En días recientes ha cobrado relevancia el cambio en la medida del sistema de pensiones para los trabajadores del Estado mexicano. Dicha relevancia proviene de la controversia provocada porque el sistema de pensiones tenía su medida –conocida como multiplicador, debido a su variación, ya que se calcula diariamente– en la unidad de salario mínimo el cual es mayor respecto de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Mientras que el salario mínimo se calcula en 141.70 pesos mexicanos, el UMA se calcula en 89.72, o sea, un 36.68% se estará restando a la unidad que proporciona el cálculo de la cantidad de dinero con la que los trabajadores se podrán retirar, o en términos de sueldo, si un trabajador podía recibir 1,000 eso supone que, en lugar de esos 1,000 estará recibiendo 366 pesos menos, lo que, cuando hablamos de cantidades que serán sumadas por miles de pesos durante años de servicio del trabajador, representa una cuantiosa pérdida y un atentado contra su integridad y dignidad humanas.
Las críticas a dicha medida se han centrado en lo que es, de por sí obvio, y hemos expuesto de forma breve en el párrafo anterior, pero también se ha señalado una violación a los derechos humanos, concretamente se ha señalado una violación al Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), datos que están disponibles en diversos medios y han sido analizados por expertos abogados laboristas.
Las críticas también se han volcado hacia la jurisprudencia, pues parece haber una mala interpretación de la ley, la cual, en 2019, fue modificada para que cobros específicos, manejados por el Estado mexicano, las multas por ejemplo, dejarán de calcularse en salarios mínimos y pudieran ser calculadas en UMA. Ahora, a través de esta ambigüedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación plantea, con fundamento en la reforma mencionada, una reforma al sistema de pensiones, que, como hemos expuesto no representa ningún beneficio y sólo perjudica a los trabajadores del Estado.
Ahora, quien esto escribe no considera prudente únicamente exponer datos, pues los datos, por sí mismos no generan análisis, y menos de las situaciones complejas que de manera recurrente acontecen en la sociedad. Lo primero que hay que esclarecer es que es una reforma que, por la manera en que nuestro sistema político funciona —dividido en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial—, pareciera provenir del poder judicial. Los tres poderes que organizan la unidad “poder” del Estado mexicano son expresiones concretas de dicho poder unitario y se dividen en tres para poder vigilarse entre ellos, para que no haya excesos ni abusos por parte de alguno de estos hacia los ciudadanos, en este caso, mexicanos. Dicha conceptualización fue regalada al mundo por el pensador político Montesquieu, quien también habla de un sistema de pesos y contrapesos, o sea, de cómo la división de poderes impide que uno sólo se imponga. Históricamente, Montesquieu estaba hablando contra los absolutismos, formas de gobierno que se centraban en un individuo y que abarcaron una parte importante de la historia europea.
¿Pero por qué mencionar dicha información es relevante para este tema? Lo es porque en 2019 México se enfrentó a serios problemas de gobierno cuando, el presidente fue acusado de querer ingerir en el poder judicial imponiendo a quienes lo beneficiaban. Así pasó y la influencia del poder ejecutivo sobre el poder judicial no es un secreto. Al mismo tiempo, su partido, Morena, quien nunca ha ocultado sus lemas de campaña y su seguimiento no a favor del país sino de un proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador, tiene la mayoría en las cámaras, o sea, el Poder Legislativo también “está de su lado”. Al mismo tiempo, otro factor a considerar es que el Estado mexicano no atraviesa un buen momento en sus finanzas públicas, esto quiere decir que recaba pocos impuesto y, por lo tanto, hay menos dinero público; fenómeno que no es sino muestra de la poca pericia del gobierno actual para gobernar, pues, por si fuera poco, se suma el hecho de sus lemas de gobierno y campaña “primero los pobres”, los cuales no se ven privilegiados de un gobierno cuya política fiscal ha sido dura con ellos y laxa con los que más tienen.
Por lo tanto, la reforma al sistema de pensiones que tan sonada es ya para este momento, sí se conforma por atropellos a los derechos humanos y a los derechos de los trabajadores, pero también debemos detenernos a pensar, en aras de entender realmente lo que pasa en nuestro país y plantear soluciones, que dicho fenómeno tiene antecedentes y un origen que es por demás grave, pues parece cumplir la agenda política del presidente —recordemos la reforma hecha en 2019 y presentada en el cuerpo de este texto—, en un país que atraviesa un momento gravísimo para la sociedad en general y para las finanzas públicas en particular, donde el panorama debería ser mediado entre las expresiones específicas del poder en nuestro sistema político, o sea, debería ser vigilado a favor de la ciudadanía desde los poderes Ejecutivo o Judicial, pero eso no ha pasado, por el contrario, parecen unificarse alrededor del presidente.
Nuestro país, con cada muestra de acciones políticas de esta administración está recibiendo una advertencia del rumbo que podemos tomar si no decidimos o no conseguimos articular oposiciones claras y capaces de actuar, y este camino, tristemente es la individuación del poder, que, de quedar en manos de alguien que gobierna para un grupo y no para todos los mexicanos, puede representar costos altísimos para la sociedad mexicana, y no hay peor costo que las vidas de los seres humanos que día a día “viven” en la miseria, maltratando su única posesión: ellos mismos.
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