Presento un fragmento de la nota del periódico La Jornada publicada el pasado martes 1 de octubre:
“China, como República Popular, llega a su 75 aniversario siendo la segunda economía más grande del mundo. En los últimos 45 años su crecimiento económico ha promediado 9 % anual y ha logrado el hito de sacar de la pobreza a casi 800 millones de personas, más de la mitad de su población”.
Se trata de una hazaña que no tiene comparación en ninguna parte del mundo, menos aún en nuestro país que inició su nuevo régimen en 1917.
En China, además, aproximadamente el 95 % de la población, es decir, más de mil 300 millones de personas, cuenta con cobertura médica básica a través de varios sistemas de seguros de salud públicos.
Urge una distribución más justa de la riqueza social y no se necesita de ninguna asonada ni de cambios constitucionales; sólo se impone usar la ley vigente para que paguen más impuestos los que ganan más.
Aquí en nuestro país, el sexenio que acaba de concluir empezó con 16.2 % de la población sin servicios de salud y ya en 2022, el porcentaje era de 39.1 %, esto significa que la cantidad pasó de 20.1 millones a 50.4 millones de personas sin servicios de salud.
¿Cómo logró ese portentoso progreso el Partido Comunista Chino que es, para amigos y enemigos, el que indudablemente ha dirigido al pueblo chino todos estos años? ¿Entregando a la gente yuanes en efectivo cada dos meses? Ni soñando.
Lo logró llevando a cabo un proceso firme, enérgico e ininterrumpido de distribución más equitativa de la riqueza social estrechamente unido con el pueblo en acción.
En México hay riqueza. Los últimos datos publicados ubican a nuestro país como la décima segunda economía del mundo, lo cual significa que en este ancho mundo solo existen once países más ricos que el nuestro.
¿Cuál es entonces el problema de México, su enorme y principal problema? Que su inmensa riqueza se encuentra muy mal repartida, unos pocos tienen hasta el hartazgo y, muchos, muchísimos, casi nada.
La pobreza vive y con ella la angustia y el sufrimiento. Nos azotan problemas íntimamente relacionados con la pobreza. En nuestro país hay ignorancia, y no porque nuestros niños y jóvenes no sean lo suficientemente inteligentes y laboriosos; hay ignorancia porque una cantidad inaceptable de menores en edad de estudiar, no lo hacen por razones económicas y otros, que son muchos más, no lo hacen o no lo hacen con la suficiente dedicación, porque no tienen las condiciones económicas para hacerlo.
A cambio, se invierte en extirparles el espíritu crítico y se les bombardea todo el día todos los días con una arrasadora propaganda nefasta, tendiente a convertirlos en dóciles apoyadores, entusiastas servidores y consumidores obsesionados del sistema que los explota y oprime.
Como una escalofriante muestra de ello y de la política de connivencia y hasta de complicidad de las autoridades, en el estado de Sinaloa ya transcurre la tercera semana de un encarnizado enfrentamiento armado que ya cobra, por lo menos, según se ha dejado saber, 150 muertos.
Cabe recordar ahora que una de las obligaciones elementales del Estado moderno es garantizar la paz y la vida tranquila de todos los ciudadanos y no olvidar que también existe una grave omisión al respecto en Chiapas, en donde se sufre por las mismas razones, también de allá se sabe que hay poblaciones que huyen, desplazados a Guatemala y numerosos heridos y muertos.
Otra manifestación brutal y descarnada de la pobreza; de la drástica división social entre ricos poderosos y pobres que no son escuchados y, menos aún, atendidos.
También es muestra la carencia absoluta de justicia por los crímenes de Conrado Hernández, su esposa Mercedes Martínez y Vladimir, el hijito de sólo seis años de ambos, que fueron brutalmente asesinados a golpes en la ciudad de Chilpancingo, únicamente porque eran miembros del Movimiento Antorchista Nacional.
Tras un año y medio, no hay ni siquiera un detenido por el asesinato. Tanto familiares como compañeros han tenido entrevistas con las autoridades, gestiones, mítines, marchas y plantones y nada, absolutamente nada se hace.
