Ahora que se celebró el 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en el evento oficial encabezado por los tres poderes, se dieron ciertas circunstancias en abono al “discurso polarizador” que ha reinado en la política mexicana de corredor. Me refiero a esa misma polarización que, como intenté argumentar en una colaboración anterior, no es la verdadera ni, menos, la que le favorece al pueblo trabajador, sino que sirve, y se ha promovido intencionalmente, solo para hacerles el juego a los verdaderos dueños del país, a los grandes potentados, dueños de riquezas y haciendas, interesados en impedir que los trabajadores mexicanos se unan, se organicen y se conviertan en fuerza política definida y poderosa, capaz de pelearles el poder en buena lid (en el terreno de ellos mismos), por lo que es conveniente y hasta necesario comprenderlo para no caer en la trampa de los explotadores, sus esbirros y lacayos.
Algo similar ocurre con la supuesta contradicción entre la Ley y la Justicia que planteó el propio Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ante los reclamos directos e indirectos formulados por los oradores del evento, acerca de la necesidad de que los representantes de los tres poderes y sus subordinados cumplan el juramento de respetar y hacer respetar la Constitución.
Sin detenernos en los detalles de los discursos, diremos solamente que el reclamo a quienes están intentando violar los preceptos constitucionales fue certero, argumentado, justificado y unánime. Por eso es que, sintiéndose aludido, por no decir culpable, AMLO. Salió al paso con la general, inocua e hipócrita formulación de que “cuando la Ley y la justicia no coinciden, entonces él es partidario de la justicia, a pesar de la ley”.
La trampa, el escamoteo y la mala intención son evidentes, la Ley tiene preceptos concretos lo más precisos posible, mientras que, por el contrario, el concepto de “Justicia” es muy general y se presta a cualquier interpretación, pues lo que es justo para unos puede no ser para otros y viceversa; precisamente por eso la justicia verdadera debe ser formulada de manera concreta en esas mismas leyes, de manera que no se preste o se preste lo menos posible a su distorsión o a la falta de capacidad para generar esa misma justicia, lo que beneficiaría sin lugar a dudas a quien tenga más dinero o poder en detrimento de los que los tienen poco o de plano no lo tienen. Esto es, de por sí, muy difícil, y aún los sistemas jurídicos más avanzados sufren de las distorsiones y la corrupción, para desgracia de los más pobres que son la gran mayoría, lo que de por sí dificulta la impartición de la justicia, pero esta quedaría definitivamente cancelada si se acepta esa formulación que deja la puerta abierta a los abusos y al crimen elevados a “justicia” soberana puesta por encima de la Ley.
O dígame usted, amable lector, ¿quién sería el juez para determinar y definir en cada caso que es lo justo o definir en qué preceptos y aplicaciones la ley no coincide con la justicia? ¿Qué tribunal supremo o voluntad universal tiene la capacidad de distinguir y definir a la Justicia para defenderla aun a costa de la ley máxima y de todos los preceptos, instituciones y normas establecidos tiene derecho, por tanto, a ponerse por encima de todas estas?, y a este ente superior, ¿quién lo puede nombrar, regir y moderar, si ya estamos aceptando que no hay nada por encima de él? Aceptar semejante absurdo es establecer, por voluntad, como en la vieja república romana, la figura del “Dictador”, en versión moderna, y besando las cadenas y el yugo que nos atan a él. No es una exageración, ese sería el resultado.
Precisamente por ello, y después de años de experiencia legislativa de toda la humanidad, con la participación de las mentes más inteligentes y humanistas, se ha establecido la necesidad de los sistemas jurídicos precisos y obligatorios para todos los que quieran pertenecer a los colectivos que los formulan. Contra semejante respaldo, ¿qué peso puede tener la frase rimbombante y hueca de AMLO (¡inconcebible en boca de un presidente constitucional!), fuera de ser una manera mañosa de escabullirse a la responsabilidad y al juramento que hizo al tomar posesión del cargo.
Nada. Lo que valdría la pena es ver si, acaso, nuestras leyes o qué leyes en concreto sirven o no para impartir justicia y para defender a los ciudadanos de las injusticias del poder. Esto, que no es poca cosa ni se salda con discursos calientes, es lo que nosotros los pobres debemos valorar y apreciar para, en su momento y según sean las circunstancias, ahora sí, defender o pelear por transformar nuestras leyes con conocimiento de causa.
Para esto , me atreveré a citar a un intelectual y humanista que sí cumple, a diferencia de AMLO (¡comparación imposible!) los requisitos necesarios y la responsabilidad para hablar del tema. Pido disculpas por lo largo de la cita, pero vale la pena entenderla:
“… existen ya hoy, en la legislación teóricamente vigente, algunos de los derechos básicos para lograr una mejor distribución de la renta nacional, como son: el derecho al empleo, el derecho a un salario remunerador, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la salud y a una educación de calidad, el derecho a una política fiscal que distribuya equitativamente la carga tributaria entre los ciudadanos, entre otros. Y hay más. Nuestra ley de leyes estatuye con suficiente claridad derechos que resultan indispensables para que el ciudadano (y ciudadana) común y corriente pueda acortar la inmensa distancia, entre él y quienes lo gobiernan, ... Tal inmensa distancia demanda que el hombre de la calle disponga de medios legales para hacer crecer su estatura política hasta lograr hacerse oír del poderoso cuando reclama respeto y cumplimiento a sus garantías, en primer término, las que conducen a la igualdad de oportunidades y al reparto equitativo de la renta nacional. Me refiero a los derechos de agrupación, de organización, de petición y de manifestación pública.
Y si así es, la siguiente pregunta es: ¿por qué no tenemos todavía una “democracia de resultados”? Sencillamente porque ningún gobernante, hasta hoy, sin distinción de nivel de gobierno, partido o cargo público, se ha molestado en serio por aplicar, respetar y hacer respetar, los derechos sociales … no estamos ante un problema legislativo sino ante un problema de incumplimiento de la ley por parte de quienes han jurado cumplirla; ante un problema de falta de compromiso vital con el contenido profundo de la democracia y no sólo con la forma, buena sólo para los discursos. Y en este hecho se revela todo el inmenso daño que hacen a la paz y a la estabilidad sociales quienes no respetan el precario sistema de pesos y contrapesos que dicta la Constitución…”
Así lo dice el Maestro Aquiles Córdova Morán y yo coincido, me sumo entusiasta e invitó a todos los mexicanos, al pueblo trabajador, que lo haga también.
Hoy el problema NO es la Ley, sino el hecho de que NO se aplica. Así, los llamados a volarla, a incumplirla más, solamente para encubrir los caprichos y la demagogia del Presidente son además de injustificado, asaz injustos y hasta peligrosos, debemos condenarlos y aprender de ese hecho, uno más, que AMLO no es el representante del pueblo sino, tal vez, todo lo contrario.
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