Se aprobó la reforma al Poder Judicial por parte de la Cámara de Diputados y el Senado, este último con fuerte coerción hacia los senadores de oposición por parte del aparato de Gobierno del partido en el poder, ya que se necesitaban 86 votos, de los cuales Morena y sus partidos aliados tenían 85, faltando solo un voto.
Aunque las bancadas del PRI, MC y PAN “aseguraron” de varias maneras a sus diputados para que nadie traicionara, comprometiéndolos públicamente, concentrándolos, citando a los suplentes, entre otras medidas, finalmente, del PAN salió el “judas”: Miguel Ángel Yunes Márquez, quien negoció con Morena y dio su voto a la reforma.
La verdadera amenaza en la reforma al Poder Judicial no es sólo la pérdida de derechos laborales, sino el sometimiento de la justicia al partido en el poder.
En todo el país, y en San Luis Potosí también, se realizaron movilizaciones de protesta contra esta reforma al Poder Judicial por parte de juzgadores y trabajadores del Poder Judicial, quienes saben que se verán afectados en sus fuentes de trabajo y derechos laborales.
En su preocupación, muchos empleados del PJF se movilizaron a la CDMX:
“Jueces y magistrados del Noveno Circuito fueron con licencia y por voluntad propia a la Ciudad de México. Se sumaron a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación de San Luis Potosí para presionar en el Senado por una reforma judicial que no involucre la desaparición de la independencia ni la elección de jueces bajo métodos políticos” (El Pulso de San Luis, 11 de septiembre de 2024).
Es indudable que los trabajadores del PJF se verán afectados por esta reforma. Pero quisiera, sin desestimar la lucha de los trabajadores que hoy levantan su protesta, ir al punto central de lo que hoy se juega con los cambios ya aprobados por la aplanadora morenista.
Esta reforma al Poder Judicial, que plantea que mediante votaciones “democráticas” se cambiarán a jueces y magistrados del PJF, y que se presenta como la solución al problema de impartición de justicia, dista mucho, pero mucho, de serlo.
Muy al contrario, la justicia, ya corrompida y llena de vicios, se verá sometida aún más. Ahora se impartirá al gusto de quienes hoy tienen el poder: Morena, sus aliados y el presidente en turno.
Ya no se trata de la división de poderes, donde cada uno –el judicial, el legislativo y el ejecutivo– juega su rol y es un contrapeso a los otros; no se trata de que el Poder Judicial vea por una impartición de justicia y limite los excesos del Ejecutivo o Legislativo.
Ahora se trata de que lo más pronto posible (el INE ya deberá reunirse para discutir la renovación de magistrados y jueces en 2025), el partido en el poder tenga el control de los juzgadores.
El poder Ejecutivo –AMLO en el final de su sexenio, y sobre quien muchos opinan que ejercerá una especie de maximato en la administración de Claudia Sheinbaum– no quiere obstáculos, y sabe que el Poder Judicial era un contrapeso a sus desmedidos afanes de poder.
En los hechos, los jueces serán impuestos por el Ejecutivo. El favor y la obediencia casi ciega se la deberán a quien les ha dado el puesto por doce años. Un ejemplo claro es Lenia Batres Guadarrama, quien ha mostrado servilismo en todo lo que le ha dictado quien la impuso como ministra en la SCJN.
Es cierto que se requiere una reforma al aparato de impartición de justicia en nuestro país, uno que no mantenga inocentes en las cárceles mientras los delincuentes, de cuello blanco o no, pasean libremente; que no sirva como instrumento para someter a opositores políticos ni para acallar protestas o los verdaderos cambios que el país necesita.
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