MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

El Gobierno federal debe asumir su obligación constitucional

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El Estado de Derecho en el que vivimos sustenta su legalidad en la Constitución Política que nos rige a todos los mexicanos. Partiendo de esa premisa, urge considerar la situación actual de emergencia que vive el país a causa de covid-19, y que como consecuencia tiene paralizada la economía nacional, tanto por la inactividad, como por el desempleo, el cierre de empresas y negocios, etcétera. Cierto es que, para resolver un problema, debe analizarse su causa y no sus efectos; sin embargo, esto no es un absoluto, porque, incluso, la gravedad de los efectos de un tema como la pandemia que azota al mundo, es distinta en cada país, precisamente, por las condiciones en las que se origina la causa de la misma. Centrándonos en el caso de México, el problema es verdaderamente alarmante si nos comparamos con los países que han demostrado tener un Estado sólido, con recursos dispuestos para garantizar la vida y la salud de sus habitantes, así como un gobierno serio, atento, humanista y sobre todo comprometido, que en situaciones como ésta, resulta que la patria es su propia causa. Lamentablemente, no ocurre lo mismo aquí. Y no se trata de "grillar" o descalificar porque sí; nadie en su sano juicio puede desear que a su gobierno le vaya mal, porque eso implica un suicidio para el país. Pero sí es necesario hablar del problema, los porqués están implícitos en el sufrimiento de cada mexicano que hoy no tiene qué comer, en los enfermos que no se pueden curar, en los empresarios que no pueden pagar a sus empleados, o en quienes hoy están sepultando a su familiar, solo por citar algunos ejemplos. De este modo, intento contribuir con un somero análisis del problema para invitar a mis connacionales a reflexionar seriamente sobre lo que podemos hacer, cobijados bajo el manto de nuestra Carta Magna.

En la Constitución mexicana están consagrados, entre otros: el Derecho a la Salud y el Derecho a la Alimentación. Y es obligación del Estado Mexicano procurarlos, más aún porque nosotros cumplimos con una de las obligaciones que tenemos todos los ciudadanos: pagar impuestos, mismos que se administran en la federación y que deben emplearse para garantizar, en primer lugar, estos derechos que, además, están elevados a rango de Derechos Humanos. En este sentido, no es un despropósito exigir que se materialicen esos derechos, sobre todo y de manera excepcional cuando existe una situación de emergencia tan evidente. Así pues, el Estado está obligado a generar las condiciones de alimento y salud a todos los mexicanos cuando no hay manera de que las provisiones lleguen a los hogares a través de los jefes de familia, o cuando los servicios de salud pública estén colapsando por falta de insumos. No entender así su función, tanto los administradores y ejecutores del gasto público, resulta en una omisión y una grave falta, porque violentan la Constitución y porque las consecuencias de tal indolencia serán de magnitudes catastróficas para el país no solo en el tiempo que dure la gestión en turno, sino que habrá una crisis profunda y muy larga que deberán sortear las generaciones futuras que estarán heredando el peor de los escenarios políticos y sociales de acuerdo con los registros de nuestra historia reciente.

Entonces, ¿qué nos queda a los ciudadanos que pagamos impuestos, a los empresarios que de manera responsable están asumiendo el costo de la emergencia, a los comerciantes que ya no pueden abrir sus negocios o que ya quebraron, a los maestros, a los trabajadores que tienen que salir a las fábricas, que dicho sea de paso, serán ellos con su fuerza de trabajo quienes de algún modo oxigenen la economía del país, ¿qué deben hacer los jóvenes a quienes se les está dejando un país emproblemado? ¿Qué debemos hacer los mexicanos? Por lo menos, exigirle al gobierno federal que se responsabilice de la crisis, pero en serio. Es decir, que asuma que hay, al menos, 52 millones 425 mil 887 mexicanos que viven en condición de pobreza; es decir 41.9 por ciento de la población total y más de 9 millones de mexicanos padecen pobreza extrema (Fuente: Coneval 2018). Toda esta población necesita urgentemente ser atendida con un programa de alimentación y salud porque el hambre que de por sí sufre México, ahora con la pandemia, se está profundizando y se va a agravar, y la crisis social que se avecina no se va a resolver con los programas que se han prometido y que no sólo son insuficientes, sino que a la fecha no se concretan.

Por otra parte, la crisis económica que sufrirá el país, y con ello todos los sectores, es un tema muy preocupante. En un artículo reciente, luego de un análisis regional sobre la economía en América Latina, la CEPAL ha declarado que en México la caída del PIB alcanzará un 6.5 por ciento; es decir, no solo no crecemos, sino que nos sumergimos rápidamente en una crisis peor que la que se vivió en el mundo capitalista en los años 30 del siglo pasado y los efectos: ¡más pobreza, desempleo y mayor desigualdad! Y aunque el secretario de Hacienda diga que las finanzas del país son fuertes y sanas (¿¡!?), la realidad es que en millones de hogares hay hambre y desolación. Las implicaciones se resumen en una crisis social inédita. El panorama es devastador, cierto. Pero aún tenemos un recurso, el más valioso y poderoso: somos millones de mexicanos, ¡exijámosle al gobierno federal!, organicémonos en un frente común para que se dispersen los recursos que guarda celosamente la hacienda pública para que se le de alimento a los mexicanos, para que se les garantice a los sectores productivos el recurso necesario para que la economía se reactive pronto. Nuestra voz y determinación es hoy con lo que contamos y con lo que podremos paliar entre todos esta grave contingencia.

Niños y jóvenes de mi patria, dejo este llamado sincero a mi pueblo, ustedes merecen heredar un México entero y próspero; nosotros, sus padres, maestros, médicos, enfermeras, obreros, empresarios y su pueblo organizado, sus compatriotas antorchistas, habremos de luchar sin cortapisas, queda al gobierno federal la responsabilidad de escucharnos y cumplir con su obligación constitucional, de no ser así, que el pueblo se lo demande.

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