Es legítimo preguntarse ahora, ¿andarían así, exigiendo inútilmente justicia, si las víctimas hubieran sido miembros de familias ricas e influyentes?
Y ahí está la nueva edición de la tragedia en Acapulco. ¿Necesitaban los trabajadores de la gran ciudad turística unos cuantos enseres domésticos y unos cuantos pesos de ayuda para calmar momentáneamente su inquietud?, ¿requerían solamente analgésicos?
Ahora ha hablado la realidad, la insobornable, la que no entiende de demagogias y actúa y enseña con rigor.
Acapulco necesitaba y necesita una transformación completa,m; una nueva planeación de la ciudad, de la ubicación y los movimientos de sus habitantes, de los servicios básicos indispensables para una vida digna, de las viviendas, de las redes de agua, de drenaje, de la electricidad y mucho más.
Eso cuesta una fortuna. Claro que sí. Pero ya vimos que en nuestro querido país hay una gran riqueza y que está muy mal distribuida.
Ante tanta desgracia de las mayorías, todavía hay quienes se atreven a presumir que los pobres disminuyeron en cantidad. Eso sólo se demuestra con burdas manipulaciones estadísticas. La realidad no lo resiste.
¿Cuántos de los que han recibido ayudas “para el bienestar” durante seis años, han dejado de recibirlas porque ya no las necesitan?, ¿cuántos ya salieron de la pobreza y entraron en la clase media? Ninguno, absolutamente ninguno.
Antes bien, se ha considerado urgente incorporar a más personas: ahora a mujeres de 60 a 64 años.
No señor, no se ha reducido la pobreza, más bien ha aumentado la inconformidad y la irritación social, por eso precisamente ha habido que incrementar la cantidad de personas que reciben las ayudas “para el bienestar”.
El llamado Ramo 23 fue abolido de un plumazo. Tiene seis años que no se destinan recursos para obras y servicios de pueblos y colonias pobres y todo mundo se da cuenta que su mantenimiento y la aplicación de nuevas inversiones es extremadamente urgente.
Ya hay muchos sitios que no aguantan la destrucción y deterioro de lo que alguna vez tuvieron y otros más que necesitan lo indispensable porque nunca lo han tenido.
¿Ha sido suficiente y hasta sobrado el mentado programa “la escuela es nuestra”? ¿Ya no requiere la población pobre, no sólo escuelas de tiempo completo, sino internados limpios, modernos y eficientes para sus hijos?
La riqueza está muy mal distribuida. Apenas en abril pasado, La Jornada publicó lo siguiente:
“La concentración del poder económico en México se ha vuelto una herencia familiar y una puerta giratoria hacia el poder político. No hay economía en América Latina y el Caribe, ni de la OCDE, donde tantas grandes empresas estén en manos de tan pocos clanes familiares como la mexicana… Cerca de 95 % de las 50 empresas privadas más grandes de México están en poder de las familias más ricas del país y tienen ingresos que equivalen a una cuarta parte del producto interno bruto (PIB)”.
Urge, pues, una distribución más justa de la riqueza social. Y no se necesita de ninguna asonada, ni siquiera de cambios constitucionales; sólo se impone usar la ley vigente para que paguen más impuestos los que ganan más.
Debe rechazarse, por tanto, como una nueva agresión, cualquier intento de llevar a cabo una reforma fiscal que grave más a los que menos tienen; una reforma de esas que se esconden bajo el nombre de “miscelánea fiscal” o algún otro eufemismo, para hacer más cobros a los que ya no tienen casi nada, tales como aumentos al predial, a las actas de nacimiento y a su vigencia; la instrumentación de nuevos emplacamientos de los vehículos; impuestos a los refrescos, a los cigarros, etcétera, etcétera.
Siempre será mejor una reforma fiscal progresiva, para que paguen más los que ganan más: es lo que se necesita urgentemente, sin engaños ni disfraces. La lucha sigue.
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