Cuando hablamos de desigualdad social, nos enfocamos principalmente en las cantidades monetarias que cada una de las personas posee en comparación con aquella que tiene más; sin embargo, esta desigualdad se muestra también en las posesiones y en las garantías que tienen gracias al Estado, de las que tiene acceso resultado de sus contribuciones y el esfuerzo de pagar impuestos; así el gobierno tiene la obligación de brindar todos los derechos a los mexicanos, ya sea si hablamos de salud, educación, servicios y vivienda. En este último punto muy poco se ha hecho o casi nada, si vemos los altos índices de carencia que existe, comparado con la gran cantidad de familias que en todo el país no tienen un patrimonio, esto a pesar de que trabajan día a día para adquirir una. 

De acuerdo con el estudio Enfrentar el Desafío de la Vivienda en América Latina, del Laboratorio de Economía Urbana del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), en colaboración con la proptech La Haus, el déficit de vivienda en México asciende a 2.2 millones de unidades. 

Lo anterior se debe a diversos factores, como un crecimiento económico lento y una alta desigualdad de ingresos; así como un acceso insuficiente al financiamiento hipotecario, que dificulta la adquisición de una vivienda formal de calidad.

El estudio indica que México ha logrado controlar la inflación, y con ello el mercado hipotecario; además de que la construcción formal reporta cifras positivas y las expectativas de calidad de la vivienda crecen de manera mesurada; no obstante, la vivienda aún es cara, especialmente en las grandes ciudades donde hay mejores empleos, calidad de vida y oportunidades de promoción social; lo cual provoca dificultades para que los sectores de menores ingresos accedan a una vivienda en el mercado formal.

La investigación estima que, para resolver la brecha de vivienda en México, se requiere la construcción de 800,000 unidades nuevas por año, durante los próximos 20 años; así como enfrentar el fenómeno de la vivienda informal, que hoy, para muchas familias, es la única opción viable para vivir cerca de su lugar de trabajo.

“México está construyendo las casas necesarias, pero mucha construcción ocurre informalmente; sin un permiso oficial, sin infraestructura adecuada, y, a veces, sin los parámetros mínimos de seguridad en tipo de vivienda, materiales y servicios. El sector formal de construcción de vivienda debería expandirse en un 30 por ciento, a costa de reducir la autoconstrucción. Es un número grande, pero no imposible”, dijo Albert Saiz, profesor asociado en los programas de planeación urbana y bienes raíces en el MIT.

Las cifras son muy alarmantes, por ello el Movimiento Antorchista ha puesto manos a la obra desde que inició su lucha por la transformación del sistema económico, promoviendo cuatros líneas de acción, para que no solo cambien las condiciones de vida de los mexicanos, sino que pongan las bases para mejorar la calidad de vida de las futuras generaciones; hoy la lucha por la vivienda es algo innegable, el gobierno debe de actuar de manera correcta y equitativa, brindando las condiciones para que las familias tengan acceso a una vivienda, y Antorcha exigirá este derecho que marca la constitución mexicana.