La reforma al Poder Judicial forma parte de un paquete de 20 reformas presentadas por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, para modificar diversas partes de la Constitución del país.
La propuesta contempla cuatro modificaciones: justicia expedita, es decir, resoluciones en un plazo no mayor de seis meses para asuntos fiscales y un año para asuntos penales; suspensiones. Además, prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
Las reformas de AMLO no son una solución, sino una venganza contra aquellos que no están de acuerdo con sus caprichos.
Asimismo, la propuesta contempla que los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces, así como órganos de administración y disciplina independientes, y que los fideicomisos del Poder Judicial, cuando hayan finalizado los juicios pendientes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar, respetando los derechos y prestaciones de los trabajadores.
En el documento de la reforma presentado por el mandatario federal se propone modificar el artículo 95 constitucional para elegir a jueces por voto directo y secreto por un periodo de doce años, en lugar de los quince actuales.
“En caso de que la reforma se apruebe, en 2025 se llevará a cabo una elección extraordinaria para renovar a ministros, magistrados y jueces, y quienes actualmente ocupan estos cargos puedan ser candidatos, y para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elegidos durarían en el cargo ocho, once y catorce años, dependiendo de los resultados de la votación”, informó en febrero la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde.
Actualmente, los ministros son propuestos por el presidente mediante una terna, y el ganador debe ser respaldado por al menos dos terceras partes de los senadores al momento de la votación, mientras que los magistrados y los jueces son nombrados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Aunque el presidente López Obrador y su partido aseguran que los cambios al sistema judicial solo buscan responder al reclamo del “pueblo” para tener una institución de impartición de justicia austera, independiente y ajena a intereses privados, la reforma ha sido blanco de críticas por expertos en Derecho, diversos actores políticos e instituciones.
El Laboratorio de Impacto sobre el Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford y la Barra Mexicana de Abogados advirtieron que las propuestas “constituyen una amenaza directa a la independencia judicial, violan estándares internacionales y socavan la democracia en México”.
En un informe publicado en mayo pasado, señalan que “muy pocos países del mundo eligen a jueces por votación popular. De los cuales, sólo Bolivia y Estados Unidos utilizan elecciones judiciales para seleccionar a jueces de tribunales con jurisdicción constitucional. La experiencia de estos dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.
En ese tenor, el magistrado Daniel Sánchez Montalvo, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, dijo que esta reforma judicial propuesta por el Gobierno federal representa "un ataque directo a la división de poderes".
Esta polémica reforma ha ido más allá de críticas severas y ha escalado a manifestaciones en la capital del país y en diversos estados de la República. Habrá que recordar que nuestra Constitución Política es la máxima ley, de la cual emanan las leyes secundarias encargadas de regular la vida constitucional del país. Todos los países del mundo que se dicen republicanos cuentan con la división de poderes, entre los que se incluye al Poder Judicial, el cual contiene los órganos garantes de hacer valer nuestra ley suprema.
Estamos en una situación de estira y afloja, con señalamientos en contra de la reforma judicial y menciones sobre los privilegios de los jueces y magistrados, quienes reciben una cantidad enorme de recursos para gastos personales.
Esto ha resultado ofensivo para los mexicanos, ya que no es posible que cada magistrado disfrute de lujos pagados por los impuestos de la ciudadanía, como camionetas blindadas, aparatos y dispositivos, recursos para gasolina y comidas, además de los bonos y las pensiones vitalicias que se otorgan al finalizar su periodo.
Por otro lado, las críticas a la reforma señalan que la elección popular de jueces puede llevar a la falta de experiencia y capacidad en el ejercicio de la justicia. La propuesta ha alarmado a quienes pertenecen al Poder Judicial, ya que nunca imaginaron que este poder se vería amenazado por el legislativo.
Lo cierto es que esta reforma parece buscar eliminar los contrapesos que constitucionalmente existen para el presidente de la República, justificando los cambios a través del discurso de la lucha contra la corrupción, el lema propagandístico del Gobierno de López Obrador.
Los mexicanos están de acuerdo en que hace falta una reforma judicial, pero no la que plantea el Gobierno de la cuarta transformación. Las reformas de AMLO no son una solución, sino una venganza contra aquellos que no están de acuerdo con sus caprichos. Conste.
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