En México, el 54.3% de la fuerza laboral carece de seguridad social, una cifra alarmante que pone en evidencia las profundas desigualdades estructurales que afectan a millones de mexicanos. Según el informe El laberinto de la informalidad: mitos, trampas y realidades, elaborado por Oxfam México y “México, ¿cómo vamos?”, esta problemática no es casualidad ni una elección personal de quienes trabajan en el sector informal, sino el resultado de un régimen laboral que sistemáticamente excluye a las personas de derechos esenciales como la seguridad social y la atención médica.
La economía del país, paradójicamente, se sostiene sobre los hombros de estos trabajadores informales
La economía del país, paradójicamente, se sostiene sobre los hombros de estos trabajadores informales, quienes no cuentan con acceso a beneficios laborales ni protección legal; sus ingresos apenas les permiten adquirir 1.5 canastas básicas, lo que los deja en una posición de extrema vulnerabilidad. A pesar de ser la base de un sistema económico que depende de su esfuerzo diario, estas personas están atrapadas en un círculo de pobreza y exclusión.
La situación se agrava aún más para las mujeres, quienes representan el 55.6% de la fuerza laboral y enfrentan los mayores niveles de precariedad. Ellas predominan en trabajos domésticos y de cuidado, sectores que históricamente han sido infravalorados y carecen de regulación adecuada. En promedio, las mujeres dedican casi el doble de tiempo que los hombres a trabajos no remunerados, mientras que en empleos formales ganan 2.4 veces menos que ellos. Esta combinación de desigualdad salarial y sobrecarga de trabajo no remunerado perpetúa su exclusión económica y social.
En el caso de los hombres, aunque enfrentan también las dificultades de la informalidad, las cifras evidencian una clara ventaja en términos salariales y acceso a empleos formales. Esta brecha no solo refleja desigualdades de género, sino también la falta de políticas públicas que promuevan una distribución equitativa de las responsabilidades laborales y de cuidado.
Otro factor crucial en esta problemática es la deficiencia del sistema de salud pública. Como señaló Sofía Ramírez, directora de México, ¿cómo vamos?, el Estado mexicano invierte una proporción mínima del PIB en salud, lo que resulta en servicios insuficientes y de baja calidad. Esto impacta especialmente a los sectores informales, quienes no cuentan con acceso a servicios de salud privados y enfrentan gastos catastróficos cuando se presentan emergencias médicas.
La directora ejecutiva de Oxfam México, Alejandra Haas, destacó que la salud no debería depender de la condición laboral de una persona. La idea de que los servicios de salud son una "prestación laboral" y no un derecho universal que perpetúa un sistema excluyente y discriminatorio. La salud debe ser un derecho garantizado por el Estado para todas las personas, independientemente de su nivel de ingresos o su situación laboral.
Las transferencias monetarias implementadas por el gobierno federal, tanto en esta administración como en las anteriores, han sido insuficientes para resolver las desigualdades estructurales del país. Aunque estas políticas han aliviado temporalmente la pobreza de algunas familias, no abordan las causas de fondo. Sin acceso a servicios de salud, educación y empleo digno, las transferencias son apenas un paliativo que no transforman las condiciones de vida de manera sostenible.
México enfrenta un reto monumental: transformar su modelo laboral y de bienestar. Esto implica no solo regular la informalidad, sino también garantizar que los derechos sociales sean universales. La solución no puede depender exclusivamente del mercado laboral formal, sino que debe integrar políticas públicas que reconozcan la realidad de la economía informal y brinden protección social a todos los ciudadanos.
Además, es urgente promover una redistribución equitativa de la renta nacional, así como políticas laborales reales. De lo contrario, continuaremos perpetuando un sistema que castiga a quienes menos tienen y privilegios a unos pocos.
La informalidad no es solo un problema económico, es una crisis de derechos humanos. Mientras el Estado no asuma su responsabilidad, millones de mexicanos seguirán atrapados en este laberinto de desigualdad, precariedad y exclusión. ¿Estamos dispuestos a aceptar esto como norma, o exigiremos un cambio real? La respuesta debe ser un compromiso firme por la justicia y la igualdad, sin excusas ni demoras.
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