Durante su campaña oficial de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador pregonaba al pueblo mexicano que su gobierno haría lo que ningún otro había podido durante los tres sexenios anteriores; un crecimiento económico sostenido del 4% al año. Su argumento se fundamenta en la llamada política de “austeridad republicana”, lo que quiere decir, en términos sencillos de entender; que todo el aparato del Estado, (es decir: secretarías y organismos del Gobierno federal) ajustarían su gasto programado, reduciendo en la medida de lo posible sus costos operativos y eliminando programas sociales que a su juicio “eran innecesarios para la población.”
A este planteamiento, se sumó un discurso político sumamente atractivo para las masas, el de la lucha contra la corrupción, práctica repudiada por una mayoría casi absoluta. El motivo es más que comprensible y justificado, ya que la afamada corrupción se puede traducir como un atentado contra la ética establecida por una sociedad. Naturalmente, cuando una persona falta a las leyes y normas vigentes con tal de satisfacer una necesidad, cualquiera que sea, los miembros restantes de toda la sociedad en su conjunto asumen la ofensa como si fuese en contra suya.
Creo que está de más reiterar a estas alturas de su administración el impacto y la eficacia de su discurso para seguir manteniendo sus índices de popularidad. No por ello, quiero decir que él esté en lo correcto, ojalá fuera una cuestión subjetiva e ideológica, pero las estadísticas son concretas. Veamos.
En 2019, la economía mexicana ya se estaba contrayendo (es decir, reduciendo), registrando al cierre de ese año un saldo negativo del 0.4% en comparación del 2018. En 2020, si bien la pandemia fue un factor determinante para la disminución de la actividad económica mundial, las nulas políticas de apoyo de López Obrador hacia las clases trabajadoras, campesinas y empresariales, imposibilitaron sustancialmente el desarrollo de la productividad nacional, dando como resultado la trágica contracción del 8.5% de la economía. Ya en el reciente 2021, firme con su negligente política de inmunidad de rebaño (que muera quien tenga que morir), dio luz verde al semáforo epidemiológico en plena pandemia para que los mexicanos regresan a todas sus actividades productivas y académicas, para juntos crear una “nueva normalidad”. Así, consiguiendo un crecimiento promedio del 5%. No obstante, dicho crecimiento está aún por debajo de la recesión y a esto sume la enorme tasa de fallecidos por la covid-19 que ubica a México entre los tres más afectados del mundo.
Las consecuencias directas de tales cifras, son el aumento de 3 millones 800 mil personas en condiciones de pobreza, sumando ya 55 millones 700 mil en tal condición. ¿Qué padece el mexicano con su pobreza? Rezago educativo, nulo acceso a servicios médicos, seguridad social, precariedad de vivienda propia o condiciones indignas de la misma, nulo acceso a infraestructura pública en su colonia, ya sea drenaje, luz eléctrica, pavimentaciones o agua potable; escasez de alimentación nutritiva, variada o de calidad, fuente de empleo fija, con prestaciones y salarios bien remunerados.
López Obrador insiste equivocadamente que la corrupción es la madre de todos los males del país, pero vemos que sus políticas de “austeridad” y lucha contra la corrupción ha sido más bien una maniobra sutil para limitar el gasto social y reorientar en programas electoreros. ¿A caso $4,500 pesos bimestrales pueden satisfacer todas las carencias que acabo de mencionar renglones arriba? La respuesta es claramente negativa.
“No robar y portarse bien” es la solución, dice. López Obrador ha disminuido un problema tan complejo como la pobreza, desigualdad y corrupción al terreno de la moral y la subjetividad. Por lo contrario, Antorcha sostiene que el origen de tales males radica en la excesiva acumulación de riqueza en unas cuantas manos a costa del empobrecimiento de las enormes masas trabajadoras, ocasionada por el orden económico establecido en México; el sistema capitalista de producción. Es el modelo económico el que somete al Estado a la inacción y lo obliga a no intervenir en la regulación del mercado cuando este falle. Es en tal condición de pobreza o abundancia cuando el individuo se corrompe, ya sea por su por su precariedad o su ambición sistemática, diferenciándose pues, las formas y cantidades de por medio. Lejos de revertir la situación, el Ejecutivo en turno ha sido cómplice, limitándose a las transferencias monetarias directas y a sermones matutinos, nada más ni nada menos.
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