En 2024, más de la mitad de la población urbana en México consideró que vivir en sus localidades es inseguro, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi. Este panorama desolador pone en entredicho la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno federal y de los gobiernos estatales, incluida la polémica “abrazos, no balazos” promovida desde 2018.
México sigue registrando una media de 70 a 80 homicidios diarios. Este dato, por sí solo, es alarmante y evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la población.
La presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete han destacado una ligera disminución en ciertos indicadores de violencia en los últimos meses, pero estas cifras no son suficientes para contrarrestar la realidad cotidiana de millones de mexicanos.
Los datos preliminares muestran que el país cerró el año con 26 mil 715 personas asesinadas, una cifra que probablemente aumente cuando el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presente sus informes definitivos. Esto significa que México sigue registrando una media de 70 a 80 homicidios diarios. Este dato, por sí solo, es alarmante y evidencia la incapacidad de las autoridades para garantizar la seguridad de la población.
Guerrero, un estado clave en la geografía de la violencia, ilustra de manera contundente esta crisis. Aunque las autoridades reportaron una disminución del 15.7 % en homicidios en el último trimestre de 2024, la percepción de inseguridad sigue siendo altísima.
En Chilpancingo, nueve de cada diez habitantes se sienten inseguros; una estadística que refuerza el fracaso de las políticas de seguridad.
Además de la percepción, los hechos son innegables: Guerrero es un punto de disputa entre varios grupos delictivos. Esta realidad ha convertido al estado en una de las regiones más peligrosas del país, con una tasa de homicidios dolosos de 45.39 por cada 100 mil habitantes en 2024, muy por encima de la media nacional.
Mientras tanto, el gobierno federal celebra la captura de algunos “objetivos prioritarios” en operativos en Acapulco, pero esto no cambia el panorama general.
El combate fragmentado contra grupos delictivos no aborda las raíces estructurales de la violencia: desigualdad, impunidad y colusión entre autoridades y crimen organizado. Estos factores perpetúan un ciclo de inseguridad que afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables.
Las cifras también revelan un contraste preocupante. Mientras estados como Guanajuato y Baja California lideran en número absoluto de homicidios, Colima, Morelos y Guerrero destacan en tasas por habitante, lo que demuestra que no sólo los estados grandes sufren esta crisis.
En Colima, por ejemplo, la tasa de homicidios dolosos alcanza 103.10 por cada 100 mil habitantes, convirtiéndola en la región más violenta del país.
La administración de Sheinbaum ha anunciado la implementación de reformas constitucionales para otorgar “superfacultades” a la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, la concentración de poder en instituciones centralizadas no garantiza éxitos si no se acompaña de una estrategia integral que incluya justicia social, fortalecimiento del tejido comunitario y combate efectivo a la corrupción.
México necesita urgentemente una política de seguridad integral, que vaya más allá de estadísticas manipuladas y promesas vacías. La ciudadanía merece vivir sin miedo, y hasta ahora, ni el gobierno federal ni en Guerrero han demostrado tener la capacidad o la voluntad para garantizar este derecho fundamental. La pregunta que todos los mexicanos nos hacemos es: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que nuestras autoridades entiendan que la estrategia actual no funciona?
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