Conforme han avanzado los días, ha quedado claro que la iniciativa de reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que actualmente analiza la Cámara de Diputados, tiene como verdadera intención eliminar a los actuales órganos electorales, particularmente al Instituto Nacional Electoral (INE) para apoderarse del control de las elecciones futuras, comenzando con la de 2024, perpetrar fraudes, eliminar toda posibilidad de recibir sanciones por infringir la ley electoral y mantener a su partido en el poder perpetuamente.
Sobre las particularidades de la reforma electoral, que han sido ampliamente analizadas por mis compañeros no pretendo abundar; basta decir que López Obrador y su partido, Morena, pretenden modificar la constitución mexicana para deshacerse de los mecanismos legales que actualmente permiten que su salida del poder ocurra por la vía democrática, es decir, consolidar la dictadura que ha venido construyendo desde el inicio de su mandato.
Por ello le molesta tanto que amplios sectores de la población se opongan a que este golpe blando se consume y que grupos de ciudadanos convoquen a movilizarse en contra de la aberración que pretenden. Esta semana con motivo de la marcha convocada en defensa del INE, en más de 30 ciudades del país, López Obrador arremetió diariamente, desde su conferencia mañanera, en contra de los integrantes de las más de 50 asociaciones, grupos empresariales, organizaciones no gubernamentales, incluida a la iglesia católica y partidos de oposición que la han convocado, calificandolos como “cretinos, corruptazos, rateros, conservadores, traidores a la patria, cínicos, hipócritas, sinvergüenzas, ladinos, clasistas, racistas, queda bien con los machuchones”, entre otros insultos que les endilgó visiblemente irritado sin importarle cuidar “la investidura presidencial” que tantas otras veces a utilizado como pretexto para no dialogar con sectores inconformes con su gobierno.
No podía esperarse menos de un gobernante autocrático, intolerante y agresivo que desea que los derechos de organización, libre manifestación y protesta pública queden eliminados de la constitución, por ello le molesta ver que cada día más gente se suma a la defensa del Instituto Nacional Electoral a través de las redes sociales, medios de comunicación, foros y que la convocatoria a la marcha tenga buena aceptación entre la población.
Ciertamente, las recientes encuestas, incluida una realizada por el propio INE han mostrado que la reforma electoral que propone el presidente goza de cierta aceptación entre la población, pero también es cierto que en todas el INE, tal como existe actualmente, goza de una amplia aceptación, casi siempre por encima del 70 por ciento y con un nivel de confianza ciudadana que lo sitúa por encima de las dependencias gubernamentales y los partidos políticos, solamente superada por las Fuerzas Armadas.
La relativa alta aceptación de la reforma electoral quizá se deba a que el presidente López Obrador y su partido la han presentado como una oportunidad para ahorrar recursos del erario, recortando el número de diputados federales y senadores, quitando el financiamiento de los partidos políticos, desapareciendo los órganos y tribunales electorales estatales, y porque ha fundamentado buena parte de su campaña de desinformación realizando afirmaciones como que “el INE es el órgano electoral más caro del mundo” o que “los consejeros defienden los privilegios de los conservadores”, frases que tienen cierto impacto en el público poco informado pero que son meros mecanismos manipulatorios, sin sustento real. Por ejemplo, hasta el momento el presidente López Obrador no ha aportado ninguna prueba que demuestre que nuestro sistema electoral es el más caro en todo el mundo.
Incluso, siendo cierto aquello, no justifica su desaparición total, pues varios detalles operativos del INE pueden corregirse de manera particular sin necesidad de desaparecerlo totalmente, pues esto es igual a querer curar un dolor de brazo, amputandolo. Pero ese no es el fondo, como se ha dicho, sino trastocar el sistema electoral y democrático del país del que incluso López Obrador y Morena se han visto favorecidos y que ha permitido la alternacia de partido en el poder federal hasta en tres ocasiones los últimos 22 años.
Por ello, en el Movimiento Antorchista Nacional nos hemos sumado a las voces que denuncian los intentos de construir una dictadura en México. No consideramos que nuestro sistema electoral sea perfecto y tampoco creemos que la abstracta democracia, por muy perfecta que sea, vaya a resolver los problemas de fondo que atraviesan millones de mexicanos como son la falta de empleo, la inexistencia de servicios básicos en sus colonias y pueblos, la pobreza, la violencia generalizada, la carencia de un sistema de salud de calidad para curarse o la falta de calidad educativa e infraestructura adecuada para el aprendizaje de sus hijos.
Pues han sido estos y otras graves dolencias lo que ha llevado al pueblo mexicano, primero, a luchar por la existencia de una institución que organice las elecciones de manera imparcial sin estar sometido a la presidencia de la república como ocurrió en la época del PRI hegemónico y que, en segundo lugar, lo ha llevado a cambiar de partido gobernante en tres ocasiones: 2000, 2012 y 2018 sin por ello ver resueltos sus problemas más acuciantes.
Ciertamente la democracia y la existencia de órganos electorales autónomos que garanticen transparencia y equidad en la contienda política no son la solución de fondo para corregir la desigualdad social y los graves problemas nacionales, pero es innegable que son totalmente necesarios para cualquier intento de formar una verdadera fuerza política-electoral que represente genuinamente los intereses de las clases trabajadoras, explotadas y humilladas de nuestra patria y que busque conquistar el poder del país por la vía pacífica y democrática.
Si queremos formar un partido político nacional competitivo que sea capaz de contender por el poder político del país por la vía democrática es absolutamente indispensable que nos coloquemos del lado de quienes se oponen a la destrucción del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues, de lo contrario, todo intento será bloqueado y perseguido con más saña que ahora.
Los antorchistas tenemos claro que solo un pueblo organizado y consciente de su papel social puede realizar la transformación de México en un país más justo y próspero y creemos que el voto popular es un arma poderosa para cambiar nuestra situación actual. Si López Obrador elimina la posibilidad de ser derrotado en las urnas por la vía democrática, grandes convulsiones sociales pueden desatarse en el país, pues no le dejará otro camino al pueblo que no sea la fuerza. Ojalá no lleguemos a eso.
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