El pasado 4 de febrero, como todos los años desde el 2000, se celebró el Día Mundial Contra el Cáncer, promovido por la Organización Mundial de Salud, el Centro Internacional de investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer. A propósito de este día, diversos medios informaron que el cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo y una de las principales en América Latina; en México es la tercera causa de muerte con 195,499 nuevos casos en 2020. “Los enfermos de cáncer -se lee en la nota- sufren desde hace casi un año una preocupante escasez de medicamentos y retrasos en sus diagnósticos y tratamientos por la pandemia de la covid-19, lo que pone la vida de miles de personas en una situación límite en América Latina”.
El tema del desabasto de medicamentos en nuestro país se ha convertido para el gobierno de la 4T en uno de sus principales problemas, provocado por el pésimo, inepto e irresponsable manejo que le ha dado y por las consecuencias fatales y grandes sufrimientos que ha provocado entre la población mexicana, afectando, sobre todo, a los más vulnerables como son los niños. Alejandro Barbosa, director de la asociación civil Nariz Roja, sostiene que conseguir el medicamento por fuera del sector de salud público es imposible para la mayoría, el tratamiento de cáncer de mama, por ejemplo, cuesta 40 mil pesos y se aplica cada 25 días.
Pero no son los únicos enfermos desamparados por el desabasto de fármacos especializados: los pacientes que padecen hemofilia sufren por la insuficiencia de anticoagulantes; los contagiados con VIH/Sida frecuentemente no reciben medicamentos como Truvada para aminorar la carga de VIH en su cuerpo; los pacientes con tratamiento por trasplantes renales, ante la falta de medicamentos, lo han seguido con donaciones proveídos. En el catálogo del Consejo de Salubridad General, hay 66 de esas enfermedades cuyo tratamiento lo paga el Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), entre las que se encuentran: parkinson, alergias, epilepsia, fibromialgia, hipertensión, migraña y enfermedades como las arriba mencionadas.Expansión Política, por su parte, publicó el 5 de febrero: “en 2020, el primer año de la pandemia de covid-19, el colectivo ‘Cero Desabasto’ recolectó 2,556 reportes de falta de medicamentos en el país, lo que representa siete al día en promedio. Los reportes se incrementaron 117% respecto a 2019, cuando se registraron 1,175”. En medio de la pandemia por la covid-19, ¿cuántas de esas personas enfermas y carentes de medicamentos habrán perdido la vida?
Un gobierno que se dice sensible al sufrimiento del pueblo escucharía con atención y atendería con prisa la demanda de quienes sufren tan letales enfermedades como las enlistadas. Sin embargo, las respuestas del gobierno han sido dos: 1) Busca culpar y responsabilizar a los gobiernos anteriores, y 2) La represión por parte de la policía, como ocurrió el sábado 20 del presente cuando un pequeño número de padres de niños con cáncer, provenientes de entidades como Michoacán, Puebla, Guerrero y Estado de México, protestaban en el aeropuerto de la Ciudad de México por la falta de medicamentos. Falsedades y agresividad son las respuestas a la justa petición de medicamentos para salvar la vida de sus hijos. Ineptitud y falta de honestidad profesional caracterizan a funcionarios de la 4T para enfrentar el problema del desabasto de medicinas.
El pasado 15 de febrero, en el sitio eluniversal.com.mx se publicó un amplio y profundo reportaje, referido a las causas del desabasto titulado “Operación desabasto. Así se generó el problema de medicamentos en el país”, firmado por Alejandro Melgoza y Denise Tron, de la organización Impunidad Cero y Justicia Justa. En este reportaje fundamentan que el desabasto se originó por políticas públicas mal planeadas y ejecutadas, la lucha contra la corrupción y el intento de ahorrar en la compra de insumos médicos. Dos situaciones, según los investigadores, generaron la escasez que se vive hasta ahora: 1) El desabasto comenzó cuando, al intentar reducir los costos en la compra de las medicinas, se hicieron bajo la responsabilidad de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que provocó que, debido a la inexperiencia, la primera compra se hiciera incompleta y a destiempo; además, la mayoría de los contratos se dieron mediante adjudicaciones directas. 2) El veto presidencial hacia las tres principales distribuidoras de insumos médicos del país: Grufesa, Dimesa y Maypo, por un supuesto acaparamiento del mercado y constituir un oligopolio; al no contemplar una alternativa viable para reemplazar la red de distribución, logística, almacenaje y personal que estas distribuidoras poseían, además de generar desabasto, encareció el precio de los insumos médicos. El otro problema fue con la empresa farmacéutica Laboratorios Pisa, que producía en México el 50% del Metrotexato, una de los principales medicamentos oncológicos, por el supuesto hallazgo de una bacteria en una línea de producción, se cerraron siete de las plantas productoras de la empresa, deteniendo la entrega de medicamentos oncológicos y, debido a supuestas inconsistencias en uno de los contratos, se le inhabilitó por parte de la Secretaría de la Función Pública. Concluyen los investigadores: “Estas dos situaciones, en conjunto con el veto y la centralización de las compras consolidadas de medicamentos en la SHCP, han generado la escasez que vemos hoy. A todo esto, se le sumó la crisis sanitaria de la covid-19, lo que hizo crecer un problema agudo y opacado, en parte, por la pandemia”.
En la investigación también se señala que el intento de transparentar las compras de medicamentos, a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), se hizo de manera tardía y, además, incrementó el costo de los medicamentos, por la comisión que se le pagará al organismo, 85 millones de dólares, pues antes se realizaba de manera gratuita por parte del IMSS. La propuesta del gobierno para distribuir medicinas e insumos fue crear la empresa Birmex, la cual no cuenta ni con la infraestructura ni con el personal necesario cumplir con tan importante tarea; y, por si no fuera suficiente, presenta un historial corrupto y opaco, que la ha llevado a ocupar el segundo lugar de las instituciones federales en el desvío de recursos mediante facturas falsas. Así lo evidencia la investigación “Facturas Falsas: la epidemia en el sector salud”.
El desabasto continúa y no se avizora una pronta solución, la corrupción de Birmex es intocable y la represión a las protestas se han vuelto una constante en este gobierno, como lo demuestra la reciente contra los padres de familia en el aeropuerto. Es clara la conclusión: el pueblo de México no debe seguir respaldando a este gobierno inepto y represor.
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