MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Gobierno de Hidalgo, ciego y sordo frente a las demandas de sus gobernados 

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El pasado 19 de mayo de los corrientes, el sitio digital hidalgo.lasillarota.com, daba cuenta de que: “a un año de la pandemia, el porcentaje de la población de Hidalgo que no puede comprar la canasta alimentaria con su ingreso laboral aumentó 5.8 puntos porcentuales del trimestre de 2020 al mismo período de 2021. Así se desprende-agrega la nota- del índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) publicado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con el fin de mostrar la evolución de este tipo de precariedad en el país. Las numerarias del Coneval precisan que al primer trimestre de 2020 y previo a la contingencia sanitaria, el 44.3 por ciento de la población hidalguense tenía ingresos inferiores al valor de la canasta alimentaria, cuyo costo en marzo del año pasado fue de 1,637.07 pesos. Sin embargo, la situación empeoró para enero, febrero y marzo de 2021, pues ahora 50.1 por ciento de los hidalguenses carecen de ingresos para comprar la canasta, valuada por el Coneval en 1,693.38 pesos; es decir, 56.31 pesos más que el año pasado. Lo anterior refleja que el número de habitantes en pobreza laboral se incrementó de 44.3 a 51.0 por ciento entre 2020 y 2021, lo que indica un aumento de 5.8 puntos porcentuales. Con esto, Hidalgo no solo superó la media nacional de 39.4, sino que también se ubicó entre los 26 estados del país que reflejaron un incremento de pobreza laboral a un año de la pandemia”. Hasta aquí la nota.

De acuerdo con estos indicadores, Hidalgo se coloca vergonzosamente en la sexta posición a nivel nacional en materia de pobreza laboral.

Por otra parte, la jornada.hidalgo.com.mx, dio cuenta recientemente que comunidades indígenas de los municipios de Calnali, Chilcuautla, Ixmiquilpan, Cardonal, Santiago de Anaya, Zimapán y Alfajayucan, Hidalgo, “condenaron que el Gobierno del Estado de prioridad a la construcción de puentes elevados en la ciudad de Pachuca, en lugar de atender a las necesidades en infraestructura básica que necesitan y requieren de un menor presupuesto”. La nota agrega que “en la Secretaría de Obras Públicas del estado, han estado solicitando audiencias, pero no les dan una respuesta favorable, por lo que piden que sean los diputados quienes pidan al titular de la dependencia comparecer para dar una respuesta a sus demandas”.

El diario La Jornada Hidalgo de fecha 18 de mayo de los corrientes,  en sus titulares  afirmaba que el estado de Hidalgo se ubica, en términos de empleo, en el quinto lugar nacional en informalidad; aseguraba que mientras en el primer trimestre del 2020 había 40 mil 814 personas sin empleo, para el mismo trimestre del 2021, la cifra se vio incrementada a 51 mil hidalguenses sin trabajo; el 54.1% (más de la mitad de las personas en edad de trabajar, aclaro yo) de las personas en edad laboral dijeron tener un empleo o estar buscando uno; al menos 441 mil 557 personas no acceden a prestaciones y un sueldo estable. 

Como se desprende fácilmente del contenido de estas notas publicadas por diversos medios, pero sobre todo de la realidad que viven miles de hidalguenses; las cosas en Hidalgo no andan tan bien como asegura el gobierno del estado y como lo ha venido denunciando el Movimiento Antorchista Hidalguense durante el tiempo que dura ya la actual administración. Marchas y plantones incluso en tiempos de pandemia, no han sido suficientes para tocar la sensibilidad del mandatario estatal; tampoco la entrega de cuando menos 100 mil firmas entregadas al congreso local de mayoría morenista con las que se solicitó juicio político contra el mandatario estatal; frente a todo esto, mas indolencia y falta de respuesta a las demandas de carácter prioritario que han sido planteadas en tiempo y forma a la administración del licenciado Omar Fayad Meneses. Frente al desempleo y la carencia de recursos para adquirir la canasta alimentaria básica, una negativa tozuda a la implementación de un programa alimentario con despensas y maíz a pesar de que se cuenta con recursos para ello; frente a la falta de obras de infraestructura básica en pueblos y colonias, inversiones millonarias en obras viales y puentes en la capital del estado, que aunque necesarias, no son prioritarias frente al rezago que padecen miles de hidalguenses en materia de agua potable, luz, drenaje, caminos, vivienda, etc.

Hasta ahora, los hidalguenses que se atreven a protestar y a levantar su voz, como es su derecho, han recibido como respuesta el desdén de las autoridades y en muchos casos la represión física y administrativa como ha ocurrido en múltiples ocasiones con el pueblo organizado y consciente que milita en las filas del antorchismo. Recordar la detención arbitraria de varios de sus militantes por parte de la policía estatal sin ninguna justificación legal, la represión ejercida sobre la población que se disponía a marchar en número de 40 mil por las calles de la capital, bloqueándole caminos y carreteras para evitar su arribo a Pachuca y que provocaron incluso, la muerte de una de las participantes  en un accidente provocado, en parte cuando menos, por la policía estatal y que miles hayan tenido que caminar entre 10 y 20 kilómetros para arribar a la capital del estado; la negativa a atender sus demandas y necesidades como el pago de salarios de cerca de un centenar de profesores a quienes se les adeuda su salario desde hace más de un año, entre muchas otras acciones ideadas y orquestadas desde la oficina del secretario de Gobierno Simón Vargas.

Hay que destacar la más reciente y que se viene denunciando desde el pasado doce de mayo por diversos medios y que consiste en la invasión y despojo de un predio en Huejutla destinado para construir vivienda a la que tienen derecho 500 familias, por parte de un grupo de delincuentes que sin ninguna justificación legal, pero seguramente con la complacencia del gobierno del estado, invadieron impunemente el predio, sin que ninguna autoridad cumpla con su obligación de hacer respetar la ley como es su obligación. Más de diez días de denuncia continua y el gobierno del estado permanece ciego y sordo ante el reclamo de justicia y aplicación de la ley a los infractores.

Las razones aquí expuestas y consignadas muchas de ellas por la prensa escrita, la radio y los medios digitales, dan cuenta de que en Hidalgo se gobierna mal y sólo para un sector de la población; por ello, el próximo jueves 27 de mayo de los corrientes, contingentes de antorchistas marcharán simultáneamente en la ciudad de Huejutla y la capital Pachuca, para denunciar el abuso de autoridad, la impunidad con que se gobierna en Hidalgo y el uso faccioso de los recursos públicos que son de todos los hidalguenses y no de los gobiernos en turno. En la capital del estado, al término de la marcha será instalado un plantón por tiempo indefinido hasta que el gobierno desaloje a los invasores, castigue con cárcel a los responsables y atienda y resuelva las demandas de miles de familias hidalguenses que tienen derecho a una vida mejor. Nada más, pero nada menos.

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