Creo que todos estamos de acuerdo en que hace falta una reforma judicial, pero no es la que plantea el Gobierno de la cuarta transformación. Las reformas de AMLO no son una solución, son una venganza contra todos los que no están de acuerdo con sus caprichos.
El presidente argumenta que estas medidas ayudarán a “limpiar la corrupción” y a resolver problemas estructurales dentro del poder judicial. La verdad es que la reforma no aborda un cambio profundo en la impartición de justicia local y de plano omite las fiscalías locales o las defensorías públicas, que son a las que puede acceder la gente del pueblo, la gente que no tiene recursos para pagar abogados caros.
La “reforma judicial” es parte de las consecuencias de vender el voto y dejarle manos libres a un solo hombre que está cegado por la ambición. Tanto poder a los morenistas los está perdiendo…
Su reforma se enfoca en los juzgadores federales porque se ha propuesto sacar a todos los que ya están, así como hizo con el INE, y reducir el periodo de sus encargos, castigarlos bajándoles el sueldo e imponer la creación de un tribunal para disciplinarlos.
Está claro que los cambios que propone la 4T no son para mejorar la institución, fortalecer la justicia, hacerla más abierta y transparente o crear nuevos mecanismos para defender los derechos humanos.
Se dice que con estas modificaciones se mejorará y ayudará a limpiar la corrupción, pero la duda que muchos tenemos es quién va a corregir a la familia del presidente.
Todos los que no están de acuerdo han cuestionado la viabilidad y sus implicaciones a la independencia judicial, pero como sucedió en las campañas pasadas, la oposición no ha presentado claramente una propuesta alternativa que dé una mejor solución.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ocasionado una polémica a nivel nacional. La eliminación del Consejo de Judicatura Federal implicará el cese de mil 665 ministros, magistrados y jueces. Por otra parte, la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, que actualmente tiene funciones administrativas y disciplinarias, abre la puerta a una excesiva concentración de poder y a posibles abusos e injerencias indebidas en un tribunal de disciplina judicial.
Con esta medida, estaría desapareciendo de un solo golpe un contrapeso dentro del propio poder judicial. Además, importantes organizaciones han levantado la voz diciendo que llevar a cabo la elección popular de jueces viola leyes internacionales y disminuye la democracia, al poner en riesgo la independencia judicial.
“La elección de jueces por voto popular es darle atole con el dedo al pueblo una vez más, así como sucedió con los cambios hechos al INE, que provocaron una elección de estado que llevó a México después de muchos años a una total dictadura, provocando que aleje aún más la justicia para la gente pobre”.
Estamos seguros, en resumidas cuentas, de que esta reforma no mejorará ni cambiará la terrible experiencia que vivimos los mexicanos cuando hacemos una denuncia y nos encontramos con ministerios públicos que no ven y que no escuchan.
El número de desaparecidos y de carpetas de investigación seguirá aumentando, y con estas reformas no será más fácil encontrar el cuerpo de una mujer víctima de feminicidio, porque dichas reformas están hechas sólo para servir la venganza de Andrés Manuel contra la gente que piensa diferente y para dar atole con el dedo al pueblo mexicano.
La trampa de igual forma está en que en dichas elecciones podrán participar los grupos criminales, el poder económico y adueñarse de la situación.
Amigas y amigos, en próximos días se darán los primeros zafarranchos con respecto al análisis de las reformas al poder judicial. Es un hecho que los cambios que se requieren hacer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se darán quiera o no el pueblo.
Esas son las consecuencias de vender el voto y dejarle manos libres a un solo hombre que está cegado por la ambición. Tanto poder a los morenistas los está perdiendo, por eso se están dando grandes encuentros al interior de su partido, y nos queda más claro que la política de los acuerdos no fue la solución para el país.
Como ya lo dijo alguien: el problema no es de partidos ni de colores; el problema es de clases, y en nuestro país, la clase en el poder, que son los más ricos, es la misma desde hace muchos años.
Los mismos actores políticos, algunos ya ancianos, tienen concentrada la riqueza del país. Unas veces se vistieron de tricolores, otras de amarillo, de azul y ahora de guinda, pero son los mismos que cada año hacen que crezca el número de pobres, que exista más inseguridad, que mueran miles de personas por asesinatos dolosos.
Son los mismos que nos tienen con un sistema de salud sin medicinas, con una educación que ocupa los últimos lugares y que mantiene a un país pobre cuando está sentado en condiciones mucho mejores que otros países que tienen mejores resultados. Por eso no hay de otra: o nos organizamos y luchamos o estos zánganos nos quitarán todo.
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