No pasó, le faltaron 57 votos al presidente para modificar la Carta Magna con su iniciativa de reforma eléctrica. No supo negociar con la inversión privada nacional “fifí” y “aspiracionista” ni con los partidos políticos opositores, en cambio, se empecinó en generar energía con modelos obsoletos como hidroeléctricas, en medio de una espantosa sequía, o con carbón mineral y combustóleo, que son más contaminantes y que encarecen aún más los precios del suministro, pretendiendo poner una mayor producción y toda la comercialización en manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pesar de carecer de la infraestructura para generar el volumen necesario y satisfacer la demanda nacional pues, de 191 centrales con que cuenta la paraestatal, solo opera el 55%.
Sobre todo, no pasó porque Estados Unidos (EE. UU.) no quiso, y se impuso a través de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) que “… privilegia a las trasnacionales texanas como Whitewater Midstream de Shell, en electricidad y gas (El País, 6 julio 2021)”, mismas que fijan precios artificialmente altos, en detrimento de todos los mexicanos. “El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría que pagar más de $70,000 millones de dólares, sólo por indemnizar a los inversionistas afectados con la reforma eléctrica, ese monto equivale a alrededor del 7% del PIB mexicano y resultaría insostenible para las finanzas de México” (Régulo Salinas, presidente de CONCAMIN, El Economista, 11 marzo 2021), equiparable al 25% del presupuesto federal anual. No cabe duda, López Obrador no sabe gobernar, prefiere la sumisión ante el imperio estadounidense a costa de volver nuestra economía más dependiente, pues eso sí, sabe ser muy buen colaborador con EE. UU. “para contener a China”.
Aun con esto, el presidente exacerba los ánimos con su campaña de linchamiento mediático desde el 18 de abril en sus mañaneras contra los diputados que no votaron a favor de la reforma eléctrica llamándolos “traidores a la Patria”, pues no admite los contrapesos del poder que asegura la Ley de Leyes y, como necesario complemento, se auto considera el único amigo del pueblo que lucha para el pueblo y con el pueblo. Pero la realidad es otra. CFE Internacional (CFEI), brazo privado de CFE en el extranjero, no está obligada por ley a publicar los acuerdos y negocios que hace, es, en pocas palabras, una especie de caja chica. “Esto se presta a que funcionarios tomen ventaja de esa laguna legal que no aplica a las empresas estatales” (Adrián Duhalt, El País, 6 julio 2021). Es decir: CFEI no debe rendir cuentas a la población y sus negociaciones con privados dependen solo de la “buena fe y confianza de los funcionarios” donde AMLO favorece a Armando Guadiana Tijerina, senador de Morena beneficiado con cerca de 2 mil millones de pesos en adjudicación directa del 2020 y 2021 de CFE, sin concurso ni licitación con sus empresas de carbón mineral: Minera Epce, Infraestructura Minera Catamco, Carbón Mexicano, Zapaliname, Río Álamo y Minera 2 G; y la familia Yutani del municipio de Sabinas, ambos proveedores de las termoeléctricas ubicadas en el municipio de Nava, Coahuila, desplazando a cambio a empresas productoras de energías limpias y de autogeneración de electricidad. Por eso la cerrazón y el empecinamiento.
Sumamos 3 décadas bajo gobiernos mexicanos que aplican todas las políticas del modelo neoliberal que nos impone el gobierno estadounidense, agudizando al máximo las desigualdades económicas y sociales en nuestro país. Pero López Obrador se muestra orgulloso de la exportación de mano de obra barata al vecino del Norte, aunque eso provoque la separación de millones de familias en Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, etc., solo porque las remesas constituyen la fuente principal de divisas, superando a PEMEX, en contrapartida, se deslinda de las responsabilidades de apoyar la inversión nacional y la generación de empleos, y llevó a la quiebra a CFE, paraestatal emblemática que hasta 2017 reportaba ganancias. Tampoco apoya al campo mexicano y este ya no es negocio porque no está tecnificado ni organizado en grandes unidades de producción para hacerlo redituable, ni siquiera el 10% de las unidades productivas reciben créditos institucionales, por todo esto carecemos de soberanía alimentaria y, desde el 2020, importamos de EE. UU. el 83.3% del arroz que consumimos, 61% del trigo y 39% del maíz.
Si no se impulsa la inversión en la industria y en el campo el futuro económico de la nación seguirá siendo incierto, ya se registró en 2021 una fuga récord de capitales por 257,601 millones de pesos (Banco de México) y se espera que a lo largo de 2022 incremente la tasa de interés ante la escalada de la inflación. Una tragedia económica y política que hay que enfrentar con un nuevo modelo económico de país donde todos los sectores sociales afectados formen una unidad indisoluble en su defensa. No hay de otra.
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