Desde la semana pasada se ha difundido en todo México la situación de la joven Paola Andrea Bañuelos Flores. Primero, la noticia fue sobre su desaparición en Mexicali, que lamentablemente pasó a ser la noticia sobre su muerte. Si bien esta noticia fue mediática, no es un caso aislado.
En los últimos años, la violencia de género en México es una crisis profunda que refleja un mal sistémico enraizado en las estructuras del capitalismo.
Las vidas de las mujeres, especialmente aquellas de sectores vulnerables, quedan relegadas en una economía que privilegia el capital sobre el bienestar social.
Los feminicidios han alcanzado niveles alarmantes, y a pesar de las promesas de justicia y seguridad, el Estado ha fallado en proteger a las mujeres. Los datos son escalofriantes: según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en 2023 se registraron más de 900 feminicidios en México y en lo que llevamos del 2024 ya se han registrado 246 asesinatos a mujeres por razones de género.
Esta cifra no sólo es un número, sino un reflejo de vidas arrebatadas, de familias destrozadas y de una sociedad que clama por justicia. Sin embargo, la respuesta del Estado ha sido insuficiente y, en muchos casos, indiferente.
El problema de fondo no se limita a la ineficacia de las políticas públicas o la corrupción en los sistemas de justicia. Es una manifestación del capitalismo que, bajo la promesa de progreso y modernización, perpetúa desigualdades y violencias estructurales. El capitalismo, con su énfasis en la acumulación de riqueza y el crecimiento económico, tiende a marginar las problemáticas sociales que no se traducen directamente en ganancias económicas.
Las vidas de las mujeres, especialmente aquellas de sectores vulnerables, quedan relegadas en una economía que privilegia el capital sobre el bienestar social.
El Estado, como aparato del capitalismo, sigue perpetuando esta desigualdad. Las políticas de seguridad y justicia se implementan de manera deficiente, y la impunidad prevalece.
Las instituciones, desde la Policía hasta el sistema judicial, a menudo carecen de perspectiva de género y de sensibilidad hacia las víctimas, lo que perpetúa un ciclo de violencia y desprotección.
El discurso oficial frecuentemente promueve la idea de que el desarrollo económico resolverá estos problemas, pero esto es una falacia. Sin un cambio estructural que aborde las raíces del patriarcado y la violencia de género, las mujeres seguirán estando en riesgo.
Se necesita una transformación profunda que incluya educación con perspectiva de género, reformas en el sistema judicial y políticas de protección efectivas para las víctimas.
La lucha contra la violencia de género y los feminicidios en México requiere un enfoque integral y sistémico. No es suficiente con condenar los actos de violencia; es necesario desmantelar las estructuras que los perpetúan.
El capitalismo, con su enfoque en la ganancia sobre el bienestar humano, debe ser cuestionado y reformado. Sólo así se podrá construir una sociedad donde las mujeres vivan libres de miedo y con la plena garantía de sus derechos.
La responsabilidad recae en todos: en los ciudadanos, en las organizaciones de la sociedad civil, pero, sobre todo, en un Estado que debe estar al servicio de su gente y no de los intereses económicos.
La justicia y la seguridad para las mujeres no son negociables; son derechos humanos fundamentales que deben ser protegidos y garantizados.
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