Que no hay estado del país que se salve de estar en manos del crimen y la delincuencia (también la oficial) ya lo sabíamos los mexicanos y nos lo recordó hace poco una ONG internacional con sede en Ginebra, Suiza, que según sus investigaciones, ya en 2021 le daba a México una calificación de 7.57, ubicándolo en el cuarto lugar global.
El índice muestra una radiografía de la criminalidad en los 193 países miembros de la ONU, clasificándolos del uno al diez, en actividades y transacciones criminales, redes ilícitas de comercio y explotación y actores criminales. Los indicadores de criminalidad considerados en el Índice son: tráfico humano, contrabando humano, tráfico de armas, crímenes contra la flora, crímenes contra la fauna, crímenes contra los recursos no renovables, tráfico de heroína, tráfico de cocaína, tráfico de cannabis y tráfico de drogas sintéticas.
El Gobierno del estado de Hidalgo, en lugar de atender y resolver las peticiones de la ciudadanía, presuntamente ordena actos intimidatorios.
Los indicadores también califican a los Gobiernos, por su liderazgo político y gobernanza, transparencia y rendición de cuentas gubernamental, políticas y leyes nacionales, cumplimiento de la ley, etcétera, donde también están reprobados, como sucede con el Gobierno del estado de Hidalgo, que en lugar de atender y resolver las peticiones de la ciudadanía, presuntamente ordena actos intimidatorios.
Ciertamente, ante la ola de violencia en nuestro país, pudiera parecer un acto más de violencia e inseguridad, pero por el lugar, la forma y las circunstancias en que ocurrieron los hechos, no hay duda de que se trata de un acto criminal que busca evitar que se reanuden protestas contra el Gobierno estatal.
Desde hace varias semanas nuestra organización llevó a cabo un plantón frente a palacio de Gobierno en demanda de atención y solución a las peticiones plasmadas en el pliego petitorio de 2023, que incluye la realización de obras y servicios básicos para diversas comunidades y colonias populares, como, por ejemplo, su intervención para la devolución de una parcela invadida a campesinos de Huejutla.
El pago de salarios a profesores y la construcción de nuevos centros escolares, y la regularización de 20 colonias en Pachuca, Tizayuca y Tulancingo, entre otras. Después de más de 20 días en plantón, recibimos la propuesta del secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, de que se levantara dicho plantón, comprometiéndose a iniciar las mesas de diálogo con el propósito de atender las justas y legítimas demandas que, desde hace casi dos años, fueron solicitadas al gobierno de Hidalgo.
Ante una propuesta así, hecha por un funcionario con nivel y capacidad resolutiva, el pasado 7 de mayo por la tarde se accedió a levantar el plantón, pero hasta el momento ninguna mesa de diálogo se ha llevado a cabo, ni una sola reunión, ni una sola petición ha sido atendida. Ante tal escenario, nuestra organización reinició la denuncia pública reclamando el cumplimiento de la palabra empeñada del secretario, Olivares Reyna.
El día de ayer viernes, en lugar de atención, a eso de las 19:45 horas, en un claro acto intimidatorio hacia dirigentes y antorchistas hidalguenses, recibieron aproximadamente diez disparos de arma de fuego de cuatro individuos a bordo de dos motocicletas que se detuvieron frente a las oficinas del Movimiento Antorchista Hidalguense y frente al domicilio particular de la dirigente estatal de dicho Movimiento, profesora Guadalupe Orona Urías, en la colonia Luz del Carmen Ocón, en Pachuca, ubicada a aproximadamente 700 metros de la Penitenciaría del estado, en un claro acto intimidatorio, para luego darse a la fuga.
Ante estos graves hechos intimidatorios y de represión política, igual que el antorchismo nacional, los antorchistas del estado de Querétaro, manifestamos nuestra solidaridad absoluta con nuestros compañeros hidalguenses.
Demandamos seguridad para nuestros compañeros integrantes del Comité Estatal y de manera especial a nuestra compañera Guadalupe Orona Urías, integrante de la Dirección Nacional y del Comité Ejecutivo, y hacemos responsable de su integridad física al Gobierno del estado, que encabeza Julio Menchaca Salazar.
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