MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

En Yucatán, cinco años sin soluciones para el pueblo

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A cinco años de distancia, la actual administración estatal encabezada por el Lic. Mauricio Vila Dosal, gobernador del Estado, se negó de manera reiterada a resolver un sencillo pliego petitorio de demandas de obras y servicios de miles de familias yucatecas organizadas en el Movimiento Antorchista, mismas que de resolverse dignificarían su vida y la harían más humana, dado que éstas son de carácter educativo, vivienda, regularización de colonias, lotes, arreglo y pavimentación de calles, insumos agropecuarios, proyectos productivos, electrificaciones, parques y despensas, entre otras.

Desde sus inicios, este gobierno ha mostrado menosprecio por las demandas enarboladas por grupos u organizaciones sociales, mismos que son estigmatizados por el actual gobierno federal, aduciendo siempre que son las reglas de operación, que los problemas se atenderán institucionalmente de manera personal y que por tanto nada se puede hacer para atender y menos resolver las demandas de carácter colectivo.

Sin embargo, los antorchistas nunca hemos pedido privilegios, si nos hemos organizado, es porque tampoco en forma individual se resuelven los problemas como se pregona oficialmente. Así, cientos de familias humildes de Mérida desfilaron por el Instituto de Vivienda del Estado (IVEY), solicitando se les dote de un lote con facilidades de pago donde puedan edificar una vivienda; por años, habitantes de las colonias Cecilio Chi y Leona Vicario de Kanasín, han solicitado la regularización de los predios donde se asentaron para tener certeza jurídica y puedan contar con los servicios básicos; en este mismo municipio, ciudadanos, padres de familia y jóvenes estudiantes de la zona oriente, vienen solicitando el reconocimiento oficial de la escuela preparatoria de nueva creación “Felipe Carrillo Puerto”, toda vez que a pesar de ser el segundo municipio más poblado del Estado, solamente cuenta con un Colegio de Bachilleres.

Campesinos y mujeres del interior del Estado, siguen pidiendo sean incluidos en los programas de insumos agropecuarios y paquetes artesanales para urdido de hamaca y bordado, mismos que ayudarán en la economía familiar; también, pueblos y colonias marginadas han solicitado por años la introducción de servicios de agua potable, electrificación, pavimentaciones de calles, parques y alumbrado público; finalmente, se han solicitado despensas y aves de traspatio para mejorar la calidad alimenticia de familias de escasos recursos económicos.

Pero ni siquiera porque son cosas elementales como bien puede juzgarse por la descripción que se hace de las peticiones, el gobierno del Estado no ha querido resolverlas, esto a pesar del discurso “humanitario” y de “compromiso” con los yucatecos más necesitados que se vierte un día sí y otro también. 

Se hace mucha alharaca acerca de que el índice de pobreza en Yucatán disminuyó, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al pasar de un millón 900 mil yucatecos (49.5%) en 2020 a 920 mil 200 (38.8%), restando importancia al hecho, que los mismos datos del Coneval, muestran que, en el Estado, un millón 637 mil 700 personas (más de la mitad de la población) padecieron al menos una carencia social en 2022.

Así, en el caso de carencia por acceso a servicios de salud hubo un aumento de 255 mil personas, es decir, que de los 578 mil 500 que había en 2020 pasó a 833 mil 700 en 2022. Otros tipos de carencias en los que se incrementó el porcentaje, fueron el de calidad y espacios de la vivienda, que pasó de 12 por ciento en 2020 a 12.6 en 2022, y carencia por acceso a servicios básicos, de 34.6 a 34.8 por ciento.

Por tanto, la disminución del índice de pobreza no es tal, porque quien carece de servicios de salud de calidad y de espacios en su vivienda, así como de servicios básicos, aunque se les denomine vulnerables, no dejan de ser pobres, ya que sus recursos económicos no son suficientes para resolver sus necesidades.

Ésta es la realidad que viven más de la mitad de los yucatecos, entre los que se cuentan los antorchistas, por eso nuestra petición e insistencia de que las autoridades estatales resuelvan nuestras añejas peticiones de obra social y de servicios. 

Estamos en la antesala de las elecciones del próximo año en que se elegirá de nueva cuenta quién dirigirá los destinos de Yucatán y esta situación, a nuestros gobernantes no debiera pasar desapercibida, ya que la disposición, atención y solución a los problemas de los yucatecos, determinará en buena parte el rumbo que tomen quienes todo les han negado hasta ahora, en las elecciones venideras. 
No cumplir las promesas hechas, llevarán a los electores a tomar un rumbo político distinto, ya que es un hecho que la política adoptada durante estos cinco años por el gobierno estatal actual, no está mejorando la condición de bienestar de los grandes sectores trabajadores y populares. 

El voto popular puede cambiar al partido que gobierna, buscando colocar en el poder a gente que haga mejor las cosas, que conozca más de la problemática del Estado, la caracterice mejor y se oriente en todos los ámbitos. 

Por eso, en la marcha por la construcción de un proyecto de Estado en el que participen las masas populares, hoy ausentes en la política, los antorchistas sabemos que en las elecciones que vienen, el pueblo yucateco debe reaccionar y votar correctamente, con conocimiento de causa.

No basta ser el gobernador mejor calificado en las encuestas, se necesita también, que, en los hechos, cumpla con la responsabilidad que le toca, misma que le fue conferida por un importante número de yucatecos y que en estos cinco años transcurridos no ha calado hondo en el mejoramiento del nivel de vida de la mayoría de los yucatecos.  

Por enésima ocasión elevamos nuestra voz, para exigir que nuestras demandas sean consideradas y resueltas; por lo pronto, el próximo 19 de octubre a las 10 de la mañana, el pueblo organizado en las filas del Movimiento Antorchistas acudiremos a Palacio de Gobierno en comisión, para exigir solución a nuestras legítimas demandas.
 
 

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