En el discurso de la toma de protesta del licenciado Andrés Manuel López Obrador como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, resumió las fallas que tuvo el neoliberalismo durante los últimos 36 años antes de su llegada y manifestó que a partir de su gobierno se llevaría a cabo "una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y la impunidad que impiden el renacimiento de México" y con su administración "la honestidad y fraternidad serán una forma de vida y de gobierno", pues "el neoliberalismo ha ocasionado la desigualdad económica y social" en nuestro país. Sin embargo, a los pocos días de su gobierno, inició una campaña de desprestigio y calumnia en contra de las organizaciones civiles y sociales, acusándolas de corruptas e intermediarias de los programas sociales que administraron los gobiernos que le antecedieron y que estaban al servicio del neoliberalismo. Sin pruebas y solo basado en suposiciones y mentiras, el gobierno de la 4T, encabezado por AMLO, se ha dedicado calumniar y manchar la imagen las organizaciones serías como lo es el Movimiento Antorchista Nacional y al mismo tiempo se ha negado atender al pueblo pobre, justificando que está combatiendo la corrupción y es necesaria la austeridad, por tanto, según él, es necesario eliminar los programas sociales de carácter asistencial que medio ayudaban a mitigar el hambre, la salud y la educación de los más vulnerables del país, argumentando la existencia de moches y desvío de recursos.
Estas acciones se han replicado en las entidades federativas donde gobierna la 4T y donde el gobierno federal tiene representaciones, como es el caso del delegado de la Secretaría de Bienestar, el polémico superdelegado federal Alejandro Ruiz Uribe, que no pasa de un escándalo, cuando entra a otro, quien le gusta divertirse abiertamente sin cuidar las formas, pero eso sí, es un pésimo funcionario, muy mal servidor público, quién se negó a atender a un grupo de antorchistas tijuanenses a pesar de que el mismo agendó la fecha y hora de reunión, por cierto la quinta reunión suspendida, con una prepotencia y un menosprecio a los más humildes, se negó a atender, a dónde quedó aquello de ser un gobierno honesto de sus principios, fraterno y nada autoritario y sin discriminación, el gobierno se ha olvidado y pisoteado complemente sus propios principios.
Es evidente que tanto el Gobierno federal como sus funcionarios públicos distribuidos en las entidades federativas, les falta leer nuestra Constitución para evitar atropellar a los derechos constitucionales del pueblo trabajador, como son el derecho a la organización, petición y a la manifestación pública y al pueblo nos queda la unidad popular bien estructura y consciente para evitar que otro gobierno emanado del actual partido en el poder, siga llevando al país al despeñadero que tanto criticaron.
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