El deterioro de la seguridad pública en Tlaxcala ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiendo lo que alguna vez fue considerado el estado más seguro del país en un escenario de violencia desenfrenada. Esta situación pone de manifiesto no sólo la incompetencia de las autoridades actuales, sino también la posible connivencia de algunos funcionarios públicos con el crimen organizado.
Tres años después de la llegada del Gobierno de la autodenominada “Cuarta Transformación” al estado, la realidad dista mucho de las promesas de cambio y mejora en las políticas de seguridad. Los tlaxcaltecas viven sumidos en un estado de zozobra permanente, temerosos de convertirse en la próxima víctima de una criminalidad que parece actuar con total impunidad.
La permanencia del titular de la SSC, a pesar de su evidente fracaso, es un insulto a la inteligencia de los tlaxcaltecas y un claro indicio de la falta de opciones y liderazgo en el Gobierno actual.
Los hechos recientes son un testimonio escalofriante de la gravedad de la situación. El feminicidio ocurrido en Calpulalpan, donde se encontró el cuerpo de una joven con evidentes signos de violencia cerca de la zona arqueológica de Tecoaque, es un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de las mujeres en el estado.
Este crimen atroz no sólo representa una vida truncada, sino que evidencia el fracaso rotundo de las políticas de protección a las mujeres que tanto se pregonan desde las esferas oficiales.
La violencia, sin embargo, no discrimina. El asesinato a plena luz del día de un empresario en Apetatitlán, que además dejó a su chofer debatiéndose entre la vida y la muerte, demuestra que nadie está a salvo en Tlaxcala. Este hecho, ocurrido en una zona concurrida, es un desafío abierto al estado de derecho y una burla flagrante a las instituciones de seguridad.
La inoperancia del Gobierno se manifiesta en múltiples frentes. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lejos de ser un bastión contra el crimen, se ha convertido en objeto de graves sospechas. En una nota publicada en el medio E-consulta Tlaxcala, publicada el 3 de octubre, con el título “Inseguridad azota Tlaxcala y en la SSC juegan a ser polleros”, se menciona la situación del estado y sobre la existencia de un lucrativo negocio relacionado con el tráfico de indocumentados, facilitado por la inexplicable ausencia de efectivos policiales en rutas clave.
El tan alabado C5, presentado como la solución tecnológica definitiva contra el crimen, ha resultado ser un costoso fracaso. Su ineficacia quedó expuesta de manera vergonzosa en el caso del empresario secuestrado y posteriormente asesinado.
¿Cómo es posible que un sistema de vigilancia supuestamente de última generación no pudiera prevenir o al menos reaccionar ante un crimen de tal magnitud?
La respuesta parece apuntar a que el C5 es más útil para el espionaje político que para la protección ciudadana.
La ausencia de patrullaje en las principales carreteras del estado es otro síntoma alarmante de la descomposición del aparato de seguridad. Desde San Pablo del Monte hasta Calpulalpan, la presencia policial es prácticamente nula, convirtiendo estas vías en tierra de nadie, propicias para la actuación impune de la delincuencia.
El Gobierno estatal parece vivir en una realidad paralela, negándose a reconocer la gravedad de la situación. Mientras los funcionarios se congratulan en sus oficinas, la ciudadanía vive aterrorizada.
La permanencia del titular de la SSC, a pesar de su evidente fracaso, es un insulto a la inteligencia de los tlaxcaltecas y un claro indicio de la falta de opciones y liderazgo en el Gobierno actual.
No se puede permitir que el estado se hunda en el caos mientras las autoridades se cruzan de brazos. Se requieren acciones concretas, resultados tangibles y, sobre todo, un cambio radical en la estrategia de seguridad. La paz y la tranquilidad de Tlaxcala no pueden ser rehenes de la incompetencia gubernamental.
El tiempo se agota y la paciencia de los ciudadanos también. O el Gobierno reacciona y asume su responsabilidad, o Tlaxcala se encaminará irremediablemente hacia un abismo de violencia del que será muy difícil salir.
La historia juzgará duramente a quienes, teniendo la obligación de proteger a la ciudadanía, optaron por la indiferencia y la inacción.
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