Al sur de Tlaxcala se encuentra San Martín Xaltocan, uno de los 60 municipios del estado que, de acuerdo con los datos de 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), cuenta con un total de 10 mil 601 habitantes; en donde la actividad económica de los pobladores se desarrolla básicamente a partir de la agricultura y ganadería.
San Martín Xaltocan es un municipio que vive en carne propia la verdadera realidad de la injusticia, de la desigualdad, que la mayoría de los mexicanos viven.
En esta población residía Quirino N., de 45 años, quien se distinguió por ser un ciudadano pacífico con su comunidad, dedicado a su trabajo en una empresa dedicada a la venta de aluminio, con razón social en Apizaco; además de ser un apasionado del béisbol desde su adolescencia hasta el día de su muerte (El Sol de Tlaxcala, 21 de julio de 2022).
Este municipio fue testigo no sólo de su calidad humana, como padre, como un hombre trabajador y apasionado del deporte, sino también de su lamentable y evitable fallecimiento en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, esto, después de ser arrestado por elementos de la policía municipal tras su presunta participación en una riña, situación en la que dichos agentes abusaron de su posición de poder y lo sometieron con violencia ante la resistencia presentada por el detenido (otras versiones refieren que ésta se debió a su estado de ebriedad, pero cabe hacer hincapié que este no es el problema, sino el hecho en sí y la causa de fondo que lo provoca).
Malherido, Quirino N., fue transportado a la Comisaría de Seguridad Pública del municipio, donde finalmente falleció y su muerte provocó el descontento de familiares, amigos, conocidos y vecinos. Ese día, se vivió un clima de mucha tensión y destrozos en las instalaciones de la institución que se supone debe garantizar la seguridad pública.
Los habitantes de este municipio viven una realidad que se impone ante la supuesta realidad que, según la insistencia de la oficialidad, se vive y mejora para todos los pobladores de la entidad. Pero no es la única manifestación de la verdadera realidad que viven la mayoría de los tlaxcaltecas y de los mexicanos en general.
En los últimos días, el estado ha sido escenario de diversos actos que han tenido como consecuencia la aplicación de la justicia por propia mano de los pobladores. Tal es el caso de Tlalcuapan, donde el 15 de abril del presente año, el descontento y hartazgo de la población terminó en un linchamiento.
Y así, han ocurrido otros y algunos que se han quedado en intento de linchamiento. Ocurrió en Mazatecochco, en Chiautempan, por mencionar algunos. De ninguna manera mi intención es justificar estas acciones por la creciente inconformidad popular, pues, como mencionaba líneas arriba, este fenómeno tiene una causa de fondo.
Aunque la muerte de Quirino N., y los linchamientos son situaciones distintas, ambos sucesos evidencian la gran crisis que vive el Gobierno del estado y sus diversos órganos de justicia. En primer lugar, el estado carece de un sistema de justicia, que además de contar con personal capacitado, brinde la confianza a la población de que sus derechos estén garantizados y del mismo modo aplique la justicia para todos evitando la impunidad en todos sus niveles.
Si no es así, las consecuencias seguirán siendo los hechos ya mencionados arriba. ¿Pero qué causa esta realidad? ¿A quiénes benefician realmente el sistema de justicia del estado y del país? La respuesta está a la vista de todos, y nos queda claro que no es a las familias en situación de pobreza, no es a los campesinos, no es a los obreros, no es las amas de casa, mucho menos a los estudiantes, sino a los que pueden pagar por ese servicio: las familias adineradas, poderosos empresarios, políticos de renombre, en pocas palabras, a los ricos de esta esta sociedad, quienes representan la ínfima parte de nuestra población, pero que se benefician de los impuestos pagados por la mayoría.
Por todo lo anterior, mientras no exista un sistema de justicia que garantice el cumplimiento de los derechos del hombre y la mujer, que elimine la impunidad tan evidente en los tiempos de 4T, mientras los abrazos no alcancen para las mayorías pero sí los balazos y el uso de la fuerza, la realidad se seguirá imponiendo a pesar de los intentos del Estado por encubrirla, ya sea a través de estrategias para la prevención social de la violencia y delincuencia o con protocolos de Actuación en Linchamientos y Cierres Carreteros por Manifestaciones, como el que recientemente acaba de proponer la gobernadora del estado, Lorena Cuéllar Cisneros, las cuales son al vapor (prácticas repetidas del Gobierno federal).
Mientras no se quieran atacar las verdaderas causas de la desigualdad y de la pobreza estado y del país, seguiremos en espera de ese nuevo sistema de justicia.
Por ello, es necesaria la acción del pueblo, no haciendo justicia por su propia mano, sino organizándose en relación con un mismo fin, a un mismo objetivo: la toma del poder político.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario