Concluyó el sexenio presidencial de Andrés Manuel López Obrador, un gobierno que llegó con grandes expectativas para muchos mexicanos que veían en él a un verdadero representante de los intereses de los más desprotegidos. Al lema de “primero los pobres” se sumaron diversos sectores de la sociedad que históricamente habían sido marginados por los políticos de antaño. Uno de esos grupos fueron las familias, o directamente las víctimas de desaparición forzada, quienes llevan meses, años —algunos, décadas— reclamando justicia y una acción real por parte de las autoridades de todos los niveles. Sin embargo, poco o nada ha cambiado: las víctimas siguen sin justicia, los organismos encargados de actuar permanecen inactivos o han sido desmantelados, y se reprime a los deudos como si se tratara de criminales o enemigos acérrimos de la “Cuarta Transformación”.
Las víctimas siguen sin justicia, los organismos encargados de actuar permanecen inactivos o han sido desmantelados, y se reprime a los deudos como si se tratara de criminales o enemigos acérrimos de la "Cuarta Transformación".
Aunque el gobierno ha insistido en que se están haciendo esfuerzos significativos para abordar el problema, los números presentan un panorama sombrío. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en este sexenio han desaparecido más de 50 mil personas. “En esta administración ha desaparecido, en promedio, una persona cada hora en el país. Durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando inició la militarización de la seguridad pública, ocurrieron 0.49 desapariciones por hora, y en el de su sucesor, Enrique Peña Nieto, fueron 0.64. Actualmente, el RNPDNO registra 114 mil 184 personas desaparecidas, es decir, este sexenio acumula el 44% del total.” (adondevanlosdesaparecidos.org, mayo 2024). A diferencia de sexenios anteriores, ya no es un fenómeno exclusivo de la guerra contra el narcotráfico; ahora afecta también a mujeres, niños, migrantes y personas en situación de vulnerabilidad. La desaparición se ha democratizado y ha alcanzado a sectores que antes parecían lejanos de este horror.
Desde su campaña presidencial, López Obrador prometió que los derechos humanos serían una prioridad, supuestamente respaldado por la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). No obstante, esta ha generado más problemas que soluciones, con señalamientos de burocracia, incompetencia y desvío de recursos. “Aunado a la crisis forense y de desaparecidos en México, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB) ahora debe aclarar el destino y uso de 49.9 millones de pesos, revelan documentos oficiales” (EMEEQUIS, 30 de abril). Todo esto ocurre mientras las familias de los desaparecidos, organizadas en colectivos, recorren desiertos y fosas clandestinas en busca de sus seres queridos, denunciando la falta de recursos, coordinación e interés para resolver este problema.
La militarización del país bajo la Guardia Nacional, una de las principales estrategias del gobierno para combatir la inseguridad, ha sido severamente criticada. Muchos expertos señalan que el uso de fuerzas militares en labores de seguridad pública ha exacerbado la violencia y la desconfianza en las instituciones, siendo en algunos casos la causa principal de violaciones a los derechos humanos: “En materia de derechos humanos, la Guardia Nacional, comandada por el general David Campos Córdova, acumula más de 2,000 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 2020 y 2023, siendo el año pasado el que más recibió, con 622, según las estadísticas del Sistema Nacional de Alerta de Derechos Humanos de la CNDH” (eluniversal.com, 30 de junio de 2024).
A pesar de los esfuerzos por visibilizar el problema, las víctimas de desapariciones suelen ser invisibles para gran parte de la sociedad. Los medios de comunicación, aunque en ocasiones cubren casos emblemáticos, tienden a ignorar el sufrimiento cotidiano de quienes buscan a sus desaparecidos. Historias como la de los 43 estudiantes de Ayotzinapa acaparan los reflectores mediáticos y políticos, una situación que fue aprovechada en gran medida por el expresidente y su 4T, quienes prometieron dar una solución real a las familias. Seis años después, sólo se ha ofrecido una respuesta oficialista igual o peor a la dada en administraciones anteriores: “se complicaron las cosas”.
Seis años después, el discurso oficial dista mucho de las gigantescas promesas hechas en campaña. La 4T insiste en que su gobierno no tolera la violación de derechos humanos, pero las cifras y los testimonios de familiares de desaparecidos indican lo contrario. La situación es cada vez más opaca, y crece el rechazo a los colectivos de búsqueda, al activismo incansable de las madres buscadoras, a los defensores de derechos humanos y a las organizaciones civiles que han logrado mantener el tema de las desapariciones en el debate público. Todo esto demuestra una vez más cómo la tragedia fue utilizada como instrumento político, pero no existe una verdadera intención de cambiar la realidad.
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