De acuerdo con una nota publicada por milenio.com el pasado 5 de agosto de los corrientes y firmada por el reportero Alejandro Reyes, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que la población de Hidalgo en condición de pobreza, pobreza extrema y moderada se incrementó entre el 2018 y 2020.
Del 49.9% de la población del estado en situación de pobreza en 2018, para 2020 se incrementó a un 50.8 %, lo que significa que pasó de un millón 517 mil 200 personas a un millón 570 mil 600, es decir, un aumento de 53,400 personas.
La población en pobreza extrema, se elevó del 7 al 8.1 por ciento en 2020, es decir, de 213 mil 900 personas creció a 252 mil personas con esta condición, un incremento de 39,000 en tan solo dos años. En tanto la población en situación de pobreza moderada pasó de un millón 303 mil 400 personas en 2018 a un millón 318 mil 600 personas en 2020. Esta es la realidad que el actual gobierno de Hidalgo intenta ocultar y a la que no ha podido o no ha querido (para el caso da lo mismo) dar respuesta; misma realidad que tendrá que enfrentar (quizá agudizada) el próximo gobierno; pues como lo sabemos muchos hidalguenses, en el 2022 habremos de acudir de nuevo a las urnas para elegir al nuevo gobernador. La contienda electoral, está, como se dice coloquialmente “a la vuelta de la esquina”. Cuando menos los partidos Morena y PRI han iniciado la pasarela política de los que a su juicio consideran sus mejores cuadros, los más preparados y experimentados en el oficio de hacer política, los que consideran que pueden satisfacer las expectativas de los votantes sobre todo a nivel del discurso, no importa que, como muchos otros, terminen su mandato sin cumplirle sus promesas a los electores. Por tratarse de un fenómeno ya muy conocido, pero no lo suficientemente asimilado por la gran mayoría de la población, que la lleve a meditar y reflexionar suficientemente su voto a la hora de ir a las urnas; importa evaluar lo hecho por el actual gobierno en favor de las grandes mayorías, sumidas cada vez más -en mayor número y profundidad- en la pobreza y abandono. Más allá de una política claramente calculada de dar la impresión de que los hidalguenses tenemos uno de los mejores gobernadores del país, la construcción de obras como puentes elevados y vías rápidas en la capital del estado y la edificación de instalaciones para mejorar la seguridad, Hidalgo no solo no crece con el actual gobierno, sino que se agudiza la desigualdad económica y social.
Cinco años se han cumplido ya de la actual administración que encabeza el Licenciado Omar Fayad Meneses, sin que alrededor de cien mil familias de cuando menos sesenta municipios de los 84 con que cuenta el estado, hayan sido escuchados siquiera para estudiar la posibilidad de una solución a viejas demandas y necesidades que los pobladores padecen desde siempre. Cero repuesta, pero si represión policiaca, bloqueo de caminos y carreteras para impedir el arribo de manifestantes a la capital, detención y encarcelamiento de algunos dirigentes, calumnias y difamación en los medios, y mentiras, muchas mentiras. Ni el Congreso del Estado de mayoría morenista atendió la demanda de juicio político a pesar de las casi cien mil firmas entregadas en su momento. He aquí un recuento de hechos en los que se trasluce que, en este sexenio, como en otros anteriores, también la mentira y burla se han convertido en arma de represión en contra de los indefensos ciudadanos que no cuentan con los medios necesarios y suficientes para su defensa, como no sea la organización y la lucha. Veamos.
En enero de 2018, en una entrevista con el Licenciado Alejandro Enciso, secretario particular del señor gobernador, se comprometió para el seis de febrero de ese mismo año, una entrevista con este y la dirigencia del antorchismo hidalguense que encabeza la profesora Guadalupe Orona Urías. La entrevista nunca se ha dado hasta ahora. Luego del triunfo electoral de Morena en las elecciones presidenciales y de la campaña mediática del presidente de la república en contra de las organizaciones sociales, pero dirigida en lo fundamental contra Antorcha, la política del gobierno estatal ha sido de oídos sordos. Llevamos ya más de año y medio de pandemia y las puertas de palacio continúan cerradas para la gran mayoría de la población, pese a que los hidalguenses organizados no han cesado su lucha mediante la instalación de plantones cuando la contingencia sanitaria lo ha permitido, a través de comisiones y marchas con contingentes poco numerosos y respetando siempre los protocolos sanitarios impuestos por la crisis sanitaria.
El pasado cinco de septiembre, con motivo del quinto informe de gobierno, y haciendo uso de nuestro derecho constitucional a la libre manifestación, los antorchistas anunciamos la celebración de una marcha en la que se reclamaría atención y solución a sus demandas; unas horas antes, el Licenciado Simón Vargas ofreció la instalación de una mesa de dialogo con la dirigencia Antorchista por lo que la marcha anunciada se pospuso para una fecha posterior. Como ha ocurrido ya en otras ocasiones, la promesa no se cumplió por lo que los inconformes decidieron buscar al señor gobernador en todos los lugares a donde acudiera con motivo de los informes de los alcaldes. Así fue como ciudadanos hidalguenses organizados y conscientes de sus derechos, pudieron encontrarse con el ejecutivo estatal en los informes de los alcaldes de Huejutla y Pachuca, en donde se reiteró el ofrecimiento de dialogo con la dirigencia de Antorcha. Como los días transcurrieron y la promesa no fue cumplida, los antorchistas acudieron al informe del alcalde de Mineral de la Reforma Israel Rodríguez a donde estaría presente el señor gobernador. Cuando ya habían arribado al recinto donde se daría el informe del alcalde (por cierto, uno de los aspirantes a suceder al actual gobernador) alrededor de 300 ciudadanos, nuevamente hace su aparición el secretario de Gobierno para ofrecer una reunión y buscarles solución y respuesta a las demandas planteadas desde el inicio de la actual administración. La reunión se llevó a cabo el día y la hora acordada, aunque sin ninguna respuesta concreta a las demandas que reiteradamente se han venido planteando entre las que destacan las siguientes: Uno. Respuesta a las demandas de obras y servicios contenidas en el pliego petitorio entregado en tiempo y forma en el año 2019. Dos. Devolución de la parcela destinada para vivienda en Huejutla tomada ilegalmente por un grupo de invasores, Tres. Pago del salario a maestros del bachillerato Coronel “Nicolás Romero”, suspendido desde hace ya 18 meses y restitución del subsidio a los albergues estudiantiles de Pachuca, Mineral de la Reforma, Zacualtipán y Huejutla. El compromiso del secretario fue que en los tres días posteriores a la entrevista se estaría avanzando en la solución de algunos de estos planteamientos; otros serian acordados con el señor gobernador y por último se reiteró de nuevo el ofrecimiento de una reunión con el jefe del ejecutivo. Como lo hemos denunciado oportunamente y en la medida de nuestras modestas posibilidades, nada de esto se ha concretado.
Apenas el pasado viernes 15 de los corrientes, cuando una comisión representativa se disponía a realizar un mitin de protesta por las promesas incumplidas, el Subsecretario de Desarrollo Político, Licenciado Gerardo Reyes Monzalvo, por enésima ocasión recomendó “tengan paciencia” y fue todo. Por eso las protestas continuarán, si es necesario, hasta el último día de la actual administración.
0 Comentarios:
Dejar un Comentario