La necesidad de vivienda en el estado de Sinaloa es muy grande; no hay ninguna duda: en el Periódico Oficial del Estado (POE) del 27 de octubre de 2023 dice a la letra:
“En la entidad se estiman 212 mil personas con carencia social por motivo de la calidad y espacios de la vivienda, así como 354 mil personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, los cuales en términos porcentuales representan el 7 y 11.7 % del total de la población en 2020”.
Eso lo dice el POE en la sección que da a conocer el acuerdo de la Comisión de Vivienda del Estado de Sinaloa (CVIVE) mediante el que se emiten las reglas de operación para el programa de ahorro previo para la adquisición de lotes con servicios progresivos.
Las cifras anteriores no dejan lugar a dudas de que el Gobierno del estado, a través de la institución encargada de atender el problema de la vivienda, tiene claro que su tarea no es menor; que sumando a los dos grandes grupos que cita el POE hay al menos 566 mil sinaloenses que no tienen satisfecha su necesidad de vivienda; que sufren por no tener las condiciones adecuadas para vivir.
Es del dominio público que al padecer dichas carencias, muchas personas pertenecientes a distintas organizaciones han salido a las calles desde el inicio de la actual administración, que ya cumple dos años, para solicitarle al gobernador Rubén Rocha Moya que se atienda el problema, que se adquiera reserva territorial y que se brinden oportunidades de adquisición de lotes baratos a las familias trabajadoras que por años no han podido hacerlo.
Ante la serie de protestas, y como respuesta a ellas, la CVIVE emitió el acuerdo de cuya introducción cité una parte en las primeras líneas de este escrito. ¿Qué más incluye la respuesta del estado a las necesidades de vivienda de los sinaloenses?
Después de mencionar las condiciones de rigor para acceder al apoyo (ser de escasos recursos económicos, no tener una propiedad, entregar la documentación requerida, etcétera) el documento dice dentro del apartado “OPERACIÓN” lo que interesa realmente:
“La Comisión de Vivienda podrá adquirir una reserva territorial una vez captado el ahorro y/o financiamiento suficiente para cubrir dicha adquisición. La reserva deberá ser suficiente para abastecer el grupo de ahorradores de los que se utilice el recurso, para ser beneficiario del Programa.”
Dos cosas hay que resaltar de lo anterior:
1) Que la CVIVE no compromete una fecha precisa para comprar la reserva territorial, como lo han demandado los solicitantes de lotes
2) No dice, más allá de la aportación de los mismos ahorradores, cómo ni cuándo conseguirá el financiamiento para la compra de la reserva territorial.
¿Y si el financiamiento no se consigue por vía alterna? ¿Y si los ahorradores no han sido siquiera reconocidos mediante la recepción de sus documentos por parte de la CVIVE? ¿Cuál es el compromiso de la comisión entonces? Si no han inscrito a los ahorradores, ¿de qué recurso de ellos se podría disponer? ¿No es esto la preparación del fracaso de un programa por no contar con recursos de ningún tipo?
Pero esto no es todo. La puntilla viene en los TRANSITORIOS:
“Las presentes Reglas de Operación, entrarán en vigor a partir de su publicación y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023” (Idem).
Las reglas se publicaron en el POE el 27 de octubre y fenecen el 31 de diciembre, por lo que están vigentes la grandiosa cantidad de dos meses. Al día de hoy no se ha recibido documentación de una sola persona agremiada al Movimiento Antorchista para inscribirla al programa.
A decir de las autoridades de CVIVE, se publicaría una convocatoria para acceder al mismo, cosa que nunca ocurrió; el portal de internet de la multicitada comisión no contiene información al respecto ni tampoco la revisión de la prensa local arroja nada.
En resumen, no se tienen asegurados recursos oficiales de ningún tipo que permitan al gobierno comprar la reserva territorial; la gente que está dispuesta a pagar en abonos su lote de vivienda no ha sido atendida y ni siquiera se le ha dado fecha para que reciba la documentación que marcan las reglas de operación.
Tampoco se ha emitido convocatoria alguna —no se ve por ningún lado— y a un mes de que concluya el año y la vigencia de las reglas del programa de ahorro, se ve claramente que la intención es no resolver nada en 2023. La CVIVE, pues, se burla de las necesidades de la gente.
Ante la burla, los solicitantes de vivienda deben protestar y exigir que se les den garantías de que serán atendidos mediante acciones concretas: cantidad de lotes a asignar, ubicación, costo y plazos cortos para su adquisición.
Protesto enérgicamente contra las maniobras de la CVIVE que impiden que se cumpla el compromiso del gobernador, Rubén Rocha Moya, de apoyar a que las familias sinaloenses tengan un techo propio bajo el cual vivir.
Asimismo, urjo respetuosamente al primer mandatario del estado a hacer que se cumplan las leyes federales y locales que garantizan el derecho de todos a una vivienda.
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