A simple vista, resulta incomprensible que nuestro país, clasificado entre las veinte economías más grandes del mundo, continúe exhibiendo un sistema educativo con tantas y tan visibles carencias. Esta paradoja pone de manifiesto una serie de contradicciones que el Gobierno actual parece no querer enfrentar de manera directa.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a través del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), ha demostrado que la calidad educativa en México no sólo se ha estancado, sino que ha retrocedido.
Para avanzar, México necesita políticas que promuevan una distribución más equitativa de la riqueza. La implementación de impuestos progresivos permitiría una redistribución más justa de los recursos.
Los resultados de PISA 2022 evidencian una caída en comprensión lectora, habilidades matemáticas y ciencias, con disminuciones de cinco, nueve y catorce puntos respectivamente en comparación con 2018.
Este retroceso no es una invención de la oposición, como algunos funcionarios sugieren, sino un hecho corroborado por evaluaciones internacionales. Lo más alarmante es que este deterioro educativo afecta principalmente a las clases más desfavorecidas, perpetuando un ciclo de desigualdad que parece inquebrantable.
La situación educativa en México es profundamente clasista. Mientras que los hijos de las élites económicas pueden acceder a instituciones privadas de alta calidad, la mayoría de los estudiantes debe conformarse con la deficiente educación pública.
Esta brecha prepara a unos pocos para liderar y gobernar, mientras que la mayoría se enfrenta a un futuro incierto en el mercado laboral, con pocas oportunidades y sueldos bajos.
La deserción escolar es otro problema grave. Entre 2020 y 2023, 1.2 millones de estudiantes abandonaron la educación obligatoria. Este fenómeno no afecta a los hijos de las familias más ricas, sino a aquellos que provienen de hogares humildes, para quienes continuar los estudios se convierte en una lucha diaria.
El Gobierno ha intentado abordar estos problemas con programas como “La Escuela es Nuestra” y becas como Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes y, en muchos casos, han servido más para generar clientelismo electoral que para resolver los problemas estructurales de la educación en México.
La falta de infraestructura, laboratorios, talleres y bibliotecas sigue siendo una barrera insuperable para una educación de calidad.
Además, el programa “La Escuela es Nuestra” ha desplazado la responsabilidad educativa hacia los padres de familia, quienes, con recursos limitados, no pueden suplir las carencias de las instituciones.
Esta estrategia desvía la atención de la verdadera solución: un mayor y mejor gasto público en educación.
Para avanzar, México necesita políticas que promuevan una distribución más equitativa de la riqueza. La implementación de impuestos progresivos permitiría una redistribución más justa de los recursos, lo que podría traducirse en mejoras significativas en la educación pública.
Sólo así se podrán garantizar las condiciones materiales necesarias para que nuestras escuelas estén a la altura de las demandas educativas contemporáneas.
Mientras el Gobierno no asuma plenamente su responsabilidad en la mejora del sistema educativo y no se implementen políticas económicas que reduzcan la desigualdad, el ciclo de pobreza y exclusión se mantendrá.
La educación en México debe ser una prioridad real, no sólo una promesa de campaña. Solo entonces podremos esperar un futuro donde todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de éxito.
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