciudad en el caos y el saqueo por la falta de una respuesta gubernamental rápida y efectiva. A pesar de ello, parece que no se han tomado medidas significativas para evitar que estos desastres se repitan, con consecuencias aún más trágicas para los guerrerenses.
El caso del huracán John es otro ejemplo del desdén por parte del gobierno hacia las zonas más marginadas del país. Mientras se destinan recursos a grandes proyectos nacionales, como el Tren Maya o la refinería Dos Bocas, los estados que sufren las peores crisis por fenómenos naturales siguen sin recibir la atención que merecen. Guerrero, una entidad con altos índices de pobreza y marginación, parece no ser una prioridad en la agenda morenista.
La falta de un sistema de alerta temprano eficaz, la escasez de refugios bien equipados y la débil infraestructura en caminos y puentes no son solo fallos puntuales, sino el resultado de una política pública que ignora a los más necesitados. Los tres niveles de gobierno han mostrado una y otra vez que la solidaridad y las promesas de acción rápida se quedan en el aire, mientras la población sigue enfrentando sola las consecuencias de la ineficiencia gubernamental.
No basta con desplegar tropas militares o enviar mensajes en redes sociales, cuando la tragedia ya ha golpeado. Se necesita un plan real de acción que priorice a las comunidades vulnerables, que invierta en infraestructura resiliente y que desarrolle sistemas de alerta temprana que verdaderamente protejan a la ciudadanía.
El huracán John nos deja, además de su devastación, una lección clara: los Guerreras más pobres, que son siempre los que más daños sufren en los desastres naturales, por sus precarias condiciones materiales de vida, deben ser conscientes de estos efectos constantes. necesitan tomar parte activa en la solución de los problemas que les afectan porque está demostrado que las autoridades siempre los dejan a su suerte.
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