El agua es un recurso natural esencial para que los seres humanos vivan, y es el más abundante en la superficie terrestre. El agua forma la lluvia, los ríos y los mares; todos dependemos del agua para gozar de salud, para producir alimentos, para bañarnos y para transportarnos, para la irrigación y la industria. También lo necesitan los animales y las plantas.
Es precisamente por la importancia que el agua tiene en casi todas las actividades de la vida humana, que se ha convertido en un tema de interés internacional y ha sido considerado como un derecho humano.
En el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconocen los derechos de todos los ciudadanos mexicanos, también previstos en los tratados internacionales, los cuales se deberán respetar y proteger por las autoridades. El artículo 4 hace referencia a dos derechos íntimamente relacionados con el acceso al agua potable, el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado.
Otro artículo 115 alude específicamente al derecho de acceso al agua, el cual les confiere a los municipios la responsabilidad de prestar el servicio público de agua potable.
En el globo terráqueo existen inmensas cantidades de agua, pero no toda es agua dulce apta para el consumo humano. Diversas son las razones por las que millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable, como la sobre explotación de la gran industria no permite que el agua no llegue a las comunidades aledañas y, sobre todo, que los gobiernos no están dispuestos a invertir en costosa infraestructura para la extracción y distribución del vital líquido.
El no contar con agua en los hogares trae como consecuencia trastornos graves en la salud, por lo que es necesario que los gobiernos de todo el mundo, y en particular los de México, respeten y garanticen el derecho que todas las personas tenemos a disfrutar de abastecimiento de agua potable de calidad para la satisfacción de nuestras necesidades.
En el pueblo de Ayotla, del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, existe un comité autónomo de agua potable que se rige por usos y costumbres y administra tres pozos de agua.
En la zona hay más de 20 mil habitantes distribuidos en 20 colonias, las cuales dependen del agua de esos tres pozos; sin embargo, desde agosto de 2020, dejaron de recibirla contantemente y a medida que el tiempo pasa la problemática se agrava pues pasan meses completos sin el servicio, incluso hay quienes desde entonces no han recibido ni una sola gota de agua, lo que obliga a los ciudadanos a comprar pipas de agua además de que pagan su anualidad a la administración del pozo.
El problema fundamental se deriva de falta de mantenimiento que por décadas no se ha dado a ninguno de los tres pozos debido a un conflicto de intereses entre quienes buscan administrarlos.
Los inconformes atribuyen todas las anomalías a la familia Díaz Mena, la cual ha estado al frente de la administración del agua potable, pero que no utilizó el dinero de las cuotas para dar mantenimiento a los pozos y a la red.
Por esa razón, en febrero de 2020, los habitantes convocaron a asamblea eligieron, en presencia de un notario público, a un nuevo comité administrador; sin embargo, muchos de los habitantes dejaron de pagar el agua y otros más continuaron dando la cuota al antiguo comité, el cual ilegalmente seguía cobrando el servicio.
Durante las asambleas de 2020 entró el comité de agua liderado por Óscar Rafael Ramírez Sánchez y su equipo formado por Isidro Martínez Martínez, Carlos Pozos Bautista, Domingo Nieto Medina y Julio Pozos Mecalco. No obstante, el comité anterior, que hoy en día es representado por Francisco Proo, vende las pipas de agua que se distribuyen en la zona.
Por ello, ahora los usuarios enfrentan un grave problema causado por la falta de mantenimiento a los pozos, por un conflicto de intereses y falta de recursos para dar solución. Los vecinos exigen la intervención de los tres niveles de gobierno para que se rehabiliten los tres pozos y se dé mantenimiento a la red de distribución.
¿Será posible encontrar la solución en un gobierno municipal y federal que sostiene una política de cero inversiones en obra pública?
El 23 de abril de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán ser aplicadas por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El citado decreto establece como una de las medidas de aplicación, urgente y categórica, el no ejercicio del 75 por ciento del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales.
Ante tal política, ¿qué nos espera a los ciudadanos del pueblo de Ayotla? Como nadie del Gobierno municipal responde por el agua, nos están orillando a tomar otras medidas, como la protesta pública para exigir a las autoridades que respeten nuestro derecho al agua potable.
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