Entre los muchos aciertos que tiene el estado de Coahuila, también hay desaciertos, pero hablemos de lo bueno, por ejemplo; la esperanza de vida en Coahuila es de 76 años, y se sitúa dentro del rango promedio nacional.
En población derechohabiente a servicios de salud, el estado es líder nacional con el 70 % de su población con acceso a este servicio y en el tema educativo tampoco es la excepción.
En 2020, en Coahuila el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más de edad es de 10.4, lo que equivale a poco más del primer año de bachillerato: de cada 100 personas de 15 años y más, dos no tienen ningún grado de escolaridad; 49 tienen la educación básica terminada, 25 finalizaron la educación media superior y 24 concluyeron la educación superior según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Visto de esta forma, los datos en educación de Coahuila no son malos. En 2020, el 95 % de niñas y niños de 6 a 14 años de edad asistían a la escuela; a nivel nacional la asistencia es de un 94 %; sin embargo, algo que es cierto y muy cierto es que en Coahuila la educación está privatizada y cada día se hace más fuerte este fenómeno en este estado fronterizo. Por supuesto que no es particular de este, pero sí es muy notoria la política “Quieres educación buena, paga”; así de fácil.
A pesar de que el gobierno de Coahuila impulsa y apoya la educación, lo cierto es que la iniciativa privada le quita al estado la obligación de velar por una educación pública de calidad.
La educación pública desde primaria es deficiente y ahí culpa del estado no es; más bien de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con sus reformas educativas y por ello es que se impulsa desde el poder al sector privado a dar y dar más permisos de centros educativos privados, haciendo así que quienes tengan el capital económico para pagar una educación de calidad para sus hijos lo hagan y quienes no, se acoplen a la pública o escuelas con una calidad educativa muy mala; las muy conocidas escuelas “patito”.
A pesar de que el gobierno de Coahuila impulsa y apoya la educación, lo cierto es que la iniciativa privada le quita al estado la obligación de velar por una educación pública de calidad.
En ese plano, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Coahuila no se ha logrado levantar de su crisis económica por una deuda del estado a esta casa de estudios, que hasta 2021 era de 704.1 millones de pesos; una mezcla de recortes presupuestarios y mala planeación de pensiones con excesos y abusos. En ese sentido, se ha resentido que la universidad y sus planes de estudios sean obsoletos y no haya innovación dentro de la misma.
Dentro de un estado de bienestar como al que se ha catalogado Coahuila, hay problemas que no son vistos a primera vista. Un caso muy particular en La Laguna de Coahuila es que en más de 60 universidades (número que va en aumento) hay una sobreoferta de carreras, y la llegada de inversiones que no impactan está provocando fenómenos como la migración de estudiantes, desempleo de profesionistas o bajos salarios.
A la par del incremento de universidades, ha subido el número de egresados año con año: 48 % subió el número de egresados entre el ciclo escolar 2014 y 2023, según los mismos datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
Si bien la cifra habla de que cada vez más jóvenes tienen acceso a la educación superior, esto no significa que necesariamente haya más empleos, pues la cantidad de egresados no está acorde con la oferta del mercado, según aseguraron especialistas consultados.
En conclusión, en Coahuila se ve una política de que cada quien se rasque con sus propias uñas, pues el estado ya mucho hace con ofrecer educación de calidad.
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