En los últimos días, el descontento en el sector salud ha vuelto a estallar en varios estados del país, como el Estado de México, Puebla, Sonora, Veracruz, Hidalgo, Ciudad de México y Oaxaca, entre otros.
Médicos, enfermeras y personal de salud han salido a las calles para denunciar las condiciones paupérrimas en que se encuentran los hospitales y clínicas que, tras ser transferidos de la Secretaría de Salud al IMSS-Bienestar, enfrentan una crisis sin precedentes.
Las protestas de los médicos no son sólo un llamado de auxilio, sino un recordatorio de que la salud no puede ser un botín político; el gobierno tiene la obligación de garantizar este derecho.
Este panorama no sólo refleja el abandono del sistema de salud, sino también el fracaso de una administración que prometió una transformación profunda, pero ha dejado en el abismo a quienes más lo necesitan: los pacientes y los trabajadores de la salud.
Las protestas no son gratuitas. Los testimonios de médicos y enfermeras revelan una realidad desgarradora: falta de medicamentos, insumos básicos, equipos de diagnóstico, personal médico y, en algunos casos, incluso el pago de salarios.
¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, en un país que se jacta de ser la decimoquinta economía del mundo, los hospitales no cuenten con agua purificada, alcohol, jeringas o agujas? ¿Cómo se explica que sean los propios trabajadores de la salud y los familiares de los pacientes quienes tengan que comprar estos insumos para garantizar la atención médica?
La respuesta es bastante clara: la Cuarta Transformación (4T) ha fallado en uno de sus pilares fundamentales: garantizar el derecho a la salud.
El recorte presupuestario para 2025, que reduce en 12 % los recursos destinados al sector salud, es una muestra más de la indiferencia del gobierno federal. Con apenas 881 mil millones de pesos asignados, el sistema de salud tendrá que funcionar con menos dinero en un contexto en el que las necesidades crecen día a día.
Esta reducción no sólo es un golpe a la ya debilitada infraestructura médica, sino también una sentencia de muerte para miles de pacientes que dependen de los servicios públicos de salud. La promesa de universalizar la salud se ha convertido en una quimera.
Pero más allá de las cifras y los recortes de esta crisis, hay decenas de cirugías suspendidas por falta de medicamentos, pacientes que mueren esperando atención, médicos que trabajan en condiciones infrahumanas y familias que se endeudan para comprar lo que el Estado no les provee.
¿Dónde quedó la promesa de un gobierno que pondría a los pobres primero? ¿Cómo es posible que, en lugar de avanzar, estemos retrocediendo a épocas en que la salud era un privilegio y no un derecho?
En Puebla, por ejemplo, los trabajadores de salud han denunciado que los hospitales carecen de insumos básicos como gasas, algodón y alcohol, lo que ha obligado a suspender cirugías y procedimientos médicos urgentes.
En Veracruz, los médicos han reportado que no cuentan con equipos de diagnóstico funcionales, lo que retrasa la atención de pacientes con enfermedades crónicas y potencialmente mortales.
En Oaxaca, el personal de salud ha tenido que recurrir a donaciones y cooperaciones para comprar medicamentos y material de curación. Entre muchos otros casos en el país, estos reflejan un sistema de salud que colapsa bajo el peso de la negligencia y la falta de inversión.
Además, la falta de personal médico es otro problema grave. Muchos hospitales operan con un número insuficiente de médicos y enfermeras, lo que aumenta la carga de trabajo y reduce la calidad de la atención.
En algunos casos, los trabajadores de la salud han denunciado que no han recibido sus salarios en meses, lo que ha llevado a protestas y paros laborales. ¿Cómo se puede esperar que los médicos y enfermeras brinden una atención de calidad si no cuentan con los recursos ni el apoyo necesario?
Uno de los mayores errores de la administración actual fue la eliminación del Seguro Popular en 2019. Aunque no era perfecto, garantizaba el acceso a servicios de salud básicos para millones de mexicanos que no contaban con seguridad social.
Su desaparición ha dejado a una gran parte de la población en el desamparo, sin acceso a medicamentos, tratamientos y atención médica especializada.
El IMSS-Bienestar, creado para reemplazar al Seguro Popular, no ha logrado cumplir con las expectativas. Los hospitales y clínicas transferidos a este sistema enfrentan graves problemas de financiamiento y administración, lo que ha exacerbado la crisis en el sector salud.
Las protestas de los médicos no son solo un llamado de auxilio, sino un recordatorio de que la salud no puede ser un botín político. La 4T ha tenido más de un sexenio para demostrar que su proyecto de nación es viable, pero lo que vemos es un sistema de salud colapsado, un presupuesto insuficiente y una población cada vez más desprotegida.
La crisis del sistema de salud en México no es sólo un problema de números o presupuestos; es un problema humano. La 4T tiene la obligación moral y política de resolver esta crisis.
No hay excusas que justifiquen el abandono del sector salud, pues es un derecho, no un privilegio, y es responsabilidad del gobierno garantizarlo. Si la Cuarta Transformación quiere ser recordada como un proyecto que realmente benefició a los más necesitados, debe empezar por rescatar el sistema de salud.
Es momento de que el gobierno federal escuche a médicos, enfermeras y pacientes. Es momento de invertir en salud, no de recortar.
La salud no puede esperar, porque cada día que pasa sin soluciones es un día más de sufrimiento para millones de mexicanos. La 4T no puede seguir ignorando esta realidad. El futuro de millones de mexicanos depende de ello.
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