La educación es proclamada como un derecho universal, indispensable para el desarrollo individual y colectivo. Sin embargo, la realidad muestra una brecha significativa entre este ideal y las condiciones prácticas que enfrentan miles de estudiantes, especialmente en estados como Sonora.
Aunque en teoría la educación debe ser accesible para todos, en la práctica, múltiples barreras económicas, sociales y estructurales limitan el acceso equitativo a este derecho, perpetuando desigualdades que parecen insalvables.
México destina apenas 4.1 % del PIB a la educación, una cifra muy por debajo del promedio recomendado por organismos internacionales como la Unesco.
Uno de los indicadores más alarmantes de esta situación es la elevada tasa de abandono escolar. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Sonora ocupa el tercer lugar a nivel nacional en deserción universitaria, con un preocupante 13 % de estudiantes que abandonan sus estudios superiores.
Esta cifra, aunque impactante, es solo la punta del iceberg, ya que la deserción afecta también a niveles básicos y medios.
Las razones detrás de este fenómeno son multifacéticas, pero destacan las dificultades económicas como la causa principal. Familias con ingresos limitados no pueden costear los gastos básicos relacionados con la educación, como transporte, materiales escolares y uniformes.
Este problema es más agudo en comunidades rurales e indígenas, donde las oportunidades económicas son casi inexistentes y las familias deben priorizar la supervivencia diaria sobre la educación de sus hijos. Un estudio reciente en el sur de Sonora confirmó que la falta de recursos económicos es uno de los factores determinantes en el abandono escolar, particularmente en el nivel medio superior.
A esta problemática se suma el estado deplorable de la infraestructura educativa. Aunque el gobierno estatal ha realizado esfuerzos significativos, como la inversión de casi 13 mil millones de pesos, la realidad es que estos avances no han sido suficientes para cubrir las necesidades de todos los planteles.
En agosto de 2024, se reportaron problemas graves de infraestructura y vandalismo en cinco escuelas de Sonora, afectando a tres planteles en Cajeme y dos en Hermosillo.
La deficiencia en las instalaciones no sólo compromete el aprendizaje, sino también la seguridad de los estudiantes y maestros. Techos colapsados, baños inservibles, falta de ventilación adecuada y carencia de materiales básicos son parte del día a día en muchas escuelas del estado.
Además, la falta de condiciones seguras para el tránsito, como caminos deteriorados o insuficientes rutas de transporte público, dificulta que miles de estudiantes, especialmente en zonas rurales, puedan llegar a sus aulas.
Por otro lado, los docentes enfrentan sus propios desafíos. Aunque se han anunciado incrementos salariales en los últimos años, estos no han sido suficientes para dignificar plenamente su labor.
En 2022, el gobierno estatal reportó un aumento salarial para maestros y personal de apoyo, pero las disparidades salariales, la sobrecarga laboral y la falta de oportunidades para el desarrollo profesional siguen siendo una constante.
Los maestros no sólo enfrentan retos económicos, sino también emocionales y profesionales al lidiar con grupos numerosos, falta de materiales y condiciones laborales precarias. Esto afecta directamente la calidad de la enseñanza y, por ende, el futuro académico de los estudiantes.
A nivel nacional, la situación no es diferente. México destina apenas 4.1 % del PIB a la educación, una cifra muy por debajo del promedio recomendado por organismos internacionales como la Unesco (6 %).
Además, la recaudación fiscal en el país es de 16 % del PIB, frente a 23 % promedio en América Latina, lo que limita significativamente los recursos disponibles para financiar programas educativos y mejorar la infraestructura.
Mientras tanto, los estudiantes de familias adineradas tienen acceso a instituciones privadas con tecnología avanzada, instalaciones modernas y personal capacitado, perpetuando un sistema donde la calidad educativa es un privilegio y no un derecho.
Por otro lado, los niños y jóvenes de zonas marginadas deben conformarse con escuelas en ruinas y programas insuficientes, lo que los coloca en desventaja desde el inicio de su vida académica. La educación en México no puede seguir siendo un lujo para quienes pueden pagarla.
Es imperativo que el gobierno tome medidas drásticas y estructurales para garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad, como incrementar la inversión pública en educación, destinando más recursos a infraestructura, materiales y capacitación docente, así como reformar el sistema fiscal para asegurar una recaudación más justa que financie la educación pública.
El sistema educativo debe ser el motor de cambio social, no un reflejo de las desigualdades que enfrenta el país. Sólo con una educación accesible y de calidad para todos podremos construir una sociedad más justa, equitativa y próspera.
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