La elección de jueces se ha convertido en un instrumento de poder que refuerza la dictadura presidencial, erosionando las bases de la democracia y la justicia en nuestro país. Los cambios recientes en la manera de elegir a los jueces han dado lugar a un sistema en el que estos funcionarios están cada vez más subordinados al poder Ejecutivo, transformándose en meras extensiones del mismo.
Esta realidad plantea una pregunta crucial: ¿quién, desde el poder, será capaz de oponerse a una decisión política de encarcelar a un mexicano sobre el que caiga la ira desmedida del poder presidencial? La respuesta, trágicamente, es ninguno.
Es hora de que los ciudadanos tomen las riendas de su destino, luchando por un sistema judicial verdaderamente independiente y una sociedad en la que la justicia y la democracia prevalezcan.
El proceso de selección de jueces, que debería ser independiente y libre de influencias políticas, ha sido corrompido para servir a los intereses del ejecutivo.
La Presidencia de la república, así como los gobernadores, ahora tienen a su disposición un número creciente de jueces a modo, aquellos que están dispuestos a sacrificar los principios de justicia para complacer al poderoso en turno.
Esta situación no sólo amenaza a los opositores políticos, sino que también pone en peligro a cualquier ciudadano que se cruce en el camino de los intereses del gobierno. Para estos jueces, será un honor encarcelar a aquellos que sean considerados una amenaza para el poder, sin importar la falta de evidencia o el abuso de autoridad.
La reforma judicial que permite esta concentración de poder en manos del presidente y los gobernadores ha sido criticada tanto a nivel nacional como internacional. Funcionarios de los Estados Unidos y de otros países han expresado su preocupación por el deterioro de la democracia en México y el impacto que esto podría tener en las relaciones comerciales y políticas.
Sin embargo, la historia nos enseña que las potencias extranjeras, incluidos los Estados Unidos, han estado dispuestas a ignorar las violaciones a los derechos humanos y a la democracia cuando ello favorece sus intereses económicos y geopolíticos.
En innumerables ocasiones, los gobiernos de Estados Unidos y otras naciones han respaldado a dictaduras represivas a cambio de garantías para sus negocios y ventajas estratégicas. Las declaraciones de preocupación por parte de diplomáticos y líderes internacionales, aunque bien intencionadas, a menudo carecen de la fuerza necesaria para contrarrestar un sistema que beneficia a las élites políticas y económicas.
Si las reformas judiciales en México garantizan la continuidad de sus intereses comerciales, es probable que estas potencias den su visto bueno, aun cuando ello implique el sacrificio de la democracia y la justicia en nuestro país.
En este contexto, la esperanza de detener esta embestida contra la democracia no puede depositarse en actores externos. Los ciudadanos no deben esperar que las potencias extranjeras, motivadas por sus propios intereses, vengan a salvar la situación.
En lugar de ello, la solución debe provenir del pueblo mismo. Sólo un pueblo politizado y organizado, consciente de su realidad a través del estudio profundo y la experiencia vivida, podrá construir algún día una sociedad verdaderamente democrática y justa para las mayorías.
La politización de la sociedad es esencial para enfrentar la concentración de poder y la manipulación del sistema judicial. A través de la educación y la organización, los ciudadanos pueden comenzar a cuestionar y desafiar las estructuras de poder que perpetúan la injusticia.
Es fundamental que las comunidades se unan en un frente común para exigir transparencia, independencia judicial y el respeto a los derechos humanos.
La creación de una sociedad democrática y justa requiere un cambio profundo en la mentalidad colectiva. Los ciudadanos deben reconocer que la democracia no es solo un sistema de gobierno, sino un proceso continuo de participación, vigilancia y resistencia contra cualquier forma de opresión.
Enfrentar la dictadura presidencial y el poder desmedido del ejecutivo es una tarea ardua, pero no imposible. Con la unidad y el compromiso del pueblo, es posible revertir las reformas que han debilitado la democracia y trabajar hacia un futuro en el que la justicia no esté al servicio de unos pocos, sino al de todos.
En conclusión, la elección de jueces bajo el control del poder ejecutivo es un síntoma alarmante de la creciente dictadura presidencial en México. La solución no vendrá de las potencias extranjeras, sino de un pueblo consciente y organizado.
Es hora de que los ciudadanos tomen las riendas de su destino, luchando por un sistema judicial verdaderamente independiente y una sociedad en la que la justicia y la democracia prevalezcan.
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