El pasado 16 de febrero, en la transmisión vespertina titulada “Diálogos. La Entrevista”, del Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur (IERTBCS), la titular del Instituto de Vivienda (INVI) del gobierno del estado, Fernanda Villareal González, realizó algunas declaraciones respecto a una manifestación ciudadana llevada a cabo el mismo día en las oficinas del INVI. Ante la pregunta de uno de los dos conductores sobre el tema de la manifestación, ella respondió que “no puede entregar determinado número de viviendas a las organizaciones sociales como Antorcha Campesina, dado que el INVI no permite entregar viviendas de manera corporativa”. Agregó, además, que “las solicitudes deben ser individuales y cada caso el INVI lo revisará realizando un estudio socioeconómico de cada familia en particular”. Quisiera, amable lector, precisar algunos puntos sobre el tema.
En primer lugar, Antorcha Campesina, o el Movimiento Antorchista, se ha echado a cuestas la enorme tarea de organizar y educar al pueblo de México para que éste, mediante su fuerza y organización, luchen por una sociedad más justa y equitativa para todos, donde la gente obtenga el fruto de su trabajo; que aquellos que viven en condiciones deplorables tengan lo mínimo como una casa con servicios básicos, educación y salud para la familia, centros donde puedan desarrollar las cualidades artísticas o deportivas para una vida integral. Sobre esta idea, y respaldados por los artículos de nuestra Carta Magna que nos permiten la libre organización y libre petición, es que hemos organizado, a lo largo y ancho del país, a voces que, unidas, exijan a las autoridades actuar sobre la problemática en particular que se presente en cada lugar de trabajo.
Segundo. La problemática de vivienda es un tema que afecta a miles de familias en Baja California Sur (BCS), en particular, a aquellas que no cuentan con un régimen de seguridad social que les permita adquirir una vivienda mediante créditos, tanto en Fovissste como Infonavit u otras. Por ello, el Movimiento Antorchista, respaldado por cientos de familias con este problema, y junto con éstas, ha buscado la manera de que los diferentes niveles de gobierno atiendan la problemática. Y en este contexto fue que el pasado 10 de octubre de 2021, en las instalaciones del gobierno de Baja California Sur, se entregó una solicitud a la entrante administración estatal encabezada por el morenista, Prof. Víctor Castro Cosío. Se le hizo del conocimiento al gobernador, mediante dicho documento, sobre la problemática que escribo y, a través del Secretario General de gobierno, Lic. Homero Davis Castro, que fue quien ha atendido directamente a los peticionarios, se comprometió a buscar una solución. Por lo tanto, queda claro que la solicitud la realizan aquellas familias que en verdad necesitan de un techo donde guarecerse, y no como lo comentó la Lic. Fernanda Villareal, dando a entender que las viviendas son para el Movimiento Antorchista, por lo que uno de los valores que dice defender como el “no mentir” está siendo traicionado por la funcionaria estatal.
Sobre el comentario de que “las solicitudes deben ser individuales y cada caso será revisado”, nuestra petición no es contraria a ello. El simple hecho de que las familias vayan a manifestarse porque no han sido escuchadas, ni atendidas, significa que buscan en realidad el apoyo del INVI. Ahora, en ningún momento se ha solicitado que se otorguen ciegamente, por el contrario, muchas familias, incluso aquellas que no se han manifestado presencialmente, han entregado en otros momentos la documentación que solicita el Instituto, y la enorme mayoría no ha recibido ni la supuesta entrevista, por lo que al trámite que realizan se le da automáticamente un “carpetazo”. La funcionaria mencionó en reiteradas ocasiones el estribillo de Palacio Nacional: “que no hay necesidad de que haya un intermediario”, que ella se ha abocado “a ir directamente a donde hay la necesidad de que el INVI apoye”, tal vez sea cierto, pero una prueba contundente de que no hay la mínima preocupación para que ese enlace tenga la debida atención es que la oficina del Instituto ubicado sobre la Av. Leona Vicario, Cabo San Lucas, la ciudad más poblada de BCS está cerrada, no tiene el personal que le dé a la ciudadanía la información para solicitar “individualmente”, según la lógica morenista, un apoyo para su vivienda.
Entonces el gobierno diferente que mencionó la funcionaria estatal en la misma entrevista no es tal. El anterior gobierno panista ignoró tajantemente a las familias y dejó crecer el problema al grado en que se encuentra hoy. Anterior a éstos, desde 1999 hasta 2011, gobernó el PRD, y aquellos políticos de entonces, hoy resucitados y purificados por la mano obradorista, son quienes gobiernan actualmente. El negarse a atender la situación orilló a los ciudadanos a la manifestación pública para, al menos, ser escuchados, por tanto, el ignorarlos no desaparece el problema ni lo soluciona. Por el proceder de la funcionaria, en el actual gobierno estatal en BCS, ¿será lo mismo el prieto que el colorado?
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