Queriendo o no, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, tuvo que aceptar públicamente que en su gobierno se violentan los derechos humanos de los ciudadanos y que el aparato judicial del Estado es utilizado para abrir procesos y encarcelar a inocentes. Una forma de actuar que ha sido sistemáticamente denunciada por diversas voces, analistas, periodistas y medios de comunicación, organizaciones políticas y sociales, académicos, colegios de abogados, políticos opositores y de su propio partido y sobre todo, por ciudadanos de a pie y sus familias que han sido víctimas del abuso policial y la arbitrariedad judicial.
El pasado 21 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 146/2021 a la Fiscalía General del Estado y al Gobierno de Veracruz por la arbitraria detención y vinculación a proceso de 6 jóvenes xalapeños acusados de “ultrajes a la autoridad”, el delito de moda. En el instrumento jurídico la CNDH acredita plenamente que hubo abuso policial en la detención de los jóvenes y que nunca cometieron violencia en contra de los elementos de seguridad pública por lo que su arresto fue arbitrario, consignó que la Fiscalía manipuló pruebas y que hubo “motivos ocultos” para solicitar su vinculación a proceso ante un juez de control.
El caso tomó relevancia mediática, a nivel nacional, cuando el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila intercedió a su favor en videos a través de redes sociales y los visitó en diversas ocasiones en el penal de Pacho Viejo, donde los 6 xalapeños estuvieron recluidos desde el 3 de septiembre de 2021, cuando fueron aprehendidos en la plaza comercial El Tejar, según la versión oficial porque se les había visto en actitud sospechosa y se negaron a ser revisados por los elementos policiacos, amenazando a éstos con “2 navajas y 4 cuchillos”, por lo que los uniformados procedieron a neutralizarlos para llevarlos a prisión.
Un video dado a conocer por la periodista Azucena Uresti en el noticiero estelar de grupo Milenio, el 08 de diciembre, obtenido de las cámaras de seguridad de la mencionada plaza comercial, mostró como los 6 jóvenes detenidos jamás se resistieron a la revisión y mucho menos amenazaron a los policías con cuchillos y navajas, incluso al momento de ser detenidos no se mostraron violentos ni alterados. El video puede consultarse en la siguiente liga: https://twitter.com/azucenau/status/1468796669751930881
El 18 de diciembre, con este video como prueba principal, un juez federal otorgó un amparo a favor de los jóvenes y ordenó su liberación inmediata, sin embargo, las autoridades locales se negaron a acatar el ordenamiento. Para esas fechas el gobernador Cuitláhuac García ya había entablado un pleito con Ricardo Monreal por su constante intervención en el caso, lo había acusado de “defender delincuentes” y con ello, había descalificado a los jóvenes y violentado su presunción de inocencia.
Su negativa a aceptar el error en qué estaba incurriendo su gobierno y la fiscalía, lo llevó a ordenar el encarcelamiento de José Manuel del Río, brazo derecho de Monreal en el Senado, a manera de venganza política, lo que derivó en el pleito abierto que aún tiene con una fracción importante del Senado y provocó un escándalo nacional de gran alcance. Acción por la que mereció el respaldo abierto del presidente López Obrador, a quien en este caso no le importó ponerse del lado de la injusticia y la tiranía, acaso porque el pupilo Cuitláhuac García solo replica la actuación de su maestro, él.
Sin embargo, parece que la realidad les alcanzó. A la acusación de represor y tirano se ha sumado el señalamiento de que altos funcionarios de su gobierno tienen nexos con el crimen organizado y el reguero de cuerpos desmembrados por toda la entidad en estos primeros días del 2022, han probado que mientras el aparato de seguridad pública y judicial del Estado se utiliza para encarcelar a inocentes, los criminales actúan impunemente y a sus anchas.
Por ello, ahora con la cola entre las patas, apaleado y desenmascarado, al gobernador García Jiménez no le ha quedado de otra más que aceptar que los policías, la fiscalía y el juez han actuado injustamente en este caso, por lo que deben de ser investigados, ¿habrá algún castigo para ellos? Lo dudo.
No es todo, respetados colegios de abogados en la entidad, han referido que por el delito de ultrajes a la autoridad han sido procesadas, en los últimos meses, hasta 200 personas por semana. Hay en las cárceles actualmente más de 2,400 detenidos por este tipo penal, ¿cuántos inocentes estarán presos?, no lo sabemos, pero seguramente son la mayoría. Falta ver que en estos casos también se actúe con respeto a la ley y se les deje en libertad.
Dentro de la recomendación de la CNDH, (que por cierto no encabeza ningún opositor, sino una fanática morenista como Rosario Piedra Ibarra), se ha ordenado al Gobierno de Veracruz revisar el tipo penal de ultrajes a la autoridad y derogarlo del Código Penal, porque además es inconstitucional. “Ultrajes” es un término bastante vago e impreciso y, por lo tanto, se presta a ser utilizado a conveniencia por los elementos de seguridad pública, abriendo la posibilidad a la arbitrariedad y la actuación ilegal de éstos. El delito es, además, innecesario, pues ya existen tipos penales como lesiones, amenazas, tentativa de homicidio y, por supuesto, homicidio, para proteger a los policías de la violencia de los verdaderos criminales, que fue la justificación del gobernador Cuitláhuac García para reformar el Código Penal en marzo de 2021.
En conferencia de prensa, el miércoles 12 de enero, Cuitláhuac García dijo que iban a corregir, sin embargo, hasta el momento no ha solicitado al Congreso Local que el tipo penal de “ultrajes a la autoridad” sea eliminado de la legislación. Además, como si de una mala comedia se tratara, el mismo día, un grupo de policías detuvo a un empleado de una constructora en la carretera Xalapa-Coatepec, por cometer ultrajes a la autoridad.
Originalmente lo retuvieron porque portaba 800 mil pesos en efectivo que recién había retirado de una institución bancaria, el dueño de la constructora llegó en su auxilio y probó el origen plenamente legal del dinero, que sería utilizado para el pago de nómina de su personal, por ello, ante la falta de elementos para procesarlo se llevaron a su empleado por “ultrajes a la autoridad” y ya fue vinculado a proceso penal. Por cierto, el dueño de la constructora señala que los policías retuvieron el dinero y cuando lo devolvieron solo entregaron 650 mil pesos, se perdieron en el proceso 150 mil. Ver para creer.
La sociedad veracruzana debe estar atenta al curso de los acontecimientos. Aceptar la recomendación de la CNDH puede tratarse de una simple simulación, de una excepción por lo mediático del caso de los 6 jóvenes, y no una muestra de que las cosas se quieren enderezar realmente en el estado. Hay que estar atentos para continuar denunciando todas las injusticias que comete este régimen y, lo más importante, abrir los ojos ante estos hechos para no volver a llevar al poder a dictadorzuelos incompetentes.
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